El nuevo papel de la Airef
Activar cuanto antes las competencias de la Autoridad Fiscal Independiente en el marco de las nuevas reglas de convergencia reforzará el compromiso de España
La reforma de las reglas fiscales que ha pactado la Unión Europea se basa en una estructura sustancialmente más realista y más flexible que el rígido modelo anterior, vigente hasta el estallido de la pandemia, pero incluye también entre sus novedades la atribución de más competencias de control a las autoridades fiscales independientes de cada país sobre la ejecución de los respectivos planes de cohesión. El nuevo modelo prevé dos vías para articular esa tutela: por un lado, insta a los Gobiernos a solicitar a estos organismos una evaluación previa de los nuevos planes de ajuste que deben remitir a Bruselas; y por otro, refuerza el papel de las autoridades fiscales a la hora de verificar si los presupuestos nacionales cumplen con la hoja de ajuste comprometida con Bruselas.
La primera de esas funciones –la revisión previa de los planes que cada país debe enviar a Bruselas– no será obligatoria hasta dentro de ocho años para permitir adaptarse a los Estados que no cuentan todavía con instituciones fiscales independientes o que no las han dotado de medios suficientes para realizar su función. No es el caso de la Airef española, que la propia Bruselas clasifica entre las cinco autoridades fiscales europeas más potentes y mejor dotada de medios. De acuerdo con ese criterio, España no cuenta con razones objetivas para que, una vez que entren en vigor las nuevas reglas, pueda retrasarse la puesta en marcha de la nueva función de la Airef, que contribuirá a reforzar la ejecución del calendario de ajuste fiscal. El hecho de contar con una institución altamente especializada, bien dotada de medios y entrenada en monitorizar las constantes de la economía española y sus cifras de desempeño constituye una garantía extra para ejecutar las obligaciones de España.
La Airef ha manifestado en más de una ocasión en los últimos años la urgencia de sentar las bases de una vuelta progresiva a la senda de la disciplina fiscal, no solo para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y para encarar las nuevas reglas fiscales de la UE, sino por la amenaza latente de una economía en proceso de desaceleración.
La experiencia de incumplimientos de los deberes de convergencia fiscal antes de la crisis sanitaria se suelen explicar en parte por la rigidez del propio sistema, pero también por la terca indisciplina de muchas administraciones públicas. Si dotar a las autoridades fiscales independientes de más poder a la hora de revisar las cifras de convergencia supone una garantía más para su cumplimiento, activar el papel de la Airef en el marco de las nuevas reglas fiscales será una muestra de compromiso que España hará bien en ofrecer cuanto antes.
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