España: sin políticas socialdemócratas
El Gobierno machaca con tres datos: crece el empleo, aumenta el salario mínimo y la reforma laboral reduce la temporalidad. Siendo ciertos los tres, admiten tantos matices que invalidan el resultado final
Las cañas se están tornando lanzas. Al menos, eso sugiere la acumulación de evidencias negativas en este trimestre: subida del paro y de la inflación, la precariedad laboral se ceba en los siete millones de jóvenes y mujeres que cobran menos del salario mínimo, fracasa el enésimo intento gubernamental, erróneo, para resolver el gran problema de la vivienda y, claro, casi siete de cada 10 jóvenes se declaran, según una encuesta, insatisfechos con esta democracia incapaz de ofrecerles un futuro.
Tras casi una década del “gobierno más progresista de la historia”, se multiplica la evidencia de que la clase media y trabajadora de nuestro país está siendo la pagana y perdedora del crecimiento económico experimentado, por ausencia de políticas eficaces de redistribución. La acumulación de medidas sueltas, pensadas más en el márketing político que en los más necesitados, muchas de las cuales mueren apenas salen publicadas en el BOE, solo garantiza que ser el enemigo internacional de un populista de derechas como Trump te perfila como un reconocido populista de izquierdas, pero no como un socialdemócrata.
Porque en España, en palabras del presidente del CES, Antón Costas: “algo se ha roto en el contrato social (...) el puente que existía entre crecimiento y progreso social” y ha fallado el pilar fundamental: “los buenos empleos”. Empecemos por aquí. El Gobierno machaca con tres datos exitosos de su gestión: crece el empleo, aumenta el salario mínimo y la reforma laboral reduce la temporalidad. Siendo ciertos los tres, admiten tantos matices que acaban invalidando el resultado final.
El aumento de empleo, siendo real, no puede separarse de las condiciones de vulnerabilidad en que se ha producido. La reforma laboral ha cambiado la precariedad de sitio, sin reducirla tanto como se presume: donde antes se concentraba en temporales, ahora se reubica, además, en fijo discontinuo y a tiempo parcial. Así, el Informe Foessa cuando dice que el 48% de los ocupados, 11,5 millones de trabajadores, tienen contratos precarios (temporales, fijos discontinuos, tiempo parcial), muchos de los cuales, en consecuencia, engrosan la nueva categoría de trabajadores pobres, sin olvidar el elevado número de trabajadores que engrosan nuestro paro. Tener trabajo hoy en España no garantiza salir de la pobreza como resultado de dos realidades: bajos sueldos, viviendas inaccesibles. Y ello es así, no tanto por cuestiones de legislación laboral, sino de una estructura productiva y empresarial con elevado porcentaje de empresas frágiles que solo sobreviven sobre la explotación laboral, como, por ejemplo, los millones de horas extras semanales no pagadas.
Que se ha subido mucho con este Gobierno; el salario mínimo es tan evidente como el hecho de que el sueldo medio real en España apenas lo ha hecho un 5% desde 1995, frente al 31% de media en la OCDE cuando, a la vez, los beneficios empresariales y, sobre todo, los ingresos del capital han alcanzado máximos históricos bajo este Gobierno. Las subidas del SMI, junto a las de las pensiones, han mejorado comparativamente la situación de las familias con rentas más bajas. Pero ha provocado un achatamiento por abajo del abanico salarial en vez del deseado desplazamiento hacia arriba del mismo: mientras en 2018 cobraban el SMI poco más de medio millón de trabajadores, hoy lo hacen dos millones y medio.
En paralelo, según el reciente Informe de la OCDE sobre la cuña fiscal del trabajo en 2025, la fiscalidad sobre salarios y pensiones en España escala a niveles récord: por vez primera, el tipo medio efectivo supera el 16% (salarios con el 17,5% y pensiones, el 10,5%), dentro de una tendencia al alza. Por su parte, las cotizaciones sociales superan el 23% de los costes laborales, muy por encima de la media de los países. No deflactar la tarifa del IRPF ha sido la medida más regresiva de los últimos años, cuya consecuencia es que, incluso donde el salario ha crecido más que la inflación, la correspondiente mayor carga tributaria haya rebajado todavía más el poder adquisitivo efectivo de las familias. Como regresivo es la rebaja lineal del IVA aprobada por la guerra de Irán, según todos los expertos.
La consecuencia de este panorama la sintetiza, de nuevo, el Informe Foessa-Cáritas cuando señala que los esfuerzos individuales de inclusión social chocan con barreras estructurales como el empleo precario, lo inaccesible de la vivienda o la educación inadecuada a las necesidades actuales. Es decir, falla el sistema, entre otras cosas, porque la capacidad redistributiva de la acción del Estado es muy limitada, lo que contradice la esencia del planteamiento político de la socialdemocracia. Según el CIS, el 60% de los ciudadanos considera que recibe del Estado menos de lo que paga en impuestos. Desde luego que, al mismo tiempo que la presión fiscal alcanza máximos, las listas de espera sanitarias para una operación también lo alcancen o el número de viviendas públicas construidas baje, son síntomas de que algo esencial no funciona: la población y sus necesidades han crecido más que las prestaciones y servicios públicos ofrecidos, provocando este colapso redistributivo a pesar de ser, supuestamente, un gobierno de izquierdas.
Aunque los datos confirman que la intervención pública mediante impuestos y prestaciones reduce la desigualdad en la distribución de renta entre hogares, según demuestra el informe del Observatorio publicado por Fedea, lo hace en menor porcentaje que en la media de países europeos y, de forma decreciente, bajo el actual Gobierno, que no ha priorizado esta política redistributiva en ningún momento, excepto con los pensionistas, que con casi 10 millones de personas son el mayor colectivo electoral del país. Y, sobre todo, por el fracaso en construir viviendas, el principal patrimonio de la inmensa mayoría de familias de clase media y trabajadora, ha abierto, todavía más, la brecha de riqueza entre los muy ricos y los muy pobres, en contra del ideario socialdemócrata.
La guerra de Irán está teniendo impactos negativos. Pero también influye un presidente que está perdiendo los efectos de su magia parlamentaria, porque ya se conocen sus trucos.