Las dos funciones del subsidio de desempleo
Hay que proteger a los colectivos con más dificultades y estimular la búsqueda de empleo, al tiempo que se reduce la desigualdad
La reunión que mantuvo el lunes el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales y la patronal para abordar la reforma de los subsidios por desempleo, que el Gobierno intentó aprobar sin éxito por vía de real decreto el pasado diciembre, se ha saldado con la voluntad de estudiar una ampliación de los beneficiarios del subsidio. Durante el encuentro, tanto UGT como CC OO plantearon la necesidad de aumentar las cuantías asistenciales de los parados mayores de 52 años, pero también de extenderlas a otros colectivos, como los desempleados menores de 45 años, aquellos con contrato a tiempo parcial o los autónomos, los cuales no reciben a fecha de hoy subsidio por desempleo. La patronal, que mantiene sus críticas a la propuesta de Trabajo, también han planteado la conveniencia de adoptar medidas para el trabajo a tiempo parcial.
Aunque las negociaciones para consensuar la reforma requerirán de más encuentros, el hecho de que el texto sea debatido con sindicatos y patronal, y tramitado por vía ordinaria, dará oportunidad para reforzar el diálogo, pulir el diseño y negociar las aportaciones de empresarios y agentes sociales. A día de hoy, existen pocas dudas sobre la necesidad de reformar un modelo que arrastra notables deficiencias y que puede mejorarse tanto cuantitativa como cualitativamente. La propuesta que Trabajo plantea a patronal y sindicatos parte del esquema que fue rechazado en el Congreso, un modelo que mejora las condiciones de la ayuda al desempleado, con una cuantía que comienza en 570 euros para, si se alcanza un año de recepción, decrecer hasta los 480 actuales.
La reforma del subsidio por desempleo debe optimizar una herramienta que ayude a lograr el objetivo de toda política económica: aumentar las tasas de ocupación y reducir el paro para acercar España a las medias europeas y avanzar hacia el pleno empleo. Pero la prestación cumple también con una función de reducción de las desigualdades sociales. En ese sentido, Fedea presentó el lunes un estudio en el que se concluye que la intervención del Estado a través de prestaciones sociales e impuestos redujo la desigualdad de renta en España en un 35% en 2021. Un recorte en el que la fiscalidad jugó un papel minoritario frente al de las pensiones de jubilación, los subsidios de desempleo y el resto de ayudas, que propiciaron el 72% de esta bajada.
Con esos datos en la mano, el gran objetivo de la reforma que plantea el Gobierno pasa por buscar un punto de equilibrio que permita proteger a los colectivos con más dificultades y estimular la búsqueda de empleo, al tiempo que ayuda a reducir la desigualdad social de forma real y efectiva.
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