Electrificación sin electricistas
La falta de profesionales como instaladores es uno de los cuellos de botella de los certificados de ahorro energético
En 2024 se vendieron en España 125.185 coches electrificados (eléctricos puros más híbridos enchufables). Esta cifra supone solo un 11% de las ventas, Los fabricantes de coches eléctricos se quejan de que las ventas no despegan por falta de infraestructuras de recarga. Y los productores de energía eléctrica se lamentan del estancamiento de la demanda eléctrica en España, entre otras razones por la tímida aceptación del vehículo eléctrico. ¿Por dónde empezamos?
Lo cierto es que el consumo de electricidad apenas ha crecido en España en este primer cuarto de siglo. Así, la demanda de energía en el año 2024 se situó en 248.811 GWh, por debajo aún de los registros de 2004, es decir, de hace dos décadas.
Estos datos resultan paradójicos a la vista de la necesidad de descarbonizar la economía para luchar contra el cambio climático. Y no hay herramienta más poderosa que la electrificación de la actividad productiva, siempre que esta proceda de fuentes renovables.
Bien es cierto que a menudo olvidamos la contribución de la eficiencia energética. De hecho, los registros de este siglo demuestran que se ha producido un desacoplamiento entre el crecimiento económico y la demanda de energía, lo cual conduce a unas mayores tasas de intensidad energética y, en consecuencia, a un incremento de la productividad y, por ende, la competitividad de nuestras empresas, especialmente de aquellas en las que la energía tiene un peso importante en su estructura de costes.
Unión Fenosa, la empresa pionera de la eficiencia energética en España, sostenía a principios de siglo que “la energía más verde es la que no se consume y, además es la más barata”. Hoy formularíamos este eslogan de otra forma: “La energía más sostenible es la que se ahorra”.
La descarbonización de la economía tiene dos vías de avance: la electrificación y la eficiencia. Ambas están conectadas a menudo cuando se abordan actuaciones de eficiencia energética. Un claro ejemplo de ello es la sustitución de una caldera alimentada por fuel o gas por otra que funciona con electricidad; el nuevo equipo no solo consume menos energía, sino que también reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este es el contexto en que se ha desarrollado el sistema de certificados de ahorro energético (CAE), que atiende a un mercado potencial de 11.000 millones de euros hasta 2030. Tras dos años de experiencia, el sistema CAE se ha manifestado como una herramienta útil para mejorar la competitividad de las empresas al incrementar el retorno de las inversiones en eficiencia energética.
Sin embargo, este mercado se enfrenta a tres embudos que limitan su crecimiento: el primero es la escasez de empresas verificadoras, eslabón obligatorio para la presentación del CAE por parte de los sujetos delegados (aquellos que convierten tal ahorro en un certificado y lo compran) y los sujetos obligados (las empresas productoras y comercializadoras de productos petrolíferos, gas y electricidad y que por ley tienen que contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética o, en su defecto, compensarlo mediante CAE).
El segundo embudo se sitúa en la falta de digitalización del sistema para soportar los procesos que la Administración pública tiene que llevar a cabo en la parte final de emisión de los CAE.
Y el tercer cuello de botella se debe a la escasez de profesionales de la electricidad que trabajen en las empresas proveedoras de servicios eléctricos, como los instaladores. Es decir, el sistema CAE está limitado en su crecimiento, o cuando menos ralentizado, no por el tamaño del mercado, que es ingente, sino por el déficit de operadores para dinamizarlo, tanto en el lado de la oferta como en el del trámite de los certificados.
Según un estudio de Kampejobs, empresa especializada en formación profesional, la demanda de servicios eléctricos ha crecido un 55% en la última década y se espera un incremento anual del 12% en la demanda de electricistas, impulsado por las energías renovables, la infraestructura eléctrica y la movilidad sostenible.
Sin embargo, entre 2012 y 2022, el número de trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología cayó un 6%, pasando de 346.200 a 325.500 personas. Por si fuera poco, más del 30% de los electricistas tienen más de 50 años, y en ciertos sectores técnicos (como construcción y mantenimiento), este porcentaje supera el 40%. El resultado de todo ello es que actualmente hay más de 10.000 vacantes para instaladores electricistas en España.
Dicho de una forma sencilla: España necesita más electricistas si quiere acelerar su electrificación. Podría parecer una frase de Perogrullo, pero realmente es la expresión de un déficit de formación profesional, solo parcialmente compensado con la aportación que realizan los inmigrantes.
La historia enseña que las infraestructuras deben llegar antes del crecimiento para facilitarlo. Y la mano de obra especializada es imprescindible para materializar tal crecimiento. En suma, si queremos un país menos dependiente en términos de energías primarias y que cumpla con los compromisos del Pacto Verde Europeo, reflejados, a su vez, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), necesitamos una mayor inversión en infraestructuras de transporte y distribución de energía, por un lado, y de profesionales que la impulsen tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, por otro.
Planificación, inversión y capital humano… pura ortodoxia económica.
Elena González Sánchez es presidenta de la Asociación Nacional de Sujetos Delegados y CEO de Delcae
