Cómo gravar a quienes tienen dinero para vivir 100 vidas
No es solo que los ricos no paguen IRPF, sino que tampoco pagan en sus justos términos otros tributos, como sucesiones
Vamos a seguir avanzando hacia una fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes más tienen. Pondremos en marcha nuevas acciones destinadas a acotar los privilegios desproporcionados de ciertas élites y a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas. Lo haremos para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema injusto”, destacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de apertura de este curso político recién iniciado.
Ahora bien, ¿cómo va a hacerlo? No es una cuestión baladí, máxime teniendo en cuenta la sensibilidad fiscal de los contribuyentes españoles sobre nuestro sistema tributario. Sea como fuere, el presidente Sánchez no concretó qué impuestos de los que afectan a las grandes fortunas tocará el Gobierno. Y tiene varias opciones sobre la mesa.
En primer lugar, recordemos que el Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas está en vigor en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en el contexto de la reforma del sistema de financiación autonómica, por lo que previsiblemente puede establecerse de manera permanente, con una nueva redacción que solvente los defectos de la actual en relación con el cómputo del límite máximo del pago de cuotas –sumando los impuestos de Patrimonio y Renta–. Y también podría incrementarse el tipo máximo en la escala de gravamen para tramos superiores a los actualmente fijados.
Otro de los impuestos en el que se podría actuar es el IRPF. Porque, como titulamos en el libro que he escrito junto a José María Mollinedo, los ricos no pagan IRPF. Lo explicamos nosotros, como en su día lo dijeron, estando en ejercicio, José María Aznar y Pedro Sánchez, que coincidieron en tal afirmación. Vista esta transversalidad en el diagnóstico, no es descabellado alertar de que este es uno de los principales problemas que arrastra nuestra fiscalidad desde el inicio de la democracia, cuando se instauró el sistema actual, y que se ha ido incrementando en estas décadas.
Un problema mayúsculo, sin duda, frente al que urgen soluciones para que las grandes fortunas se retraten en el IRPF. Medidas de calado que deberían quedar reflejadas en una reforma fiscal integral y completa.
Porque no solo es que los ricos no paguen IRPF, sino que tampoco pagan en sus justos términos impuestos a través de las grandes sociedades que, en muchos casos, controlan, o de las que poseen participaciones importantes. Y tampoco lo hacen en algunos de los actuales impuestos relacionados con la riqueza, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, dadas las amplias bonificaciones establecidas en muchas de las comunidades autónomas que lo gestionan.
Asimismo, para ganar progresividad, cabe la posibilidad de introducir algún tramo más en las tarifas correspondientes a los rendimientos de capital y del trabajo, aunque en este último caso afectaría en mayor medida a los grandes ejecutivos y consejeros de empresas, con altas retribuciones, pero no a la mayor parte de las grandes fortunas, que declaran principalmente, en su caso, rendimientos de capital. Respecto a estos últimos, sería posible excluir de la tarifa del ahorro los incrementos de patrimonio especulativos, generados a corto plazo, que podrían pasar a tributar como renta general.
Otro de los impuestos sobre los que se podrían introducir algunos cambios sería sucesiones. En este caso, podría actualizarse su contenido e impulsar fórmulas para armonizarlo y evitar que un impuesto estatal cedido a las comunidades para financiar sus servicios públicos tenga ciertas bonificaciones generales que prácticamente dejan sin tributar hasta las herencias millonarias que se reparten los parientes más cercanos en muchas autonomías.
Pero más allá de cambios puntuales en relación con los impuestos sobre la riqueza, es en el proceso de cambio del modelo de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, en el que habría que decidir las medidas de armonización necesarias al respecto. Es una de las grandes batallas políticas. Y es que impuestos como Sucesiones y Patrimonio se encuentran cedidos a las comunidades, y se ha iniciado hace ya tiempo, por parte de algunas de las más importantes por su peso en la recaudación, una inconveniente competencia fiscal a la baja.
Mientras tanto, la última encuesta sobre Opinión pública y política fiscal (2022) del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo deja claro: casi tres de cada cuatro españoles tienen una visión positiva de los impuestos. En torno a un 60% considera que son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, mientras un 15,2% los percibe como un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad.
Siguiendo con los datos, casi el 80% de los contribuyentes cree que en España los impuestos no se cobran con justicia, que no “pagan más quienes más tienen”. Opinión que, a nivel mundial, no solo comparte la mayoría de la población, sino que es respaldada, como hemos visto en la pasada cumbre de Davos por un buen número de multimillonarios –muchos norteamericanos, algunos europeos y ningún español–, con un manifiesto dirigido a los gobernantes allí reunidos, en el que señalaban: “Nuestra petición es simple: les pedimos que nos cobren impuestos a nosotros, los más ricos de la sociedad”.
En este marco, la presidencia brasileña del G20 recoge la propuesta del Observatorio Fiscal de la UE para crear un impuesto mínimo mundial a los milmillonarios equivalente al 2% de su riqueza, que recaudaría entre 200.000 y 250.000 millones de dólares por año a nivel global de unos 3.000 contribuyentes. Extender el impuesto a los cienmillonarios agregaría entre 100.000 y 140.000 millones de dólares.
En resumidas cuentas, no vale solo con promesas de más impuestos a los ricos, o de gravar fiscalmente a quienes ya tienen dinero para vivir cien vidas. Necesitamos que se haga realidad, mediante una reforma completa del sistema fiscal que haga efectivos los principios constitucionales de generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica. Porque si reducir la desigualdad es uno de los principales retos que encaramos como sociedad avanzada, el contribuir con medidas fiscales es posible y eficaz. Conseguirlo reduciría la pobreza e impulsaría el crecimiento económico. Es, pues, una cuestión de justicia social. Y de prosperidad para todos.
Carlos Cruzado es presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha)
