Ayudas al coche eléctrico: prórroga necesaria pero insuficiente
Para muchos consumidores, los precios son inalcanzables
El Consejo de Ministros aprobó este martes la renovación del Plan Moves de ayuda a la compra de vehículos eléctricos hasta el próximo 31 de diciembre. El programa, que comandará ahora el Ministerio de Transición Ecológica —hasta ahora dependía de Industria—, estará dotado con 400 millones de euros y dará ayudas de hasta 7.000 euros para los que adquieran un coche eléctrico y se deshagan de uno antiguo. En el caso de los vehículos comerciales, las subvenciones ascenderán hasta los 9.000 euros si se achatarra una furgoneta de combustión. Con el movimiento, el Ejecutivo da cumplida respuesta a las peticiones del sector, atrapado en un cambio de modelo y golpeado en sus balances por un frenazo de los pedidos ante la incertidumbre sobre el futuro de las ayudas.
En realidad, la renovación del plan parecía imprescindible para, al menos, no agravar la crisis galopante en la que se mueve la industria. También lo era que se aprobase con efectos retroactivos y no quedaran fuera quienes habían comprado un vehículo eléctrico durante el vacío legal entre la aprobación de los planes. No obstante, la renovación aprobada por el Consejo de Ministros no parece acometer de forma decidida algunas de las críticas recurrentes que ha recibido el modelo de ayudas, especialmente aquellas que tienen que ver con los plazos para recibirlas. De hecho, la subvención sigue sin ser directa y no se descuenta directamente en el momento de la compra, debiéndose solicitar a la autonomía en la que resida el comprador. Hasta ahora, la recepción de los fondos ha tardado entre uno y dos años en recibirse, un plazo de tiempo suficiente para disuadir al más convencido de la adquisición. Está por ver cómo aplica el compromiso de la vicepresidenta y ministra del ramo, Sara Aagesen, para agilizar el proceso.
No hace demasiado tiempo, el entonces presidente de Anfac Wayne Griffiths dimitía criticando la “inacción del Gobierno” a la hora de impulsar infraestructuras de recarga y desarrollar un verdadero plan de incentivos fiscales acompasado a las ingentes inversiones de los grupos de automoción en el país. Los deberes, empero, son compartidos. Para muchos consumidores, los precios de los coches eléctricos son inalcanzables. En este punto, es clave que los fabricantes democraticen su adquisición. Al Ejecutivo, por su parte, le toca asumir un papel más activo para favorecer la transición, sobre todo en un país con interés industrial y empleos que preservar. Tal vez proceda una revisión del modelo, y no otra prórroga. Habrá que esperar.
