España pierde ingresos y talento con una migración mal diseñada
Seguimos regulando desde la urgencia, sin visión de futuro, en vez impulsar la llegada de personas de forma legal
España ha reformado recientemente el Reglamento de Extranjería. Una reforma esperada, necesaria, pero decepcionante. El nuevo texto corrige errores heredados del sistema anterior, ajusta procedimientos y crea o redefine algunas figuras, pero sigue sin responder al verdadero reto de fondo: crear una política migratoria estructurada, planificada y sostenible.
En lugar de avanzar hacia un modelo que impulse la migración legal desde origen, seguimos legislando desde la urgencia, sin visión de futuro. El Reglamento intenta ordenar lo que ya está desbordado, pero no construye caminos nuevos basados en una emigración legal y planificada. Es, una vez más, una reforma reactiva, diseñada para tapar agujeros, no para abrir oportunidades.
Uno de los mayores ejemplos de esta inercia es la persistencia y ampliación del sistema basado en regularizaciones posteriores, los llamados arraigos. En lugar de facilitar y clarificar las vías de entrada legales –por trabajo, emprendimiento, inversión, estudios o proyectos digitales– se empuja a miles de personas a vivir en situación irregular durante años, a la espera de cumplir los requisitos de las llamadas “circunstancias excepcionales”, que han dejado de ser tales para convertirse en la aspiración del migrante que observa a España desde fuera.
Este diseño, penaliza a quien lo quiere hacer bien desde el principio. El modelo no solo es injusto desde el punto de vista humano, sino también ineficiente desde el punto de vista económico.
Durante esos dos años de espera, el migrante no cotiza a la Seguridad Social, no tributa IRPF, no puede emprender ni acceder a un contrato formal. La economía sumergida se convierte en su única vía de supervivencia, y el Estado pierde una fuente real de ingresos y productividad. Mientras tanto, se alimenta la precariedad, se ralentiza la integración y se desaprovecha talento valioso que podría estar contribuyendo desde el primer día.
Hoy el inmigrante extranjero en España puede acceder a 5 tipos de circunstancias excepcionales: arraigo de segunda oportunidad, sociolaboral, social, socioformativo y familiar. Si bien es cierto que se han redefinido conceptos, y los tipos de arraigo que existen, se ha mantenido la esencia: se accede a la residencia después de años de vida en la sombra en España, o al menos es esto lo que se fomenta. Esta proliferación de figuras confirma que el sistema sigue funcionando en base al hecho consumado, y no a la previsión estratégica.
Menos figuras
En materia de emigración, en los últimos años hemos visto cómo, en lugar de fortalecer y hacer accesibles figuras para atraer migración legal, profesional y ordenada, se han burocratizado, limitado o directamente eliminado. Un ejemplo de ello ha sido la derogación de la autorización de residencia por inversión (conocida como golden visa), la reestructuración restrictiva de los criterios internos para la residencia de teletrabajadores o nómadas digitales, y una autorización de residencia para emprendedores que no ha dado los resultados esperados por lo enrevesado de su procedimiento, y los estándares y requisitos asociados.
Se ha perdido una excelente oportunidad para consolidar vías de emigración que no dependan de la irregularidad, sino de la planificación y el interés mutuo. Una política migratoria moderna debe estar basada en la atracción de talento de forma proactiva, en su integración inmediata al tejido social, y en ofrecer certezas a quienes apuestan por construir su vida en este país.
El nuevo Reglamento también olvida algo esencial: España necesita población activa. Tenemos un mercado laboral que acusa falta de profesionales en sectores clave, una pirámide demográfica invertida y un sistema de pensiones que requiere sostenibilidad. En ese contexto, mantener bloqueado el acceso a la legalidad desde el inicio es un contrasentido.
Facilitar la cotización desde el inicio, permitir la entrada regular de profesionales y promover la migración con base en proyectos personales o familiares no es solo una política humanista, sino una política de Estado inteligente.
Desde una perspectiva estratégica, mientras otros países europeos avanzan con esquemas de atracción de talento –ya sea mediante programas de migración circular o rutas de integración laboral inmediata–, España continúa promoviendo figuras que perpetúan la irregularidad como etapa previa al reconocimiento legal. Esta visión no solo frena el desarrollo profesional de quienes llegan, sino que reduce nuestra competitividad y nuestra capacidad para aprovechar el capital humano que ya se encuentra en el país.
Revisar el Reglamento de Extranjería debería haber sido la ocasión para trazar una nueva hoja de ruta, con criterios de oportunidad, atracción económica, sostenibilidad fiscal y cohesión social. En lugar de eso, el Estado opta por sostener un sistema que reconoce su propia ineficacia a través de medidas excepcionales y categorizaciones que solo validan que el migrante ya está dentro, esperando ser reconocido.
España tiene el potencial de convertirse en un destino atractivo para la migración profesional, digital y familiar. Pero para eso necesita un cambio de mentalidad. Necesita diseñar un sistema migratorio que no dependa del fracaso para ofrecer una solución. Un sistema que no solo regule lo que ya está, sino que construya el futuro que el país necesita.
Quienes emigran no solo buscan papeles: apuestan por un proyecto de vida. La pregunta es si España está dispuesta a ofrecer un marco que acompañe esa apuesta con visión, legalidad y enfoque económico.
Leyanis Zorrilla es experta en extranjería y emigración legal. Fundadora de Nexum Tramilex
