Sacar del limbo el suelo para construir
Ningún motivo es suficientemente poderoso para aplazar más la movilización de terrenos para vivenda
Aliviar la crisis de la vivienda requiere una combinación de medidas que implican a las administraciones públicas y al sector privado. No existe una única solución al problema, pero cada vez es mayor el consenso sobre la urgencia de construir más para cubrir el déficit existente en la actualidad, estimado en torno a 700.000 inmuebles, por el aumento de población registrado en España. Más allá de adoptar medidas específicas para abaratar los alquileres, resulta indispensable poner en el mercado –público y privado– nuevos pisos en terrenos que ahora están inutilizados.
Un estudio del economista y experto en el mercado inmobiliario Ignacio Ezquiaga pone cifras al fenómeno. Según sus cálculos, en España existen terrenos sin movilizar –pero en estado avanzado de desarrollo urbanístico– en los que podrían edificarse unos siete millones de viviendas. Si el análisis se circunscribe a zonas urbanas, la cifra asciende a tres millones (y la mitad, 1,5 millones, se localizan en las principales ciudades españolas, las más tensionadas). Entre estas grandes urbes figuran Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, territorios donde la carestía de la vivienda impone enormes dificultades de acceso, especialmente a las rentas bajas.
En muchos casos, esos terrenos llevan bloqueados más de dos décadas, lo que convierte el fenómeno en estructural, según el análisis de este experto. La fragmentación de la propiedad o la falta de financiación para construir explican el atasco.
La mayor parte de los terrenos (el 70%) están en manos privadas. Se trata en buena medida de viviendas que se proyectaron en el anterior pico del bum inmobiliario, antes de la crisis que se inició en 2008, y que quedaron sin ejecutar cuando se empezó a ver el desmoronamiento del modelo. El 30% restante es propiedad de los ayuntamientos, procedente de las cesiones obligatorias de los promotores. En lugar de dedicarlos a vivienda de protección oficial (VPO), muchos consistorios deciden venderlos para obtener beneficios extra, los sacan del mercado inmobiliario (al destinarlos a otros servicios) o bien los han abandonado.
En muchos casos, la sucesión de trámites que se requiere para convertir esos terrenos en viviendas listas para habitar disuade a sus propietarios. En otros, el sector privado no ve suficiente incentivo para invertir. Pero en un momento en el que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la ciudadanía por las dificultades de acceso, ningún motivo es suficientemente poderoso para aplazar más la movilización de ese suelo.