Causas profundas de la crisis del campo
La fragmentación excesiva de las explotaciones limita la capacidad de los productores para aprovechar las economías de escala y mejorar la competitividad del sector
Las movilizaciones que los agricultores y ganaderos españoles han iniciado este mes de febrero de 2024 en diversas ciudades de la geografía nacional son una manifestación de su malestar con la Política Agraria Común (PAC). El sector agropecuario demanda simplificar la burocracia en la gestión de sus explotaciones, reciprocidad en los requisitos fitosanitarios exigidos a las importaciones procedentes de fuera la Unión Europea (UE) y frenar la desregulación del mercado agroalimentario para obtener precios adecuados para sus productos.
Pero al mismo tiempo, en las protestas del sector primario subyacen aspectos estructurales que remiten a desafíos económicos, sociales y medioambientales que condicionan el presente y el futuro de la agricultura y ganadería en España, y que constituyen el objeto de este artículo.
El sector primario en España cuenta con unos márgenes de explotación muy reducidos (por comparación a otros ámbitos), lo que condiciona gravemente la viabilidad de las explotaciones. Este escaso margen de explotación se explica en parte por una coyuntura adversa: fuerte incremento de los costes de producción intermedios, sequía persistente y temperaturas más cálidas de lo habitual.
Con todo, la compresión secular del margen de explotación del sector primario obedece fundamentalmente a cuestiones de carácter estructural que no siempre han sido tomadas en consideración. Desde la perspectiva de la oferta, los productos agropecuarios son bienes homogéneos, no están diferenciados y, por tanto, la competencia entre la infinidad de productores nacionales que operan en el mercado nacional se establece necesariamente vía coste y precio. Esta circunstancia tiende a reducir los márgenes hasta los límites que marcan los costes de producción de cada explotación (o a veces más allá). Desde la perspectiva de la demanda, los agricultores y ganaderos (que son muchos y pequeños) no tienen capacidad de negociación sobre los precios finales (en destino) de sus productos, ya que están sujetos al poder de compra (oligopsonístico) de los intermediarios de las cadenas de suministro (que son pocos y de gran dimensión). Este extremo da lugar a una divergencia creciente entre el margen en origen y el margen en destino de los alimentos que enerva al sector primario y condiciona su rentabilidad.
En este escenario, la corrección de este problema de poder de mercado desigual en la cadena alimentaría pasa, o bien por diferenciar el producto, o bien por reducir los costes de producción. Sin embargo, la creación de denominaciones de origen protegido o de indicaciones geográficas dirigidas a señalar la calidad del producto, evitar la competencia vía precios y retener un cierto poder de negociación para los productores agropecuarios no ha resultado demasiado efectiva.
En consecuencia, la reducción del coste medio de producción, a través de la explotación de las economías de escala o mediante la mejora de la productividad de las explotaciones, se erige como la opción a priori más realista.
Pero el problema es el tamaño de las explotaciones. El sector primario en España se configura a partir de una gran cantidad de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas (más del 50% disponen de 5Ha o menos). Se trata, además, de empresas de carácter familiar gestionadas por personas físicas (94% del total) cuyo titular es el jefe de la explotación (81%), predominantemente un hombre (71%) que suele tener una formación basada en la experiencia práctica y una edad avanzada (menos del 4% tiene menos de 35 años y los mayores de 65 suponen el 41%).
Esta fragmentación excesiva limita la capacidad de los productores para aprovechar las economías de escala y mejorar la competitividad del sector. Las explotaciones de menor dimensión suelen ser más ineficientes, pues cuentan con una menor capacidad de inversión, limitando la innovación y transformación técnica de las instalaciones.
La presencia de unos márgenes exiguos y unas explotaciones atomizadas resulta una combinación imposible que condena al sector a un círculo vicioso del que resulta difícil escapar: márgenes nimios y escasa rentabilidad implican inversión limitada. Pero sin inversión no hay posibilidad de redimensionar la escala de producción, facilitando una mayor eficiencia que propicie la ampliación de los márgenes comerciales y del poder de negociación.
Estas circunstancias se ven agravadas por el envejecimiento de la población rural y la falta de relevo generacional. Más del 40% de los jefes de explotación actuales se jubilarán a lo largo de los próximos 10 años, lo que supone la necesidad de entrada de unos 200.000 jóvenes en el sector para suplir su impacto. Pero si las explotaciones no son rentables, el agricultor senior se resigna al cese de su actividad y el agricultor joven desiste de entrar en el sector.
Sin embargo, hay ciertos datos que invitan a la esperanza. En los últimos años, se ha producido un ligero proceso de concentración en el sector: se ha incrementado el tamaño de las explotaciones a costa de reducir el número de explotaciones de menor dimensión. Esta tendencia hacia una mayor concentración de la propiedad de las explotaciones supone un cierto cambio estructural en el modelo de negocio que ha redundado en la mejora del rendimiento.
Finalmente, el largo episodio de sequía es una manifestación de uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector: combatir y atenuar los efectos del cambio climático. Este desafío exige elevar la eficiencia en el uso de recursos productivos. La instalación de herramientas de sensorización y comunicación o el desarrollo de plataformas informáticas de análisis, consulta y registro de datos pueden dotar al sector agropecuario de gran cantidad de información para poder aplicar modelos predictivos y conseguir ahorros en el uso del agua, pero también en los principales insumos de las explotaciones como fertilizantes, fitosanitarios, forrajes y energía.
Los recursos de la nueva PAC y del Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica) deberían posibilitar la financiación de la inversión en infraestructuras y de la formación de personas, hitos necesarios para asegurar la viabilidad económica, sostenibilidad productiva y el relevo generacional del sector primario en España.
Joan Ripoll es director del grado en Economía de la Universitat Abat Oliba CEU
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