Cómo se realiza la investigación técnica de un accidente aéreo
El transporte por aire es un sector ultraseguro, gracias a la perfección tecnológica de los aviones
El transporte aéreo es un sector ultraseguro, gracias a la perfección tecnológica de los aviones, a la formación y profesionalidad de las personas que intervienen en la operación aérea y a la existencia de multitud de sistemas técnicos y humanos redundantes que dificultan enormemente que se produzcan fallos o errores inevitables. Por ello, cuando tiene lugar un accidente, su investigación técnica resulta esencial.
Es importante dejar claro que el objetivo de dicha investigación no es buscar culpables, sino determinar las causas para mejorar la seguridad y prevenir futuros accidentes e incidentes. Por tanto, es independiente de cualquier otro proceso de investigación paralelo, como los procedimientos judiciales que determinarán los presuntos responsables de los hechos.
Para garantizar la efectividad de la investigación técnica de un accidente aéreo es fundamental que las autoridades investigadoras dispongan de todos los medios materiales y humanos necesarios, y que actúen de manera independiente, al margen de toda injerencia judicial, política o administrativa.
El primer paso es determinar cuál será la autoridad responsable para dirigir la investigación, y esta corresponderá, normalmente, al país donde sucede el accidente. Pero otros países afectados pueden nombrar un representante acreditado que colabore en la investigación, como los países donde está matriculada la aeronave, donde se diseñó o fabricó (por ejemplo, Francia si es un Airbus o Estados Unidos si se trata de un Boeing), o cualquier país de origen de algunas de las víctimas.
Además, puede suceder que la responsabilidad del proceso investigador sea delegada, de mutuo acuerdo, a otra autoridad investigadora si la primera carece de suficientes recursos técnicos o de personal para acometerla. Esto ha sucedido recientemente, en el caso del avión de la compañía Swiftair que se estrelló en el aeropuerto de Vilna (Lituania) el pasado mes de noviembre. La autoridad lituana, responsable inicial de la investigación de seguridad, delegó sus competencias en la autoridad investigadora alemana.
Tras designarse la autoridad investigadora responsable, el siguiente paso es que los estados nombren a sus representantes acreditados y estos visiten el lugar de los hechos para la recopilación de datos y de pruebas, sin restricciones para acceder a los restos de la aeronave. La normativa recoge la obligación de que ninguna persona modifique el estado del lugar del accidente, mueva o retire piezas ni tome muestra alguna, hasta la llegada de los investigadores técnicos, salvo que sea necesario para auxiliar a los heridos.
Los investigadores pueden recoger de manera controlada cualquier muestra e información que consideren necesaria, lo que incluye el acceso a cualquier dato en posesión de cualquier organización involucrada (compañía aérea, responsable del mantenimiento o del entrenamiento del personal aeronáutico, fabricante de la aeronave, responsables de la autoridad de aviación civil competente, servicios de control y tránsito aéreo, operadores aeroportuarios…).
También pueden interrogar a los testigos y exigirles que les entreguen los datos y pruebas que consideren pertinentes, así como solicitar que se realice un examen médico y toxicológico de las personas implicadas en la utilización de la aeronave, o la autopsia completa de los cuerpos de las víctimas, y tener acceso inmediato a los resultados. Y por supuesto, pueden acceder al contenido de las conocidas como cajas negras, que toman los registros de los vuelos. El país donde se ha producido el accidente debe velar por que se respeten las facultades de los investigadores, facilitarles un lugar adecuado para realizar su investigación (hangares y oficinas para almacenar y examinar los restos) y garantizar la coordinación entre su trabajo y el de otras autoridades implicadas, como la judicial, la de aviación civil o los equipos de búsqueda y rescate.
La investigación técnica concluye con la publicación de un informe final en el que se recogen los hechos relevantes, se analizan los factores que han contribuido al accidente, se determina cuál ha sido la causa o causas probables (siempre hay una concatenación de factores, errores o fallos que contribuyen a que ocurra el accidente) y se establecen, en su caso, una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a las partes involucradas y competentes.
La ley establece que la autoridad responsable debe publicar este informe final antes de que transcurran 12 meses desde que se produjo el accidente. Si no fuera posible, deberá publicarse una declaración provisional al menos en cada fecha aniversario, en la que se detallen los avances de la investigación y las cuestiones de seguridad planteadas. No obstante, antes del transcurso de este plazo, suele publicar un informe provisional confidencial al que solo tienen acceso las partes involucradas, incluidas las víctimas y sus familiares, al objeto de que puedan realizar los comentarios que estimen oportunos. Y siempre velando por que esta divulgación no ponga en peligro los objetivos de la investigación de seguridad.
La investigación técnica es esencial para contribuir al incremento de los niveles de seguridad en la aviación. Y esto se debe a su finalidad no punitiva, a las amplias facultades de actuación de los investigadores, a la independencia del proceso y a la protección de la información y de los datos obtenidos durante la investigación, lo que ayuda a la prevención de posibles accidentes e incidentes en el futuro.
Además, las recomendaciones de seguridad que se recogen en los informes finales de cada accidente, y que deben ser tenidas en cuenta por sus destinatarios, ayudan a la mejora del sistema y a la prevención proactiva de fallos y errores que, en ocasiones son recurrentes, llevando muchas veces a la modificación o creación de legislación en el sector. Por eso, es imprescindible que la investigación técnica se desarrolle de manera efectiva y se garantice la protección de la información recopilada para evitar que sea utilizada en otros ámbitos o procesos para buscar culpables, ya que esto desvirtuaría totalmente la esencia del proceso.
Nerea Cañas es abogada aeronáutica y directora de RR.II. de Sepla.
