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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El incendio que agita el campo español

El Gobierno debe sentarse a escuchar y a objetivar las reivindicaciones de los agricultores contra la política agraria europea

A man walks near a fire, as farmers block the AP-7 highway during a protest over price pressures
ALBERT GEA (REUTERS)

Desde que en 2019 la UE impulsó el Pacto Verde y puso sobre la mesa la estrategia agrícola From Farm to Fork, las tensiones sobre el efecto de esa política sobre el sector agrícola han sido constantes. Un debate en el que se han cuestionado con contundencia no las metas de la estrategia –reducir la huella climática, mejorar la seguridad alimentaria, evitar el despilfarro y preservar la biodiversidad–, pero sí sus tiempos y los medios para alcanzarlas. Las organizaciones agrícolas, pero también diversos servicios de estudio, han criticado en los últimos años la celeridad de ese calendario, entre ellos el Joint Research Center, un centro de estudios de la UE que ha advertido del impacto negativo que puede tener la estrategia sobre la producción y el saldo comercial agrícola europeo.

En ese horizonte de conflicto hay que enmarcar la cadena de protestas que están incendiando la agricultura europea, golpeada en los últimos años por los efectos de la pandemia, la crisis de materias primas, la inflación y en algunos países, como España, la sequía. Las movilizaciones en el campo español, que están provocando cortes de carretera y retenciones en varias provincias, no tienen carácter unificado y están articuladas en tres frentes, que comparten algunas, pero no todas las reivindicaciones. Por un lado, los agricultores de Asaja, COAG y Upa, organizaciones mayoritarias, por otro, la Unión de Uniones –agrupación de agricultores con mayor presencia en Castilla y León, Comunidad Valencia y Cataluña–, y un tercer bando integrado por distintos grupos formados en las redes sociales.

La hoja de reclamaciones del sector agrícola español coincide a grandes rasgos con la del europeo: reivindicación de “precios justos” para las producciones, una política más estricta de las importaciones extracomunitarias y una reducción de la burocracia relacionada con la Política Agraria Común (PAC) y el Pacto Verde. La virulencia de las protestas, con cortes de vías y protestas en las principales carreteras europeas, y el temor al populismo latente tras algunas de ellas, ha logrado arrancar las primeras concesiones de Bruselas, que ha congelado la normativa sobre reducción de pesticidas y ha prometido más ayudas.

Como ha ocurrido ya en Francia, donde el Ejecutivo de Emmanuel Macron ha hecho importantes concesiones, el Gobierno debe sentarse a escuchar las reivindicaciones de los agricultores, separar el grano de la paja en cuanto a la necesidad y conveniencia de esas peticiones y dar respuesta efectiva a un conflicto con potencial para enquistarse seriamente y colapsar un sector fundamental para el consumo y la economía del país.


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