Los informes sobre el apagón y el camino hacia los tribunales
Es difícil obviar que las reclamaciones y demandas civiles necesitan un sustento legal
El Gobierno hacía público el martes su primer informe sobre el apagón que se produjo el pasado 28 de abril, un episodio inédito en el sistema eléctrico español. De manera salomónica, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, repartió culpas entre el operador de red, Red Eléctrica (REE), y las compañías que ofrecen el servicio. El movimiento fue seguido ayer por la propia REE, que replicó al Ejecutivo con la cautela propia de quien se sabe en una situación delicada. Eso sí, dejó claro que su actuación fue correcta en todo momento, culpó a las eléctricas del apagón y descartó la posibilidad de tener que asumir indemnizaciones o dimisiones a resultas de una mala gestión del procedimiento.
Para Red Eléctrica y Beatriz Corredor, la posición no es fácil. Es evidente, por puro sentido común, que si el operador de red hubiera sido más prudente y requerido más energía firme de respaldo, las opciones de que se hubiera producido un apagón de tal magnitud se habrían reducido de forma drástica. La propia reacción del operador, multiplicando la presencia de ciclos combinados en restricciones tras la incidencia, supone una confesión de parte implícita y, por tanto, un relevo de prueba. Siempre podrá argumentarse desde REE, empero, que el sistema había operado con anterioridad en las condiciones del 28 de abril sin que sucediera nada. Siempre es difícil medir hasta qué punto se juega con fuego.
Las eléctricas también fueron objeto de crítica por parte del Ejecutivo en su informe, al referirse a un funcionamiento aparentemente anómalo de las centrales que deberían haber ayudado a controlar la tensión. No sería de extrañar que se hubiera producido “una combinación de ambas” anomalías. “Todas y cada una de ellas”, señaló la vicepresidenta, tuvieron “algún grado de incumplimiento” y no absorbieron la tensión como se esperaba. Acertó el consejero delegado de Endesa, José Bogas, cuando pidió altura de miras y, más allá de buscar culpables, intentar que el colapso no se volviera a producir.
Detrás de esa búsqueda de responsabilidades, no obstante, es difícil obviar que las reclamaciones y demandas civiles por el apagón necesitan un sustento legal. Poco ayuda el informe inicial del Gobierno, demasiado descriptivo en sus apreciaciones. En esa misma línea, es razonable que el operador de red lo niegue todo e incluso que las compañías racaneen en el envío de información. Todos saben que están condenados al informe independiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) e incluso al juicio en sede judicial. Mejor ir con tiento.
