El tacaño Tío Sam subvierte tanto a los proveedores como al Estado
El desordenado ajuste de contratos públicos de Trump y Musk puede socavar los objetivos estratégicos de EE UU
La permanente ambivalencia del Tío Sam sobre tener estrechos vínculos con las empresas estadounidenses está adquiriendo una claridad nueva, aunque no deseada. Al calificar la capacidad de fabricación de EE UU como el “arsenal de la democracia” en 1940, el presidente Franklin Roosevelt subrayó el valor de la inversión a largo plazo para la supremacía geoestratégica, mientras que, dos décadas después, Dwight Eisenhower se despidió de la Casa Blanca acuñando la frase “complejo militar-industrial” para lamentar los riesgos de poner la confianza pública en manos privadas. El supuestamente favorable a los negocios Donald Trump y su compañero multimillonario Elon Musk están dando un golpe de motosierra a todo.
De los 760.000 millones de dólares que Washington gasta cada año en contratistas, los que fabrican misiles, helicópteros y otros suministros militares representan el 60% de la suma. El resto se destina a empresas grandes y pequeñas de agricultura, ciberseguridad, enfermería, desarrollo de vacunas, catering y otros sectores, que dependen en gran medida de la venta de productos y servicios que el Gobierno no puede proporcionar, o no proporciona, por sí mismo. Muchos modelos de negocio están repentinamente en riesgo a medida que la Administración Trump revisa y recorta rápidamente el presupuesto del país. Las preguntas abiertas sobre la enorme cantidad de fondos también amenazan con socavar las capacidades estratégicas nacionales en las próximas décadas.
Las purgas departamentales generalizadas y la utilización de herramientas de poder simbólicas desmienten que la burocracia federal haya tenido aproximadamente el mismo tamaño durante cuatro décadas. El empleo federal directo oscila entre 1,8 y 2,2 millones, mientras que una medida más amplia que incluye a contratistas, trabajadores postales, beneficiarios y personal militar abarca entre 8 y 11 millones en un año cualquiera, según el profesor de la Universidad de Nueva York Paul Light.
Aunque Trump, de forma similar a Eisenhower, menosprecia el poder de los contratistas de defensa, su empleo aumentó un 20% durante su primer mandato, según el Washington Post. Aun así, su Administración ha pasado los dos primeros meses cancelando decenas de acuerdos, posiblemente sobre bases legales inestables, en un intento de recortar el gasto público general.
Las empresas y sus empleados han llegado a confiar en la regularidad y previsibilidad de sus acuerdos con Washington, y también tienen relaciones duraderas con las agencias a las que sirven. En algunos casos, lo que está en juego es existencial. Por ejemplo, los contratos federales constituyen el 98% de los 11.000 millones de ingresos anuales generados por la consultora de ciberseguridad y defensa Booz Allen Hamilton. No es de extrañar que el precio de sus acciones haya caído casi un 40% desde las elecciones presidenciales de noviembre.
La inflación y la falta de competencia entre los operadores tradicionales son problemas perennes, pero el tamaño y la experiencia de un gigante aeroespacial o farmacéutico no se pueden recrear de la noche a la mañana. En situaciones de crisis, como la pandemia, esas filiales estuvieron disponibles para trabajar con el Gobierno de EE UU para desarrollar y producir rápidamente vacunas o para convertir una línea de producción de uso civil a militar.
Vacunas
Moderna, que en parte debe su existencia a la investigación financiada con fondos federales llevada a cabo en los Institutos Nacionales de Salud que condujo a la producción masiva de inmunizaciones de ARNm, corre el riesgo de perder un contrato de 600 millones de dólares para la vacuna contra la gripe, ya que la Administración Trump se aleja del método probado y eficaz para combatir la infección y recorta el gasto en investigación en salud pública.
Tener a un escéptico de las vacunas como Robert Kennedy Jr. al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos también supone un riesgo para Pfizer, cuya participación en los ingresos del Gobierno se disparó durante los años de pico de la pandemia. En 2021 y 2022 por sí solos, consiguió 32.000 millones en contratos con obligación federal para vacunas y productos terapéuticos. Pfizer sostiene que las ambiciones de ahorro de dinero de la Administración Trump deberían llevarla a apoyar los programas de vacunación “porque es una forma muy rentable de controlar los costes sanitarios”, dijo el CEO, Albert Bourla, a los inversores en febrero.
Las empresas de defensa se encuentran con argumentos similares: reducir el gasto en contratos a largo plazo es ahorrar en lo que no es necesario y malgastar en lo que sí. “Cuando se está en un programa de producción, se quiere estabilidad en la producción: si se empieza a hacer cambios bruscos, es muy difícil volver a subirla”, dijo la semana pasada el director financiero de Lockheed Martin, Jay Malave.
Su empresa es el mayor proveedor federal, con más de 70.000 millones en acuerdos en 2023, pero alrededor de 80.000 pequeñas empresas representan el 22% de los contratos externos. Los vendedores locales de alimentos para programas escolares de comida financiados por EE UU, por ejemplo, descubrieron hace poco que se cancelarán 660 millones asignados para el año escolar 2024-25. Lockheed podría capear ese tipo de golpe, pero muchas empresas independientes con muchos menos trabajadores e ingresos no pueden.
No todo sobrevivirá a la trituradora de Trump. El Tribunal Supremo dictaminó hace poco que la Administración no podía congelar 2.000 millones de dólares para servicios ya prestados por proveedores de la Agencia de los EE UU para el Desarrollo Internacional (Usaid). Pero se están cancelando otros contratos y hay más en duda. Es razonable que incluso los contratistas más grandes y poderosos teman no cobrar, un cambio radical en el serio y predecible mundo de las compras federales.
Un caso de prueba involucra a Verizon y su acuerdo de 2.400 millones para renovar las redes de control del tráfico aéreo. Musk, asesor presidencial y CEO de SpaceX, ha criticado al gigante de las telecomunicaciones por su trabajo, y el secretario de Transporte, Sean Duffy, por actuar con demasiada lentitud. SpaceX, que opera el servicio de satélites Starlink, ha negado que quiera hacerse cargo del contrato en su totalidad, pero escribió en X, propiedad de Musk, que podría ayudar a proporcionar una “solución parcial”. Musk, cuyo Departamento de Eficiencia Gubernamental está liderando la ofensiva para recortar los contratos gubernamentales, dirige empresas que han recibido 38.000 millones de los contribuyentes estadounidenses a lo largo de los años.
La formulación de políticas por capricho personal suele estar condenada al fracaso. La decisión de Trump durante su primer mandato de despojar a Amazon, cuyo fundador Jeff Bezos es dueño del Washington Post, de un contrato de computación en la nube de 10.000 millones y concedérselo a Microsoft tuvo que reabrirse en múltiples ocasiones. La Administración Biden finalmente lo dividió en múltiples contratos. Del mismo modo, un futuro presidente podría hacer lo mismo con cualquier acuerdo gubernamental alcanzado con Musk u otros aliados de Trump.
Las normas de apertura y competencia que han regido las compras federales durante décadas son a veces escleróticas y tienden a favorecer a los proveedores existentes. No obstante, son mejores que las alternativas que se ofrecen ahora, en las que las empresas que dependen de acuerdos establecidos no saben si podrán pagar las nóminas o mantener abierta una línea de producción. La fortaleza económica y geopolítica de EE UU también depende del inestable equilibrio entre la inversión pública y la privada. Alterar el statu quo sin un plan claro pone en peligro muchos empleos y beneficios. Y, al romper esos lazos de forma desordenada, también se pone en peligro la preparación del país y sus objetivos estratégicos.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
