Autopistas quebradas y falta de evaluación independiente
Fijar filtros para examinar las inversiones hechas con los fondos europeos parece una buena receta para evitar nuevos fiascos
El tiempo está dictando sentencia contra las autopistas de peaje construidas como alternativa a las viejas autovías nacionales y que quebraron con los primeros embates de la crisis financiera. Una vez rescatadas por el Estado allá por el año 2018, resultan un fracaso económico y de tráfico. Hasta 2032 apenas se esperan unos ingresos de 1.000 millones de euros entre las nueve carreteras que fueron a manos de la empresa estatal encargada de gestionar las infraestructuras de transporte terrestre (Seitt), y no hay expectativa alguna sobre la obtención de beneficios, reconoce sin ambages este órgano dependiente del Ministerio de Transportes.
Licitadas y ejecutadas durante el mandato de José María Aznar, siempre se dijo que fallaba el diseño y se puso en entredicho lo oportuno de la mayoría de ellas, tumbadas finalmente por el derrumbe del tráfico que derivó del pinchazo económico de 2008, la losa de los créditos y los sobrecostes en las expropiaciones de suelo para su construcción motivadas por sentencias judiciales.
En su batalla por la homogeneización del modelo de carreteras, tratando de evitar agravios entre territorios por la convivencia de autopistas de pago con autovías libres de él, el ministerio que encabeza Óscar Puente ha primado un enfoque de las autopistas rescatadas hacia el servicio público. Las radiales madrileñas (R-2, R-3, R-4 y R-5), la AP-36, AP-41 y dos segmentos de la AP-7 (circunvalación de Alicante y tramo Cartagena-Vera) cargan con tráficos gratuitos de madrugada y con un recorte del 30% en las tarifas desde 2019. Pero ni con esas se puede hablar de un uso intensivo de las vías. Y eso pesa en unos resultados exentos de cargas financieras y que apenas cubren el necesario gasto en conservación y las inversiones en mejoras de las vías.
Seis años después del rescate de estas infraestructuras, la impresión es que muchas se habrían quedado en un simple esbozo en un plano de haber funcionado un organismo independiente de evaluación de los proyectos de infraestructura. Es deseable ahora que la lluvia de fondos procedente de la Unión Europea para la recuperación tras otra crisis, en este caso la sanitaria, cristalice en activos realmente útiles para la sociedad y la economía. Incrementar los fondos dedicados a su planificación y la fijación de filtros independientes para examinar las inversiones parece una buena receta para evitar nuevos fiascos.
