¡Y la pobreza energética seguía allí!
El compromiso para erradicar la precariedad debe ser asumido por todos los que configuran nuestra estructura social y económica
El pasado 28 de febrero finalizó el plazo de la consulta pública lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd) para recoger propuestas y actualizar la Estrategia Nacional de Pobreza Energética (ENPE) 2025-2030.
Y esto, después de que la realizada para el periodo 2019-2024 no cumpliera ni con el 25% de los objetivos establecidos, no consiguiera garantizar que el acceso a la energía sea un derecho ni abandonar las soluciones a la pobreza energética exclusivamente paliativas y asistenciales.
En el periodo 2019-2024 la pobreza energética en España se ha incrementado hasta alcanzar al 20,7% de la población (Fundación Ecodes), coincidiendo, además, con un periodo de recuperación y crecimiento económico del país. Si bien hubo un incremento en la cobertura del escudo social para afrontar la crisis energética, aumentando los porcentajes de descuento dentro del bono social, esta ampliación ha decaído hasta dejar el descuento en un 35% para consumidores vulnerables y en un 50% para vulnerables severos. Cabe recordar que, antes de la crisis, estos porcentajes eran del 25% y del 40%, respectivamente, pero con un precio medio de la electricidad en 2019 de 53,4€/MWh, un 14% menos que el de 2024 que ha sido de 61,9€/MWh. Por otro lado, los estudios realizados por Ecodes, Cruz Roja o EsadeEcPol, reflejan que más de un 70% de los hogares con derecho al bono social no lo están percibiendo, lo que pone de manifiesto las carencias de su configuración y la necesidad de su automatización.
Como en otras ocasiones, todo apunta a que el resultado de esta consulta no asumirá las múltiples propuestas realizadas por los colectivos que trabajan día a día para mitigar los efectos de la pobreza energética. Y es que, como ocurrió en la ENPE 2019-2024, la nueva estrategia se circunscribirá a las competencias del Miterd. Aunque se puedan introducir potenciales mejoras en el funcionamiento y acceso al bono social, hay que recalcar que la mejora de un bono social ineficiente no arreglará el problema de base y solo servirá de paliativo para un número reducido de personas afectadas por la pobreza energética, entre otras razones porque el precio de la energía es una causa más del origen del problema.
Las causas son conocidas y están relacionadas con la insuficiente renta disponible, la mala calidad de las viviendas y los precios de la energía en un mercado que, además, está altamente regulado por el Estado.
El acceso a la energía debe ser un derecho, como lo es la sanidad, la educación... y existen márgenes para disponer de una estructura de tarifas que, por un lado, garanticen el acceso universal a la energía y, por otro, apueste por el ahorro y la eficiencia.
Es necesario implantar, para la primera vivienda, una tarifa social regulada y progresiva, por tramos de consumo, con IVA diferenciado, que permita acceder al suministro a todas las personas vulnerables mediante la existencia de un mínimo energético vital garantizado y sin coste, en función de la composición de la unidad familiar, y –como ya lo hacía la ley catalana 24/2015– con el principio de precaución en el procedimiento de corte de suministro. El coste del mínimo vital debe ser compensado con lo recaudado por los tramos de mayor consumo y, en el caso de no ser suficiente, asumido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como parte de la política social.
Por otro lado, el 75% de viviendas siguen sin cumplir con la normativa de certificación energética y hay más de 1,5 millones de hogares vulnerables que necesitan actuaciones de rehabilitación y que no disponen de la capacidad económica para llevarlas a cabo. Es necesario poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas para hogares vulnerables con un 100% de financiación pública, sin necesidad de aportación de recurso y que priorice la electrificación y el suministro de energía procedente de instalaciones comunitarias ad hoc. El Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples) es el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas y se sitúa en 600 euros brutos mensuales. Si consideramos como renta básica la percepción del Iprem, podemos ver un desacople con el SMI de 584 euros.
Erradicar el problema de la pobreza energética debe ser una estrategia de Estado, que nazca de un pacto político amplio para garantizar la continuidad de las medidas, en el que intervengan los diferentes ministerios y las administraciones autonómicas y municipales. Debe establecerse un compromiso presupuestario real para erradicar la pobreza energética con fondos y recursos públicos incluidos en los PGE. Cuando el presidente del Gobierno mencionaba recientemente que el incremento de gastos en defensa no afectaría a la asignación de partidas presupuestarias para necesidades de carácter social, habría que saber si consideraba las necesidades reales o una política de continuidad, claramente insuficiente.
El Gobierno debe crear una comisión interministerial contra la pobreza energética que asuma funciones transversales para mejorar la integración y la ejecución de las diferentes actuaciones, con el objetivo de agilizar la operatividad y coordinación competencial de las distintas administraciones, fijando objetivos claros y medibles.
Nuestro sistema actual es asistencialista, es decir, las ayudas se reciben tras declarar una situación de vulnerabilidad económica, lo que constituye una barrera a nivel burocrático, ya sea por desconocimiento o por la complejidad del proceso. La autopercepción de la propia pobreza puede resultar vergonzosa para el solicitante.
Los servicios sociales de las administraciones locales son esenciales para llevar a cabo la labor de identificación y atención para evitar situaciones de desprotección de la población más vulnerable. El Gobierno debe dotar de medios a los PGE para reforzar su capacidad de identificación de personas en situación de vulnerabilidad y guiarlas en el proceso de solicitud de ayudas.
Esto significa que se detectan muchos menos casos de pobreza energética que los reales –pobreza energética oculta–. Una mejora de los indicadores y de los mecanismos de detección y la simplificación del trámite de certificación de vulnerabilidad económica repercutirá de forma positiva en la cobertura de las ayudas sociales.
El primer pilar de la política del bienestar es la ausencia de la precariedad. El compromiso para erradicarla debe ser asumido por todas las personas y estamentos que configuran nuestra estructura social y económica, incluso, jerárquicamente por encima de las necesidades de defensa, porque lo que sí es claro es que hay una guerra que estamos perdiendo y es la de la erradicación de la pobreza.
Fernando Ferrando es presidente de la Fundación Renovables.
