Los Reyes Magos llegan a las comunidades autónomas
El propuesto modelo de financiación plantea problemas como que los más ricos puedan decidir hasta dónde están dispuestos a ser solidarios con el resto
A veces la política democrática se hace con base en principios que no se cambian por dinero. Recordé esta obviedad al escuchar a la ministra Montero retando a los Gobiernos autonómicos en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera a “rechazar” 15.000 millones de euros más de financiación si se niegan a aceptar la propuesta-trágala que todos, todos, consideran injusta y, por tanto, inaceptable. Y, sin embargo, de entrada, 14 de las 15 comunidades afectadas dijeron no a recibir más dinero en estas condiciones porque, piensan, atentan contra alguno de sus principios políticos, como los defendidos, hasta ahora, por el PSOE en estas materias. Lo mismo, por cierto, que piensan sus socios de Gobierno que también han rechazado la propuesta.
Financiar las competencias que las comunidades autónomas ejercen por el mandato derivado de una ley orgánica, como son sus estatutos de autonomía, no es un gesto de generosidad por parte del Gobierno central. Y presentarlo así retrata bastante bien el desconocimiento de cómo funciona un Estado de derecho. Por cierto, todos los nuevos modelos de financiación autonómica han significado mayores recursos para las comunidades que su antecesor.
Las comunidades son tan Estado como el Estado central y tienen derechos establecidos por leyes para acceder a la financiación adecuada de sus competencias de acuerdo con tres principios legales: suficiencia, autonomía y solidaridad. Todo ello dentro de los dos modelos definidos por la Constitución: el foral, aplicable a País Vasco y Navarra, más el régimen común que incluye al resto de las comunidades. A esto hay que añadir la peculiaridad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La financiación de las autonomías del régimen común ha sido un modelo dinámico que ha ido avanzando en el cumplimiento de los tres principios desde las primeras etapas, en 1981, hasta el modelo actualmente en vigor, aprobado por Ley Orgánica en 2009 y que debería haberse actualizado hace más de diez años. Este modelo ha sido objeto de críticas crecientes, centradas, sobre todo, en su opacidad, su discrecionalidad, en no garantizar la suficiencia y, sobre todo, en dar como resultado un profundo desequilibrio en la financiación per cápita por comunidades con diferencias de más de 900 euros entre la comunidad que más recibe y la que menos. Por todo ello, la reforma del modelo era uno de los compromisos del actual presidente del Gobierno, que solo ha tardado siete años en abordar presentando un esbozo de propuesta que parece difícil que vaya a ser aprobada por el Congreso, por lo que lo previsible es que no pase de un gesto electoral que permita salvar la cara a la ministra-candidata en Andalucía, haciendo como que se cumple con los socios catalanes independentistas, que, por cierto, tampoco parecen exultantes de alegría porque, para ello, el mejor modelo de financiación es el de un Estado independiente.
Si tenemos en cuenta que antes de esta presentación ya la ministra se vanagloriaba de que, bajo su mandato, y aun con el anterior modelo, la financiación autonómica estaba alcanzando niveles récords por la confluencia de varios factores ajenos al Gobierno (como eran un aumento sin precedentes en la recaudación impositiva -que afectaba también el Gobierno central-, y la financiación extra por la covid y, luego, por los fondos europeos Next Generation), se puede concluir que el aumento de la suficiencia financiera de las comunidades ha sido posible también con el anterior modelo. Así, acumulado desde 2019-2025, el incremento ha sido de unos 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores, debido a la diferente situación de la coyuntura y no a una mayor “generosidad del Gobierno”. Incrementar, ahora, la participación en impuestos, aumentará la cantidad estable de recursos que se trasladarán a las autonomías, pero desde un Estado central necesitado de mayores recursos para defensa y pensiones.
La propuesta sí reduce las diferencias de financiación per cápita entre comunidades, asegurando mejor la igualdad entre españoles, vivan donde vivan. Esa es la principal crítica que se hace al modelo en vigor: genera una infrafinanciación en varias comunidades porque los mecanismos de nivelación no están funcionando de forma adecuada. Se propone ahora corregirlos reforzando la nivelación vertical según la población ajustada. En este sentido, la propuesta equilibra la nivelación entre comunidades autónomas, reduciendo las actuales diferencias en financiación per cápita, aunque no evitará que sigan existiendo.
Disminuye la “singularidad catalana” desde el casi-cupo pactado allí entre PSC y ERC. E incluye la ordinalidad, principio presente en el Estatuto de Autonomía de Cataluña en vigor, aunque con una interpretación del Constitucional que lo limita y que, en realidad significa que la comunidad más rica, al contribuir a la solidaridad interterritorial, no podrá como resultado acabar teniendo menos recursos por habitante que las comunidades que recibieron su ayuda. Esto plantea algunos problemas: permite que los más ricos puedan decidir hasta dónde están dispuestos a ser solidarios con el resto y, al reconocer la ministra que no puede ser un generalizable, resalta su carácter de injusto al convertir la diferencia en privilegio.
Vista la propuesta, orientada a la agitación y propaganda, situándose la ministra a modo de Reyes Magos repartiendo dinero a las comunidades, surgen varias preguntas: ¿por qué, siendo uno de los mayores problemas de España, heredado de la inactividad del anterior Gobierno del PP, que afecta al núcleo esencial de la cohesión social -como es la financiación del Estado del bienestar-, el Gobierno ha tardado ocho años en mover ficha, cuando desde julio de 2017 existe el informe de la comisión de expertos creada en enero de ese mismo año por la Conferencia de Presidentes?. Y, segunda: ¿por qué lo hace ahora, cuando las posibilidades de que un nuevo modelo de financiación sea aprobado son próximas a cero? En estas dos preguntas está el verdadero debate político del asunto. El resto, distracción mediática. Incluso su carácter voluntario, porque siempre lo ha sido: cada modelo de financiación solo entra en vigor si es aprobado bilateralmente entre el Estado central y cada comunidad.