La técnica del avestruz no es la solución para el sistema de tasación hipotecaria
Es necesario y urgente un pacto de no agresión entre sus actores
Desde que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 1985 estableció la prohibición de acuerdos entre empresas que restringieran el juego de la competencia, sucesivas directivas (Bolkenstein 2006) y transposiciones (Ley Ómnibus 2009) han conducido a la eliminación de cualquier tipo de orientación relativa a las tarifas de honorarios que hasta entonces marcaban los colegios profesionales.
Lo que pretendía ser una liberalización del mercado que protegiese al cliente final ha conducido, por un lado, a la más fiera competencia –que en muchos casos pudiera reputarse de desleal– entre profesionales y, por otro, a la aparición de empresas intermediarias uberizadoras que generan una distorsión del sistema mediante el abuso del contrato mercantil como medio para huir del derecho laboral, algo que en la actualidad es insostenible para el ejercicio de la profesión.
El colectivo de tasadores hipotecarios, que son los profesionales titulados que, como colaboradores externos, realizan los informes de tasación para las 31 sociedades de tasación homologadas por el Banco de España dentro del sistema hipotecario regulado, ha dicho basta a la situación de precariedad en la que se encuentran. Una situación que, junto a la inaceptable presión con los plazos de realización de los informes, está afectando a la calidad e independencia del sistema.
Desde la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 este colectivo ha visto cómo la remuneración por su trabajo va disminuyendo, no solo por el efecto de la inflación acumulada en todos estos años, sino también por bajadas nominales de las tarifas que aplican las empresas, en algunos casos forzadas por las entidades financieras que las proveen de encargos. A eso se unen incrementos de exigencias, como la reciente orden ECM/299/2025, que modifica la ECO 805/2003 y que, en la práctica, implica más trabajo para el tasador por el mismo precio.
La Comisión Europea, en su comunicación 2022/C 374/02, de 30 de septiembre de 2022, se hizo eco de esta situación –sobre la que venimos alertando desde hace tiempo a los colegios profesionales–, fijándose de una forma especial en las personas que trabajan por cuenta propia sin asalariados en una o varias empresas. En este comunicado reconoce la dificultad de negociación individual de los profesionales autónomos debido al claro desequilibrio entre las partes, a la vez que observa una colisión de derechos entre el libre mercado y la garantía de una protección social adecuada para el trabajador, que, por otra parte, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza mediante el derecho de negociación y acción colectiva.
Al margen de la consideración o no de muchos casos como falsos autónomos, las directrices dejan negro sobre blanco que para este colectivo no es de aplicación el mismo tratamiento que el de una empresa a efectos de acuerdos contrarios a la competencia, y que sería deseable que pudiesen actuar de forma sectorial de la misma manera que se actúa en los convenios colectivos.
Las palabras de Margrethe Vestager, entonces vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital y comisaria de Competencia, son muy ilustrativas de la situación real de muchos profesionales: “Los trabajadores por cuenta propia sin asalariados en la economía digital y fuera de ella pueden no ser capaces de negociar individualmente buenas condiciones de trabajo y, por lo tanto, pueden enfrentarse a condiciones de trabajo difíciles. Unirse para hacer una negociación colectiva puede ser un poderoso instrumento para mejorar estas condiciones. Las nuevas directrices tienen como objetivo ofrecer seguridad jurídica a los trabajadores por cuenta propia sin asalariados al aclarar en qué circunstancias el derecho de la competencia no se opone a que se esfuercen por negociar colectivamente un mejor acuerdo”.
Negar el problema no suele ser una estrategia sostenible. El desequilibrio entre los empleadores del sector de la tasación, que en 2024 manejaban en su conjunto 336 millones de euros, según el boletín estadístico del Banco de España, y que, a su vez, dependen en gran medida de las entidades financieras, y la escasa o nula capacidad de negociación de sus colaboradores a título individual, ha generado un deterioro progresivo de la profesión y un mercado viciado que en la actualidad es inasumible.
Los tasadores piden sencillamente un equivalente al convenio colectivo reconocido y consolidado en el sistema laboral desde el siglo pasado, precisamente bajo la forma de un Acuerdo Marco Sectorial que posibilita la nueva directriz de interpretación europea. En este acuerdo están concernidas las sociedades de tasación, participadas en algunos casos por fondos de inversión de capital riesgo –como la reciente operación corporativa por la que el Grupo Rina ha comprado la participación de Charme Capital Partners y Miura Partners, o el caso de Cinven Group en el capital de la tasadora Tinsa–, pero también precisa del acuerdo tácito de las entidades financieras, que generan más de la mitad del negocio.
Para el buen funcionamiento del sistema, es necesario y urgente un pacto de no agresión entre sus actores, que refuerce su estabilidad, la confianza del regulador y la reputación de las propias entidades, a las que el Banco de España ya ha advertido de la inconveniencia de percibir comisiones por la gestión de la tasación, que en algunos casos superaban lo que percibía el tasador por realizar el trabajo. Por ello, el colectivo ha decidido un paro de la actividad que para el canal bancario tendrá una duración prevista hasta el 15 de enero.
Por el momento, no se advierte una verdadera voluntad en las sociedades de tasación para abordar el problema de fondo. Todos estos años han mantenido un discurso desconectado de la realidad de los colaboradores autónomos. Esconder la cabeza, como hace el avestruz, no parece, en este contexto, lo más responsable.
