El inmobiliario no es el problema, es parte de la solución
Se observa una tendencia de las Administraciones a legislar sin consultar a quienes trabajan en el sector
Según el último barómetro del CIS, un 25,5% de los españoles considera que la vivienda es uno de los principales problemas del país. Esa cifra sitúa el acceso a la vivienda por encima incluso del paro o la clase política. Uno de cada cuatro ciudadanos está profundamente preocupado por algo tan básico como tener un lugar digno en el que vivir.
Esa preocupación no solo es legítima, es más que comprensible. Pero quizás la gravedad del problema se ha extendido en el debate público a una tendencia a mirar con recelo a todo el sector inmobiliario. Como si toda la actividad fuera sospechosa de minar la economía española. Eso, además de injusto, frena la búsqueda de respuestas.
De hecho, hay una brecha creciente entre la percepción general y la realidad que vivimos quienes trabajamos en él, donde los datos hablan del buen momento que atraviesa el sector en términos generales. Superar esa desconexión entre especialistas y opinión pública es uno de los grandes retos que tenemos por delante.
El sector inmobiliario es un motor económico clave. Es un gran generador de empleo que reúne a arquitectos, ingenieros y consultores, por no contar todos los perfiles asociados a la construcción. En el primer trimestre de 2025 por sí solo, el sector alcanzó un récord de 184.100 personas empleadas, con un crecimiento del 12,5% en un año. Y las firmas integradas en nuestra asociación dan empleo directo e indirecto a más de 4.300 profesionales en toda España.
Además del empleo cualificado, el sector refuerza actividades estratégicas como el turismo –donde la respuesta que demos desde el urbanismo y el inmobiliario será determinante para el éxito y la continuidad del modelo–, la transición energética o la digitalización, con la inversión creciente en centros de datos.
Cadena de suministro
Aunque, como todos los sectores, el inmobiliario se vería afectado por un deterioro de la economía global, su exposición a las tensiones internacionales es menor. A diferencia de industrias como la automoción o la industria pesada, que dependen de largas cadenas de suministro globales y son sensibles a los aranceles, la construcción opera con cadenas más locales y resilientes.
En 2024, la inversión total en el sector alcanzó cerca de 14.000 millones de euros, de los cuales alrededor del 45% –aproximadamente 6.300 millones– provino de capital extranjero. Esa entrada de inversión no solo genera empleo y riqueza, sino que mejora la balanza de pagos y refuerza la posición financiera del país frente al exterior, contribuyendo a sostener el crecimiento económico.
A esto se suma una apuesta decidida por la innovación. Hoy en día, técnicas de construcción industrializada, herramientas de diseño impulsadas por inteligencia artificial o nuevas formas de comercialización digital están redefiniendo la actividad inmobiliaria, optimizando costes y tiempos y reduciendo el impacto ambiental.
Y, sin embargo, todo esto parece pasar desapercibido. De hecho, se observa una tendencia creciente de las Administraciones a legislar no solo sobre vivienda, sino sobre todo el sector, sin consultar a quienes trabajan en él. Como si fuera posible reformar la sanidad sin hablar con médicos, o rediseñar el sistema eléctrico sin contar con ingenieros. Un error que se repite demasiado a menudo.
Desde el sector, también debemos hacer autocrítica. Si existe una brecha entre la percepción profesional y la social, algo no estamos comunicando bien. Necesitamos redoblar esfuerzos para ser más transparentes, más pedagógicos y más activos en el debate público.
Cómo lograrlo
El acceso a una vivienda digna –y los grandes desafíos económicos, sociales y territoriales que enfrentamos como país– no se resolverán enfrentando a ciudadanos y profesionales. Se conseguirán con políticas ambiciosas, con altura de miras, con pactos a largo plazo y con un sector privado implicado, no señalado.
Por eso, desde nuestra asociación volvemos a proponer –una vez más– que los partidos políticos aparquen sus diferencias y avancen hacia un verdadero pacto de Estado. Un pacto que aborde con energía y sin sectarismos una cuestión que afecta a millones de personas, y que se construya de la mano de quienes conocen a fondo el sector. Porque dejar fuera a los expertos inmobiliarios sería volver a equivocarse en el punto de partida. Y porque solo con diálogo, ambición y visión a largo plazo podremos lograr que la vivienda deje de ser una urgencia crónica para convertirse, por fin, en una política de país.
Ricardo Martín Fluxá es presidente de la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI)
