A vueltas con la financiación autonómica: por un impuesto a las grandes herencias
Este tributo promueve la lucha contra la desigualdad y fomenta la progresividad del sistema fiscal
El sostenimiento de los gastos e inversiones públicas se consigue, fundamentalmente, a través del sistema tributario y, en especial, de los impuestos que recaen sobre las manifestaciones de renta y riqueza.
Pues bien, como afirman los economistas, ceteris paribus, considerando estables el resto de los componentes de la fiscalidad, si reduces los impuestos sobre la riqueza (cuya recaudación se soporta mayoritariamente por los deciles de renta o riqueza más altas), tienes que compensar esa pérdida de ingresos con subidas de los impuestos sobre la renta, sobre el consumo, a través de la reducción del gasto público o el incremento de la deuda pública.
Por eso, la eliminación de impuestos sobre la riqueza (como es el caso de los gravámenes sobre el patrimonio y las sucesiones), tal y como proponen formaciones políticas como el PP, Vox, Junts (que lidera Puigdemont) y otros grupos aliados, apoyados y alentados por cohortes de ideólogos al servicio de las capas enriquecidas de la sociedad, supone una nueva prueba manifiesta de los intereses que representan tales formaciones políticas.
Así, el Partido Popular ha propuesto que la eliminación del impuesto sobre sucesiones, gravamen cedido a las Comunidades Autónomas, y la consiguiente pérdida de recaudación, se vean compensados por parte del Estado con el conjunto de sus ingresos públicos; es decir, que las Comunidades Autónomas (CCAA) que hayan suprimido el ISD (y ya puestos, el impuesto sobre el patrimonio), no verían disminuidos sus recursos, teniendo el Estado que compensarles recaudatoriamente hablando y reduciendo su capacidad para satisfacer sus propias competencias.
En suma, quieren las dos cosas a la vez: seguir disponiendo de recursos, favorecer a los deciles superiores, las clases más favorecidas, a costa del conjunto de la sociedad española. Quieren una redistribución de la carga fiscal, una redistribución entre pagadores de gravámenes, más allá de figuras impositivas. Lo que buscan es que paguen menos los deciles superiores de renta, quienes soportan de forma mayoritaria esos impuestos sobre la riqueza, y que, en su lugar, pague el conjunto de los contribuyentes, incluso los menos pudientes, que, de modo general, soportan el IVA.
En el año 2021, la recaudación del impuesto sobre sucesiones superó los 3.500 millones de euros, más de lo que han recaudado varios impuestos de ámbito estatal. Por otro lado, en todo el Estado, en ese año, solo había alrededor de 260.000 declarantes del impuesto sobre el patrimonio, frente a unos 23 millones de declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Si a lo anterior añadimos que en el IRPF existe una doble tarifa, la cual grava de forma asimétrica los ingresos procedentes del trabajo frente a los procedentes del capital, favoreciendo a estos últimos, concluiremos que cualquier propuesta de esos partidos e ideólogos tendente a suprimir nuestros gravámenes sobre la riqueza, ya de por sí muy minorados, quiere afectar gravemente a la progresividad y suficiencia de la justicia fiscal. Además, para funcionar adecuadamente, el IRPF necesita gravar manifestaciones de riqueza no susceptibles de generar renta y disponer de una información esencial para la lucha contra el fraude fiscal, todo ello complementado por diversos gravámenes sobre la riqueza, caso del Impuesto sobre sucesiones y Donaciones (ISD) y sobre el Patrimonio.
La inquina que determinados sectores manifiestan en contra de los impuestos sobre la riqueza (patrimonio y sucesiones) es directamente proporcional a su odio contra cualquier atisbo de justicia social.
Frente a esta posición, sería conveniente reconstruir la lógica de mejora de la progresividad y suficiencia, mandatos constitucionales, e implantar un impuesto estatal compensatorio sobre las Grandes Herencias, con un esquema similar al impuesto sobre las grandes fortunas.
Este último impuesto de Grandes Fortunas, estatal, en principio temporal y no hace mucho avalado constitucionalmente, se implantó tras la política de supresión de facto del impuesto sobre el patrimonio en las Comunidades Autónomas con gobiernos del PP y Vox o, en su hipotético caso, de Junts en Cataluña, si llegara alguna vez a gobernar.
Abogamos, en consecuencia, por establecer en todo el territorio español un impuesto estatal sobre las grandes herencias y donaciones, con un gravamen mínimo, sin beneficios fiscales apreciables y sobre cuya deuda tributaria puedan los contribuyentes deducirse la cuota satisfecha (en su caso) en el impuesto autonómico sobre las Sucesiones. Significa repetir el funcionamiento del impuesto sobre las grandes fortunas y la cuota satisfecha por el impuesto sobre el Patrimonio. Con eso, frente a la eliminación de facto del impuesto sobre las sucesiones, se mantendría un nivel de recaudación y progresividad, en el ámbito estatal y no habría doble imposición alguna.
Asimismo, se contaría con el aval de los hacendistas que elaboraron el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria (2022), los cuales consideraron necesaria la vigencia del impuesto sobre sucesiones, independientemente de las reformas técnicas sobre su contenido.
Por último, frente a afirmaciones ideológicamente sesgadas, debemos afirmar que la existencia del impuesto sobre sucesiones es perfectamente compatible con el liberalismo (antes de la tergiversación de los actuales “libertarios” neoliberales), pues su existencia responde, además de al genérico de recaudación, a ser un tributo anti-aristocrático o contrario a la reproducción social por ser hijo de, favoreciendo el trabajo individual, el mérito y el esfuerzo de las personas, promoviendo la lucha contra la desigualdad y fomentando la progresividad del sistema fiscal.
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