El malestar británico exige una revolución en el lado de la oferta
Los laboristas ya están abordando el problema de suelo, de mano de obra y de capital, pero falta la energía
El malestar económico que sufre Europa desde hace casi dos décadas amenaza con desestabilizar su política. Donald Trump caracterizó esta semana el continente como “en decadencia”, mientras que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de su Administración dudaba abiertamente de que, en su forma actual, “ciertos países europeos tengan economías... lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables”. Estas declaraciones poco diplomáticas causaron una justificada consternación, pero las cifras no mienten. En comparación con Estados Unidos, los ingresos reales europeos se han estancado desde la crisis financiera mundial. El PIB per cápita de EE UU en 2024 fue un 24% más alto en términos reales que en 2007. Los ingresos en Alemania habían crecido solo la mitad; en el Reino Unido, apenas una cuarta parte.
Las víctimas políticas de este lamentable historial son los principales partidos políticos europeos. Un ejemplo claro es el Reino Unido, donde el Partido Laborista, ahora en el poder, ha obtenido hace poco los peores resultados electorales de su historia para un Gobierno en ejercicio apenas 18 meses después de haber ganado casi dos tercios de los escaños en la Cámara de los Comunes. Los beneficiarios son partidos insurgentes como el Partido Verde, de izquierdas. Su porcentaje en las encuestas se ha duplicado desde principios de año, situándose a pocos puntos porcentuales del Partido Laborista.
Los Verdes proponen romper con lo que califican como el fallido consenso económico de los últimos 20 años. Según ellos, el estancamiento del nivel de vida en el país se debe a la austeridad impuesta al sector público desde 2010 y a la restricción del gasto necesaria para cumplir desde entonces con las arbitrarias normas presupuestarias. La solución que proponen es reabrir los grifos fiscales y poner fin a la reducción del Estado.
Ese diagnóstico no resiste un análisis riguroso. Lejos de retroceder en las últimas dos décadas, la cuota de la economía británica ocupada por el Estado ha ido creciendo desde finales de los 90. La cuota del sector público en el valor añadido bruto alcanzó más del 19% en 2010, desde un mínimo del 15% en 1998. La austeridad solo logró reducirla al nivel inmediatamente anterior a 2008. Hoy vuelve a estar cerca de una quinta parte de la economía.
Caída de la productividad
La verdadera razón del estancamiento del Reino Unido desde la crisis financiera es más bien la drástica desaceleración del crecimiento de la productividad. En la década anterior a 2007, el PIB por hora trabajada aumentó un 2,1% anual según datos de la OCDE, el segundo ritmo más fuerte del G7 y cercano al de EE UU (2,3%). Desde la crisis, el crecimiento de la productividad del Reino Unido se ha reducido a un lamentable 0,6% anual.
La baja productividad es un problema del lado de la oferta. No está causada por una escasez de demanda y no se resolverá con un papel aún mayor del Estado. Para impulsar la productividad se necesitan políticas diseñadas para que los factores de producción estén disponibles de forma más libre y barata, de modo que el sector privado pueda utilizarlos para innovar e invertir. En el caso del Reino Unido, los mercados de cuatro de los insumos más fundamentales –suelo, mano de obra, energía y capital– desempeñan un papel importante.
Los obstáculos normativos al uso del suelo en Gran Bretaña se han vuelto legendarios. Las grandes infraestructuras son uno de los problemas. La solicitud de planificación del túnel de carretera Lower Thames Crossing, al este de Londres, un proyecto designado como prioridad nacional hace 14 años, pero cuyas obras aún no han comenzado, ocupaba casi 360.000 páginas y, con un coste de 267 millones de libras (304 millones de euros, al cambio actual), superaba el coste real de la construcción del túnel de carretera más largo del mundo. Mientras, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria prevé que las adiciones netas al parque de viviendas caigan de una media de 260.000 al año a principios de la década de 2020 a 215 .000 el año que viene, muy por debajo del objetivo anual del Gobierno de 300.000.
La mano de obra es otro recurso clave que cada vez es más difícil de conseguir. El fin de la libre circulación entre el Reino Unido y la UE, y el deficiente sistema de inmigración por puntos que lo sustituyó, dificultaron el acceso de los empleadores a los trabajadores extranjeros. Mientras, el número de residentes del Reino Unido en edad de trabajar clasificados como económicamente inactivos aumentó en casi 850.000 entre 2019 y 2024, y sigue estando muy por encima de su nivel prepandemia. Tras aumentar los impuestos sobre el empleo el año pasado, el Gobierno está a punto de promulgar una nueva Ley de Derechos Laborales que la Confederación de la Industria Británica ha calificado como “maraña de regulaciones”.
En materia de energía, el Reino Unido ha sido uno de los defensores más entusiastas de la transición a las renovables, comprometiéndose a descarbonizar por completo su red eléctrica para 2035 y contratando 39 gigavatios de capacidad de generación verde desde 2014. Pero el éxito del país en la consecución de sus objetivos no ha sido barato. Los precios medios de la electricidad industrial son ahora casi el doble que la media de otras grandes economías europeas y casi cuatro veces superiores a los de EE UU, y alrededor de dos tercios del aumento de los costes desde 2019 se deben a las subvenciones ecológicas y los costes de red, según The Economist.
Por último, está la financiación. En la década anterior a la crisis financiera, tanto el Reino Unido como la zona euro superaron significativamente a EE UU en la tasa de crecimiento del crédito a empresas y hogares. Tras la crisis, las tres jurisdicciones obligaron a sus bancos a frenar los préstamos y a reconstruir sus reservas de capital. En Estados Unidos, sin embargo, una política hábil hizo que el crecimiento real del crédito se mantuviera positivo durante la siguiente década y media, mientras que el crédito pendiente en la zona euro y el Reino Unido cayó un 25% y un 28%, respectivamente, en términos reales. Esta marcada diferencia ha sido un factor decisivo en el divergente rendimiento de las economías estadounidense y europea desde 2008.
El Gobierno laborista del Reino Unido ya se está tomando en serio tres de estos problemas relacionados con la oferta. En materia de suelo, ha publicado un proyecto de ley de planificación e infraestructuras, cuyo objetivo es agilizar el desarrollo de viviendas e infraestructuras, y recientemente ha aceptado las recomendaciones de una importante revisión para reducir las barreras normativas a una nueva generación de reactores nucleares. En materia laboral, ha encargado revisiones independientes sobre la inactividad juvenil y el aumento de la demanda por incapacidad relacionada con la salud mental, y ha retirado disposiciones clave de su proyecto de ley sobre derechos laborales. En materia financiera, los reguladores han relajado este año los requisitos de capital para los bancos y han introducido una serie de cambios normativos, destinados a revitalizar los mercados de capitales de Londres.
Queda la energía. Esta semana, el organismo independiente que planifica las redes energéticas del país ha publicado un análisis que muestra que una transición menos precipitada sería más barata durante las próximas dos décadas.
Si el Partido Laborista realmente quiere demostrar que es la reforma de la oferta, que atrae la inversión privada, la que reactivará las economías europeas, en lugar del estímulo de la demanda y un Estado cada vez más grande, debería tomar nota.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
