Reformar el sistema de CAE para la transición energética que sí necesitamos
Hay que reconocer el ahorro acumulado para favorecer su uso residencial
En pocos años, el sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE) ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta real en la política energética del Estado. Su implementación ha supuesto un paso importante: por primera vez, los ahorros energéticos generados por una inversión pueden certificarse, valorarse económicamente y ser utilizados por las empresas obligadas como vía para cumplir sus compromisos de ahorro. Un mecanismo bien diseñado que, en un contexto de contracción del gasto público, actúa como una palanca de inversión extrapresupuestaria indispensable para avanzar en eficiencia energética y electrificación de la demanda.
La transición que necesitamos debe llegar a todos los sectores y actores de la economía de manera equitativa, y esto incluye Administraciones públicas y ciudadanos. No obstante, hoy por hoy, el sistema CAE en España se está aplicando, sobre todo, en el ámbito industrial. No es una crítica, es un dato. Según el primer y único balance de implementación publicado por el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) a principios de año, la gran mayoría de los CAE emitidos hasta ahora provienen de operaciones industriales (70%). El sector residencial, por el contrario, apenas representa el 2% del total.
Estos datos se explican debido al sistema de contabilización, que solo toma en cuenta el ahorro generado el año siguiente a la actuación, y no el ahorro generado a lo largo de toda la vida útil del proyecto. El sector industrial, debido a su fuerte consumo en procesos integrados, puede justificar ahorros inmediatamente tras la intervención. Por el contrario, en el sector residencial, el uso difuso no permite justificar los mismos ahorros si no se toma en cuenta toda la vida útil del proyecto, que en el caso del aislamiento térmico del hogar alcanza los 30 años.
En contraste con esta situación, en Francia, dos tercios de los Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) –los homólogos de nuestros CAE– se destinan al sector residencial, y buena parte de ellos a intervenciones con impacto social directo. Esto ha sido posible porque se ha diseñado un sistema que reconoce el ahorro acumulado, que permite la participación directa de actores públicos y sociales, y que otorga valor específico a la lucha contra la pobreza energética. Francia ha demostrado que es posible orientar la eficiencia hacia dónde más transforma. España puede y debe hacer lo mismo.
No se trata de crear un nuevo modelo desde cero, sino de adaptar lo existente. España ya cuenta con una arquitectura legal y técnica avanzada, pero falta completarla con una mirada estructural y transformadora.
Primero: es necesario permitir el cómputo del ahorro acumulado a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Segundo: es necesario revalorizar el CAE social y dotarlo de un coeficiente superior a uno, como ya prevé la normativa española, para dar viabilidad a estas actuaciones. Tercero: es necesario ajustar la reglamentación para abrir la titularidad de los CAE a las Administraciones públicas, a empresas de vivienda social y a comunidades energéticas, sin obligarlas a convertirse en sujetos delegados.
Actualmente, las personas o entes que realizan actuaciones de eficiencia son propietarias del ahorro, pero no del CAE. Mediante un convenio, el ahorro es cedido habitualmente a un sujeto delegado en aras de emitir uno o varios CAE y venderlos en el mercado secundario. El ahorro inicial genera así un doble valor; la monitorización del ahorro en el convenio inicial y la valorización financiera del CAE en su mercado.
Sin embargo, las Administraciones públicas solo pueden valorizar el ahorro de cada actuación independientemente, privándose de una verdadera estrategia global de transición energética con un instrumento de financiación disruptivo. Permitir que Administraciones públicas –estatales, autonómicas y locales– puedan emitir y vender CAE abriría un espacio de oportunidad inédito.
Muchas de las intervenciones financiadas con fondos públicos podrían generar un retorno adicional gracias a una estrategia de valorización global y agregada, generando un efecto multiplicador a medio y largo plazo. Esta reforma permitiría además una mayor cultura energética en nuestras Administraciones, creando los alicientes para que la transformación energética forme parte del core de la acción pública.
Asimismo, las comunidades energéticas tienen un rol estratégico en el mercado de la eficiencia energética como catalizador de la demanda individual para que las simples actuaciones den paso a una transición a escala de barrios, pueblos y ciudades. La directiva europea de promoción de energías renovables insta los Estados miembros a permitir el acceso de las comunidades energéticas a todos los mercados energéticos pertinentes. No obstante, la única actividad accesible para estas comunidades hoy en día es el autoconsumo compartido.
No se trata de exigir que la Administración pública y las comunidades energéticas se conviertan en sujetos delegados, cuyos requerimientos técnicos, financieros y jurídicos son inaccesibles. Ni tampoco que las Administraciones y las comunidades energéticas jueguen el rol de gestión de los sujetos delegados. Se trata simplemente de abrir la titularidad de los CAE.
En definitiva, reformar el sistema CAE no es solo una cuestión técnica. Es una decisión política, y de fuerte impacto económico. Una apuesta por la eficiencia como eje de la transformación que debe traducirse en herramientas a quienes están en primera línea: ayuntamientos, actores de la vivienda social, comunidades energéticas, ciudadanía organizada. Y por traducir los ahorros en oportunidades reales de mejora del bienestar.
Porque más allá del ahorro energético, hablamos de vivienda digna, calidad de vida, de lucha contra la pobreza energética, de creación de empleo local, de mejora del patrimonio construido, de accesibilidad global a un transporte limpio… Hablamos, también, de una transición justa en la que los beneficios no queden restringidos a los grandes consumidores o a quienes tienen más capacidad de inversión. Por eso urge abrir el sistema de CAE a actores hoy prácticamente ausentes. La transición energética no será un éxito si no se democratiza.
No partimos de cero. El sistema ha empezado a rodar y está demostrando su utilidad. Pero su verdadero potencial está aún por desplegar. Reformarlo es el paso necesario para que deje de ser una herramienta para unos pocos y se convierta en un motor de transformación colectiva. Es el momento de dar ese salto.
Joan Herrera es exdirector del IDAE y socio de Samso y Mireia Matencio es abogada especialista en pobreza energética en Francia
