Las pymes se benefician de las sentencias por devolución del IAE a grandes compañías
Las recientes decisiones a favor de Vodafone y Telefónica sientan un precedente que permite un cambio de planteamiento
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ha centrado el debate durante mucho tiempo en el complejo entramado fiscal español. Este tributo, que grava el ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, ha generado controversia, pero también ha abierto un nuevo capítulo de oportunidades para las empresas que operan en nuestro país.
Las últimas decisiones judiciales sobre este asunto han otorgado a grandes corporaciones, como Vodafone y Telefónica, la posibilidad de recuperar importantes sumas abonadas en concepto del IAE, cuestionando la base legal y la aplicación de este impuesto. Estas resoluciones no solo representan un alivio fiscal significativo para estas empresas, sino que también sientan un precedente que puede transformar la manera en que las compañías abordan su carga tributaria.
En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de Vodafone España, dándole derecho a requerir cerca de 220 millones de euros por cobros indebidos del IAE entre 2013 y 2022. Esta decisión se fundamentó en la incompatibilidad del cálculo de este impuesto con la Directiva comunitaria sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Telefónica, por su parte, reclamó una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central para recuperar 21,2 millones de euros abonados en concepto de IAE del ejercicio 2018 y consiguió que la Sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional anulara, el pasado 21 de enero, la liquidación de la cantidad citada.
Estos fallos judiciales dejan claro que debe garantizarse la coherencia de los tributos respecto a la normativa europea porque, en un contexto donde las directrices comunitarias ganan peso en la fiscalidad nacional, las empresas deben estar atentas a posibles desajustes entre las normativas locales y las europeas.
Ante esta situación, se abre un abanico de oportunidades para que otras compañías de sectores distintos al de las telecomunicaciones, cuestionen la base de sus impuestos y puedan reclamar cantidades abonadas indebidamente. Y tenemos ejemplos, como el del Tribunal Supremo en el que se dictaminó que las empresas de hostelería y restauración que tuvieron que cesar sus actividades durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19 tienen derecho a una reducción proporcional en la cuota del IAE.
En el caso de las grandes corporaciones, como Vodafone, las devoluciones obtenidas representan un porcentaje significativo de sus costes fiscales, pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) el alcance es superior ya que incluso una reducción modesta en la carga fiscal puede marcar la diferencia en su competitividad y sostenibilidad financiera.
Este fallo supuso un precedente de aplicación a otras industrias que tuvieron que enfrentarse a interrupciones similares causadas por las medidas que adoptó el Gobierno Central, abriendo una puerta a la revisión de los pagos del IAE en sectores como la manufactura, la distribución comercial o la tecnología.
La importancia de la digitalización para el control de las irregularidades tributarias
En el contexto actual, la digitalización juega un papel crucial en la detección y corrección de posibles irregularidades tributarias. Las herramientas tecnológicas especializadas permiten analizar grandes volúmenes de datos fiscales con rapidez y precisión, identificando áreas donde podría haberse producido un exceso en el pago de impuestos. Este tipo de tecnología no solo facilita la presentación de reclamaciones bien fundamentadas, sino que también mejora el cumplimiento normativo y reduce el riesgo de sanciones.
Las plataformas digitales avanzadas pueden automatizar el seguimiento de cambios normativos, asegurando que las empresas cumplan con las disposiciones fiscales más recientes. Por otro lado, al proporcionar informes detallados sobre posibles sobrecostes, estas herramientas ayudan a las compañías a detectar posibles áreas de mejora y optimización basadas en datos.
Ante esta situación, es positivo que las organizaciones adopten un enfoque proactivo para revisar sus obligaciones tributarias y exploren posibles áreas de optimización. Acciones como una auditoría fiscal interna que permita una revisión detallada de los pagos de IAE realizados en los últimos años puede ser un buen punto de partida sin olvidar la inversión en tecnología que permite implementar herramientas digitales que faciliten la gestión y el análisis de datos. Y por supuesto, el seguimiento de la jurisprudencia, con el objetivo de mantenerse informado sobre nuevos desarrollos legales y sentencias relevantes que ofrezcan oportunidades fiscales.
A la vista de los casos que hemos recordado en este artículo, vemos que no solo se trata de recuperar cantidades pagadas en exceso, sino de establecer un modelo de gestión fiscal más eficiente, basado en datos y alineado con las normativas europeas y, si las organizaciones siguen la estrategia adecuada, tienen la oportunidad de convertir los desafíos fiscales en catalizadores de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.
David Poveda es Tax Property Senior Manager en Ayming.
