El debate sobre la demanda turística en España y su posible tasa
Parece razonable que las comunidades autónomas doten de libertad a los ayuntamientos para fijar un canon turístico de alojamiento que sirva para financiar los sobrecostes de esta actividad
Un año más, el país se prepara para batir récords en turistas y gastos, nada nuevo bajo un sol que es su principal reclamo. Si la segunda mitad del XX alumbró el turismo de masas, el XXI nos ha traído su universalización, en ocasiones hasta democratización, al aumentar el poder de reclamación del turista en los portales de internet. Este aumento significativo ha desbordado la capacidad de absorción de los principales destinos, especialmente en temporada alta, que lucen mejor que nunca, pero con una cuestionada estética, a mitad de camino entre museo al aire libre y centro comercial, con tiendas y restauración estandarizada y franquiciada, lo que se ha venido en denominar la tematización de nuestros bellos centros urbanos. Mientras, sus antiguos residentes se ven desplazados hacia la periferia, en no pocas ocasiones voluntariamente, cuando son propietarios de la vivienda, que acaban introduciendo en las plataformas de alojamiento turístico, pero agravando el acuciante problema de vivienda de nuestras ciudades, especialmente las costeras.
Ello nos lleva, con cada vez más insistencia, a cuestionarnos los límites de las actividades turísticas. Reflexión necesaria, pero que debe hacerse lejos de cualquier dramatismo, ya que no pocos de los vaticinios sobre sus impactos negativos son, cuando menos, difíciles de observar. Lo cierto es que, en general, salvando deplorables excepciones, nuestro patrimonio está mejor salvaguardado y cuidado -como muestra el mayor número de declaraciones patrimonio de la Humanidad de la Unesco-, nuestras playas lucen más paradisiacas -premiadas con mayor frecuencia con la exigente bandera azul-, o nuestra apreciada gastronomía no se ha visto mermada por las franquicias de comida rápida -buena prueba de ello es el creciente número de estrellas Michelín en la gran mayoría de nuestras provincias. Éxitos, todos ellos, favorecidos por los ingresos turísticos.
Varias son los factores que, desde finales del siglo pasado, han mejorado significativamente el análisis coste beneficio que las economías domésticas hacen de las actividades turísticas, lo que las ha llevado a multiplicar su demanda en todos los grupos de renta. En primer lugar, y principalmente, la liberalización del transporte aéreo, con la llegada de las aerolíneas de bajo coste, que hundió los precios de los billetes. En segundo lugar, internet, que ha generado múltiples reducciones de coste, especialmente desde que su acceso se simplificó mediante el smartphone. Primero disminuyó el coste de intermediación o agencia, al facilitar la contratación directa del turista con el proveedor del servicio; después llegaron los metabuscadores de vuelos, alojamientos o coches de alquiler, que ofrecen rápidamente las alternativas más baratas; posteriormente la Web 2.0 ofreció reseñas y contenidos con que ahorrarte las tradicionales guías de viaje; más tarde llegó la economía de plataforma, que multiplicó la oferta residencial vacacional y ofreció diferentes alternativas competitivas al taxi, hasta llegar a las pujantes plataformas de excursiones y guías turísticos.
Pero internet también aumentó los beneficios potenciales del viaje al facilitar, mediante las redes sociales, el compartir en tiempo real la experiencia con familiares y amigos, sin tener que encerrarlos en una vivienda a la vuelta del viaje para mostrarles el fotorreportaje casero en diapositivas. Y finalmente, la ingeniería también ha ayudado en esta sin par expansión turística, por ejemplo, con el gigantismo en la construcción de buques, que ha multiplicado, y sobre todo abaratado, el crucero, trasuntos en el mar de los desmesurados resorts turísticos de Las Vegas.
Dudoso es el mérito que se le puede atribuir, en esta formidable expansión, a la política de promoción turística, por otra parte, cada vez más demandante de los limitados recursos públicos. El marketing público turístico, ecosistema natural del político viajero, solo rivaliza en generosa pólvora del Rey con la promoción de sector de alimentación y bebidas, incluso se complementan, como muestra la impactante y premiada campaña “el país más rico del mundo”.
Todo ello nos lleva a repensar la tradicional, y extraordinariamente generosa, fiscalidad turística, desde la exención del IVA para los billetes aéreos internacionales, hasta los tipos reducidos para la hostelería. Especialmente injusta es la mermada recaudación por actividades turísticas de las administraciones locales, que deben sufragar, generalmente en solitario, los sobrecostes de un mayor turismo tanto en cantidad, como en duración de su estancia, reforzando servicios de limpieza y basura, seguridad o transporte.
Por todo ello, parece razonable que las comunidades autónomas doten de libertad a los ayuntamientos para fijar tasas turísticas de alojamiento. Estos últimos deben ejercer esta libertad con responsabilidad, sabiendo que las citadas tasas son recomendables para destinos muy maduros, con amplia y rígida demanda, no tanto en los de sol y playa dependientes del voluble paquete turístico de vuelo chárter. Tasa que se debe aplicar con total transparencia hacia el turista; con sencillez recaudatoria; sin perjudicar, más bien buscando favorecer, a los alojamientos profesionales, especialmente a los hoteles de mayor categoría; y, por supuesto, acompañada de una reflexión sobre el destino de los recursos recaudados. Se deben buscar usos que beneficien tanto a turistas como a residentes, tales como la mejora del mobiliario urbano, la conservación del patrimonio, la financiación de la oferta cultural y folclórica local o el refuerzo de los servicios municipales antes citados, junto al de inspección, también de las actividades turísticas sumergidas.
José Ignacio Castillo Manzano es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla
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