El modelo de ERC: una redoblada apuesta por la excesiva fiscalidad que lastra Cataluña
Su propuesta adolece de los males que sufre la región desde hace años, como inseguridad jurídica y regulación de más
El rechazo del proyecto de presupuestos para 2024 en el Parlament de Cataluña provocó el adelanto de las elecciones al 12 de mayo. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC) no lograron el apoyo de ningún otro partido. Los Comunes los rechazaron por su oposición al proyecto Hard Rock en Tarragona. El partido de Ada Colau alega que la inversión de 4.800 millones en seis parques temáticos, hotel y casino tendría un impacto medioambiental adverso. Junts exigía la supresión del impuesto de sucesiones, medida que ya han adoptado siete comunidades autónomas, pero que ERC descartó. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no quiso prorrogar los presupuestos, como hizo en 2023. La convocatoria de elecciones en Cataluña propició que Pedro Sánchez renunciara a aprobar unos Presupuestos del Estado para 2024.
La propuesta de financiación singular para Cataluña de ERC es parecida al Concierto Económico del que goza el País Vasco desde 1981. La disolución del Parlament como mínimo paraliza las concesiones que ERC y Junts habían obtenido del PSOE. El Gobierno se comprometió a traspasar los ferrocarriles de cercanías y condonar el 20% de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica. El acuerdo entre PSOE y Junts preveía una cesión total de tributos estatales a Cataluña. Actualmente, se queda con un 50% del IVA e IRPF y un 58% de los impuestos especiales y entrega la totalidad del impuesto de sociedades al Estado.
La propuesta de ERC consiste en que la Generalitat se quedaría con todos los impuestos estatales que se pagan en Cataluña. En 2022 Cataluña recaudó 51.131 millones en IVA, IRPF, impuestos especiales e impuesto de sociedades. Contaría con un “fondo de solidaridad” temporal y que estaría condicionado a la disciplina fiscal de las comunidades autónomas. Nuestra Constitución de 1978, en su artículo 158.2, recoge el principio de solidaridad interterritorial, no que una comunidad dicte a las demás los fondos que percibirán.
El órdago de ERC pretende frenar el ascenso del PSC vaticinado por las encuestas. Su origen es un estudio elaborado por la consellera de Economía, Natalia Mas. Atribuye el déficit fiscal de Cataluña a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómas (Lofca) de 1980. Argumenta que el coste de la vida en Cataluña es muy superior al de las otras comunidades de régimen común y que el nivel de inversiones ejecutadas ha sido muy insuficiente. Postula que en EE UU, Canadá, Alemania y Suiza, sus territorios constituyentes disfrutan de un alto grado de regulación, recaudación y gestión de sus tributos, incluyendo los equivalentes al IVA, IRPF e impuesto de sociedades. Aragonès sitúa el promedio anual de déficit fiscal catalán desde 1980 en un 8% de su PIB.
Las estadísticas reales son muy distintas. En 1980 Cataluña generaba el 19,2% del PIB español, mientras que la Comunidad de Madrid aportaba el 14%. La renta per cápita catalana superaba en un 6% a la de los madrileños. Entre 1980 y 2014, el PIB de Cataluña creció de 33.355 hasta 209.282 millones de euros, un alza del 527%. En 2014, el PIB per cápita de Madrid era de 31.004 euros, País Vasco, 29.683, Navarra, 28.124 y Cataluña, 26.996. Desde la consulta popular de 2014, el PIB per cápita catalán ha aumentado hasta 32.550 euros, pero el de Madrid se ha acrecentado hasta 38.435. Desde 2019 Madrid supera a Cataluña en aportación al PIB español. En 2022 Madrid generó 6.000 millones de PIB más que Cataluña, con un millón de habitantes menos.
El modelo singular para Cataluña adolece de los males que acechan a Cataluña desde hace años. Inseguridad jurídica, asfixiante fiscalidad, excesiva regulación e hipertrofia del sector público. Así se desincentiva la actividad económica y se ahuyenta la inversión privada nacional y extranjera. Según el Colegio de Registradores, 8.753 empresas han trasladado su sede social desde Cataluña a otras comunidades desde 2017. Cataluña encabeza las comunidades, con 15 tributos propios. En 2022 ingresó 863 millones gracias a dichos gravámenes, un 45% de lo recaudado por todas las comunidades por impuestos propios. También gestiona plenamente el impuesto de sociedades y del patrimonio.
Entre los tributos catalanes se encuentra el gravamen de Protección Civil; cánones del agua, sobre la incineración de residuos municipales y deposición controlada de residuos de construcción e industriales; impuestos sobre grandes establecimientos comerciales y estancias turísticas, sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera por la aviación comercial y de gases y partículas de la industria. Asimismo, Cataluña aplica un impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas, viviendas vacías, emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. La Comunidad de Madrid eliminó todos sus tributos propios.
La inversión extranjera directa neta (IED, descontando ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros) se está concentrado en la Comunidad de Madrid y ha disminuido dramáticamente en Cataluña. Según el Registro de Inversiones Extranjeras, en 2019 la Comunidad de Madrid atrajo el 61% de la IED y Cataluña un 14%. En el primer trimestre de 2023, Madrid captó el 67% del total de IED, Valencia 20%, Cataluña 4,5% y Murcia un 3,7%. Las otras trece comunidades, conjuntamente, solo recibieron un 3,7% del total. De la media de IED en el primer trimestre del periodo 2019-2023, Madrid consiguió un 59%, Cataluña un 10,8% y Valencia un 10%. En dicho periodo, las 14 comunidades no mencionadas solo absorbieron un 19% del total de IED.
El plan de ERC recortaría en 20.000 millones (un 20% del total) los recursos para el resto de comunidades de régimen común, que también podrían reivindicar su particular modelo. Se produciría un círculo vicioso de mayor presión fiscal en gran parte de España, agravando su pérdida de capacidad de captación de IED y generación de actividad económica y concentrándola aún más en la Comunidad de Madrid. La deuda de las comunidades autónomas ya asciende a 316.800 millones de euros, un 24% del PIB.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE limita el margen de maniobra del Gobierno central. Nuestra deuda pública asciende al 109% del PIB. El estudio de Mas olvida convenientemente que EE UU, Canadá y Suiza no deben cumplir el PEC. EE UU genera el 25% del PIB mundial. El dólar constituye un 58% de las reservas de los bancos centrales y se emplea en el 40% de las transacciones comerciales. El déficit público de Alemania en 2023 fue del 2% y su deuda pública, del 64%.
En ninguna de las 12 democracias con mayor PIB que España existe actualmente un desafío independentista. En la UE se ha avanzado hacia una armonización fiscal, lejos de la singularidad que reclama ERC. Las potencias citadas por ERC tienen constituciones de mayor longevidad. La de EE UU, de 1789, es la más antigua entre las democracias actuales, y las de Suiza (1848), Canadá (1867) y Alemania (1949) también superan a nuestra Carta Magna.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías
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