No es normal que el absentismo cueste el triple que el desempleo
Urge superar la absentista gestión actual de un fenómeno que consume 18.500 millones públicos y 50.000 privados
Es irritante escribir de este asunto y reclamar respuestas sin recibirlas, pero los niveles críticos alcanzados por el absentismo laboral y la procrastinante actitud de los gestores políticos renuevan la demanda activa y exigente de decisiones. Si la ministra de Trabajo (y delegada sindical en el Gobierno) y la de Seguridad Social dedicasen a combatir el absentismo y la incapacidad laboral solo la décima parte de los esfuerzos que emplean en ampliar y proteger los derechos laborales y elevar el coste para las empresas, estaríamos cerca de la solución.
Pero su política absentista en la materia, que genera actitudes igualmente absentistas en los gestores laborales y sanitarios, amenaza con cronificar y engordar un fenómeno que cuesta a los españoles, vía cotizaciones, 18.500 millones de euros, casi tanto como las prestaciones por desempleo (24.000 millones en 2025), y a las empresas y al aparato productivo (más de 50.000 millones, apuntando con modestia). Agregando ambas facturas, un coste que triplica la protección por desempleo.
De esta especie de enfermedad común del mercado de trabajo no es solo el Gobierno responsable, con ser el primero y principal por su capacidad de decisión política. Hay toda una serie de eslabones encadenados que van desde el trabajador enfermo, o que falta al trabajo sin causa justificada, hasta la institución médica pública, pasando por la intermediación de las mutuas de accidentes, la inspección laboral y sanitaria, o las organizaciones sindicales, siempre interesadas en dejar que el agua siga corriendo sin poner sutura alguna.
Las cifras del asunto son espectaculares, pero de tanto citarlas están tan incorporadas al debate que se dan por normalizadas. Hay tantas fuentes de aproximación al fenómeno como informes sobre su gravedad y coste, y mientras la mayoría del asunto se cuantifica porque genera una prestación pública, una parte no menor (casi la cuarta parte) solo se conoce a través de encuestas públicas y privadas, pero con resultados tan similares que avalan su veracidad. En 2025, la ausencia al trabajo, justificada o no, llegó a 7,1 horas por persona, tanto como decir que 1,59 millones de trabajadores se ausentaron de su trabajo todos los días del año, o que un millón de trabajadores a tiempo completo faltó a trabajar todo el año.
Lógicamente, de tal colectivo de absentistas, 1,24 millones de personas se ausentaron con baja médica y 355.000, sin ella, lo que debe calificarse de absentismo voluntario. Pero el colectivo voluntario lo es en buena parte por las laxas condiciones legales de control sanitario en vigor, ya que se refugian mayoritariamente en los tres días iniciales de ausencia laboral que no precisan baja médica y que no tienen coste salarial, puesto que la empresa abona el 100% de la remuneración en tales días y reparte la carga de trabajo entre los no absentistas.
Entre los afectados por incapacidades temporales o enfermedades profesionales, que sí precisan de la baja médica, y que en 2025 llegaron a casi 54 de cada mil asalariados, se imputó un coste para las arcas de la Seguridad Social de 18.400 millones de euros. Un coste que se ha multiplicado por tres en los diez últimos años, que se acerca ya a la partida de las prestaciones por desempleo, que supera al gasto en universidades y duplica la factura pública en I+D. Una factura que dobla también la media de lo común en los países comunitarios y que no es coherente ni con el crecimiento económico ni con los volúmenes de empleo. Y que, además, excluye el coste para las empresas de suplir las bajas y para el aparato productivo por los bienes y servicios dejados de producir y prestar, que los cálculos más modestos cifran en más del 3% del PIB, unos 50.000 millones de euros.
Llevar el coste a cero no es posible, porque la enfermedad no puede erradicarse por decreto. Pero debe volver a cifras coherentes con el tamaño y la naturaleza de la economía, y no mantenerse en las propias de un país azotado por epidemias constantes o en estado de posguerra. La solución está en cambios normativos que corrijan los defectos del mecano actual y que devuelvan la ética responsable por el trabajo a la parte de la sociedad que carece de ella. Que acabe con la escurridiza práctica de la simulación de afecciones sanitarias leves (inferiores a cuatro días) y con el deshonesto proceder de una picaresca laboral que tiende a concentrar las ausencias en viernes y lunes, fórmulas naturales de prolongar el fin de semana.
No es muy complicado combatir esta pequeña epidemia (casi la cuarta parte del absentismo) exigiendo baja médica desde el primer día, que es sencillo de gestionar desde la existencia de la comunicación electrónica de las bajas, y que podría llevar aparejado ya un recorte de la remuneración si no acompaña tal baja, tal como ocurre desde el cuarto día. No estaría de más ver si pueden eliminarse de los convenios, por soberanos que sean sus contenidos, los complementos de la prestación pública de baja laboral, cada vez más extendidos con el permiso de las empresas que luego se quejan amargamente del absentismo que padecen. Es complicado, pero no imposible, cuando un creciente número de convenios establece también un plus por acudir a trabajar, como si los asalariados no supieran cuál es la obligación que contraen cuando firman un contrato de trabajo.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recordado que en los últimos ocho años se han duplicado las incidencias por contingencias comunes, con incrementos también en las duraciones medias y entradas recurrentes, y con una presencia creciente de los colectivos jóvenes en los procesos de bajas, con un 41% de los casos, y con presencia creciente de afecciones infecciosas y mentales, con duraciones superiores a la media. Este comportamiento nuevo revela también una forma menos comprometida de relacionarse con el mercado de trabajo que la de sus mayores, y que, además, contrasta con la creencia tan extendida como falsa de que el envejecimiento de la masa laboral eleva el absentismo.
La AIReF ha advertido también que en los últimos años se han tomado decisiones normativas que han estimulado las bajas. Destaca restablecer el complemento del 100% para empleados públicos en incapacidad temporal, que ha incrementado en un 40% las posibilidades de acogerse a bajas, o la obligatoriedad de convertir temporales en fijos, por otra parte razonable, que ha elevado las posibilidades de iniciar bajas un 30% en el sector privado. Han contribuido también un longevo ciclo de crecimiento y el avance en las listas de espera, que incide en la duración de los procesos. Cuestión esta última que podría solventarse dando a los facultativos de las mutuas poderes en la gestión de altas y bajas, desatando así un nudo de décadas.
Un país que de forma enfermiza sesga sus fobias hacia quien emprende y crea empleo, que vuelca la legislación de las relaciones industriales con profunda raíz franquista en sentido prolabor, y que tiene un liderazgo político que alardea de estimular y proteger los derechos y ningunear y olvidar los deberes, tiene complicado corregir el rumbo que ha tomado el absentismo. Solo falta abandonar la gestión absentista y disponer de decisión política, al menos la misma, pero en sentido contrario, que ha estimulado las bajas con sucesivos cambios normativos en los últimos años.