Retos y oportunidades para la industria de la financiación
Es importante que España impulse la reserva de actividad, para que todas las entidades tengan las mismas reglas
El inicio de una nueva legislatura constituye siempre una oportunidad de llevar a cabo cambios importantes que mejoren la situación de nuestro país, máxime cuando estos cambios afectan a industrias esenciales tanto a nivel económico como social. Este es el caso del sector de la financiación al consumo, clave para garantizar el bienestar de la ciudadanía, facilitar el acceso a bienes y servicios y garantizar el crecimiento de la economía mediante el impulso del consumo.
Además, esta nueva legislatura, que ya ha cumplido ocho meses, coincide con un periodo clave para el sector de la financiación, con importantes novedades normativas que sentarán las bases en materia de transparencia, seguridad jurídica, protección del consumidor y accesibilidad de los servicios financieros. A todo ello debemos sumar un contexto de altos tipos de interés y de inflación que han impactado en el poder adquisitivo de los ciudadanos y que hacen que los servicios de financiación cobren todavía más importancia para estimular la economía y el consumo.
Así pues, la actual legislatura será clave para avanzar hacia un marco normativo que ayude a impulsar los servicios de financiación al tiempo que garantiza la seguridad jurídica y la protección del consumidor. Y entre los aspectos que se van a desarrollar durante estos años y que pueden marcar un antes y un después para la industria, cabe destacar principalmente dos: la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y la transposición de la Directiva europea de crédito al consumo.
En el caso de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, nos encontramos con una figura que ya existe en nuestro país con un “potente” servicio de reclamaciones del Banco de España, integrado por personal técnico experto que ha realizado su carrera y formación en este organismo donde ha desarrollado sus conocimientos. Desarbolar este servicio para confundirlo en un nuevo organismo que convivirá con otras especialidades que no son convergentes (seguro e inversión) no parece lo más adecuado, más aún cuando la creación de una ventanilla única sería una solución factible.
La creación de un organismo, que nace ex novo, con una robusta estructura, incluso mayor que la de una Audiencia Provincial, con Presidencia, direcciones generales, secciones especializadas por materias, salas, instructores, ponencias… para resolver reclamaciones de forma extrajudicial está abocada a un continuado crecimiento en el tiempo y a un largo y convulso periodo de asentamiento que requiere una materia especializada. No parece que en términos de gasto público y eficacia sea la solución más adecuada cuando hoy el servicio de reclamaciones del Banco de España cumple adecuadamente esta misión sin incremento de gasto y con garantías para el consumidor.
Esta última cuestión no puede soslayarse, ya que los costes y gastos asumidos por cualquier tipo de actividad comercial o industria no hace sino encarecer el producto, sea el que sea (un automóvil, una vivienda o un préstamo o crédito). Igualmente, tampoco hay que desdeñar el efecto llamada a la reclamación dirigida por las actividades comerciales y profesionales exclusivamente dedicadas a litigación. Así, es importante que la sociedad sea consciente de que los efectos perversos del negocio de la litigación en masa, que busca continuadamente nuevos nichos de mercado, son asumidos por el conjunto de ciudadanos.
Además, y como ha indicado el propio Gobernador en sede parlamentaria, el carácter otorgado a las resoluciones se podría aplicar también a las actuales resoluciones del Banco de España sin que para ello fuera necesaria la creación de la Autoridad.
Estamos de acuerdo en facilitar al consumidor el acceso a la presentación de las reclamaciones, y para ello es suficiente la creación de una “ventanilla única” donde se presenten todas las reclamaciones que asumiría la Autoridad, con una oficina que examinara la naturaleza de las mismas y las derivase a la autoridad competente (Banco de España, Dirección General de Seguros o CNMV). El consumidor podría llevar a cabo sus reclamaciones, pero manteniendo siempre el proceso actual y evitando una litigación excesiva que, al final, solo desemboca en inseguridad jurídica y aumento de costes. Es importante establecer unas reglas claras que faciliten la operativa del sector financiero. Y es aquí donde entra en juego el otro gran desafío legislativo para el sector: transponer la Directiva Europea de Crédito al Consumo.
Y es que, de esta transposición, dependen aspectos tan relevantes como la llamada reserva de actividad, que garantizaría que todas las entidades que ofrezcan servicios de financiación tengan que estar debidamente autorizadas, registradas y bajo el control de algún organismo oficial. Actualmente, hay entidades no reguladas que, en algunos casos, conllevan condiciones financieras fuera de mercado y cuya operativa destaca por su falta de transparencia, lo que pone a los consumidores en una situación de inseguridad y de riesgo de sobrendeudamiento.
Además, esta situación da lugar a un mercado donde el principio de “misma actividad mismas reglas” es una excepción, en el que las entidades reguladas tienen muchísimos más requerimientos regulatorios y también de operativa. Así, es importante que España impulse ya la reserva de actividad, para que todas las entidades que ofrecen servicios de crédito tengan las mismas reglas y exigencias regulatorias, y que estén sujetas al mismo nivel de supervisión, ofreciendo al consumidor la debida protección.
En esta legislatura también será importante reforzar el concepto de transparencia, para reducir la litigiosidad. El establecimiento de reglas claras, objetivas y precisas que otorguen seguridad jurídica al mercado es absolutamente necesario. Asimismo, es fundamental dotar de medios y recursos a la Administración para poder agilizar los procesos y poner coto a la llamada “industria de la reclamación”, que genera pleitos artificiales y que, en ocasiones, con falta de transparencia, impone condiciones abusivas, aprovechándose de los consumidores. Por último, es conveniente fijar una referencia clara, como en los países de nuestro entorno, a la hora de evaluar los tipos de interés, lo que sin duda será un paso fundamental en materia de seguridad jurídica, en la senda ya establecida por el Supremo.
También en este ámbito es fundamental trabajar la educación financiera y, más especialmente, la promoción de una cultura entre la ciudadanía de responsabilidad en la toma de decisiones económicas. Solo a través de una verdadera apuesta por la educación financiera se podrá garantizar que el consumidor pueda tomar sus decisiones de manera libre, consciente e informada.
Estamos ante una legislatura clave para los servicios de financiación. Nuestro país cuenta con organismos eficaces para la protección del consumidor, pero es importante seguir avanzando en la línea correcta. Apostar por la reserva de actividad, reforzar las normas de transparencia con criterios claros y dotar de mayor seguridad jurídica a todo el sector y a los consumidores nos permitirá contar con unos servicios más accesibles, eficientes y seguros. Por el contrario, figuras como la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero supone un importante riesgo para una industria esencial.
Ignacio Pla es secretario general de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef)
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