Urge el consenso para impulsar el parque de vivienda pública
Todos los niveles administrativos están moralmente obligados a arrimar el hombro y tratar de alcanzar acuerdos
El Consejo de Ministros aprobó ayer el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La iniciativa llega con algo de retraso sobre el calendario previsto, aunque no se trata de algo inusual en este tipo de proyectos. Y aporta una ambición desconocida en mucho tiempo: se dota de unos fondos de 7.000 millones de euros, de los cuales el Estado aporta el 60%, y promete blindar a perpetuidad las viviendas protegidas que se construyan en adelante con esos fondos. La idea es cortar de raíz la descalificación de VPO, el mecanismo que permite que una casa protegida pase al mercado libre después de un tiempo, lo que según muchos expertos explica por qué España, habiendo gastado millones y millones de fondos públicos en políticas de vivienda durante décadas, tiene un parque público mínimo y apenas puede responder a la actual crisis de acceso al mercado inmobiliario.
El hecho de obligar a las comunidades a aportar el 40% restante de la dotación del plan, y el requisito de esa protección perpetua de la VPO contra la que algunas autonomías se revuelven, augura cierto enfrentamiento político. Aunque, a la hora de la verdad, lo previsible es que los Ejecutivos autonómicos accedan a esta fuente de financiación incluso a regañadientes. Ello no impedirá, como dejó claro el Tribunal Constitucional en una sentencia sobre la ley estatal de vivienda, que las autonomías puedan, siempre que no usen fondos estatales, seguir financiando otras modalidades de vivienda protegida que no cumplan estos criterios.
La discrepancia política en torno a esta materia es lícita, pero convendría que las distintas posiciones se basaran en resultados comprobables. España suma demasiados años de apriorismos, sin que ninguna Administración pueda sacar pecho de sus políticas de vivienda. La situación es cada día más dramática, y el hecho de que también suceda en otros países no es un eximente, sino un recordatorio de lo complejo que es el reto.
El plan estatal de vivienda puede y debe, por tanto, convertirse en un elemento de encuentro y no de discrepancia política. El Gobierno lo ha promocionado como un cambio fundamental en la orientación de las políticas de vivienda, pero difícilmente llegará a buen puerto sin la complicidad de las comunidades, que son las encargadas de implementarlo en su mayor parte, al ser una competencia transferida. Todos los niveles administrativos están moralmente obligados a arrimar el hombro y tratar de alcanzar acuerdos. Se lo deben a los ciudadanos, especialmente a aquellos que ven que cada día les resulta más difícil encontrar un sitio donde vivir.