Asimetrías de poder en el proceso legislativo
La velocidad y el destino de muchas iniciativas no responden solo a criterios técnicos o de interés general
En las economías de mercado, la elaboración de leyes y la aplicación efectiva de sanciones son pilares esenciales para garantizar la competencia, la eficiencia y la equidad. Sin embargo, en la práctica, la velocidad y el destino de muchas iniciativas legislativas y regulatorias no responden únicamente a criterios técnicos o de interés general. A menudo, entran en juego dinámicas de poder económico que pueden condicionar –cuando no bloquear– el avance de ciertas normas.
El caso del régimen sancionador contra la morosidad empresarial es un ejemplo paradigmático. Esta iniciativa, que buscaba penalizar de forma efectiva los retrasos en los pagos entre empresas, especialmente de grandes compañías hacia pymes, sufrió múltiples prórrogas en el Congreso.
A pesar de ser una medida con amplio consenso entre expertos, asociaciones empresariales y organismos europeos, quedaba sistemáticamente estancada. Cuando caducó, por disolución de las Cortes, en junio de 2023, acumulaba ya más de 70 prórrogas parlamentarias, una cifra que habla por sí sola del bloqueo estructural que puede sufrir una propuesta cuando colisiona con intereses económicos relevantes. Mientras tanto, la morosidad sigue siendo un problema estructural en España, que lastra la liquidez y viabilidad de miles de pequeñas empresas.
Cabe destacar que entidades como nuestra plataforma, que ha liderado históricamente la defensa de esta iniciativa, se financian únicamente a través de las cuotas de sus asociados, fundamentalmente pymes. Esto contrasta con la capacidad de influencia y presión de grandes actores económicos, que disponen de recursos y estructuras de representación mucho más potentes. La asimetría en los medios disponibles para incidir en el debate legislativo contribuye a explicar por qué algunas reformas estructurales avanzan con lentitud o quedan bloqueadas indefinidamente.
Constructoras
No es la primera vez que las sanciones acaban desdibujadas frente a intereses de peso. Un ejemplo ilustrativo fue la histórica multa impuesta por la CNMC en 2022 a algunas de las principales constructoras del país por manipular durante décadas la adjudicación de obra pública. A pesar del impacto inicial, el proceso quedó en punto muerto entre recursos judiciales y falta de avances concretos. Casos como este refuerzan la percepción de que, cuando el poder económico es suficiente, incluso las resoluciones de organismos independientes pueden diluirse en el tiempo.
Este fenómeno no se reduce a una cuestión ética, ni siquiera a un problema exclusivamente político. Es, ante todo, una distorsión del marco económico e institucional. Cuando el sistema permite que ciertas empresas condicionen las reglas del juego, el efecto es doble: por un lado, se genera una ventaja estructural para los actores con mayor capacidad de influencia; por otro, se erosiona la confianza del resto del tejido productivo, que percibe una justicia regulatoria desigual y poco eficaz.
Además, la falta de reglas claras y su aplicación efectiva disuade la inversión, reduce la competencia y alimenta dinámicas de concentración de poder. En sectores estratégicos como la construcción, la energía o la contratación pública, estas distorsiones no son menores: impactan directamente en la eficiencia del gasto público y en la calidad de los servicios para los ciudadanos.
La solución no pasa únicamente por despolitizar el debate, sino por reforzar los mecanismos institucionales que garanticen que todas las iniciativas legislativas, especialmente aquellas con alto impacto económico, sean evaluadas y tramitadas con criterios técnicos, tiempos razonables y total transparencia. También es urgente dotar a los organismos reguladores y a la justicia de mayor autonomía y recursos para que sus resoluciones no se conviertan en papel mojado frente a intereses organizados.
La competencia y la igualdad ante la ley no son principios decorativos: son condiciones necesarias para una economía sana. Sin ellas, el crecimiento económico corre el riesgo de transformarse en una carrera amañada, donde el tamaño y la influencia pesan más que la eficiencia, la innovación o el cumplimiento de las normas.
Antoni Cañete es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y de Pimec
