El precio invisible del desperdicio alimentario
El incumplimiento de la nueva normativa será sancionado con multas de hasta 60.000 euros, que pueden llegar a 500.000 para las empresas reincidentes
Los bancos de alimentos han experimentado recientemente una demanda sin precedentes. La inflación y las crisis de suministro suponen un desafío a la sociedad y a su relación con la alimentación. En este contexto, las entidades sociales enfrentan un reto monumental que tambalea las previsiones y preocupa al sector social.
Los bancos de alimentos, con el objetivo de recolectar 23 millones de toneladas de comida, se han visto sorprendidos por una disminución significativa en las donaciones. Este escenario, que afecta también a entidades del tercer sector comprometidas con la ayuda alimentaria, es una señal clara de lo complicada que es la situación y de las dificultades que afrontan para abastecerse de forma recurrente. Por si fuera poco, cada vez más familias están haciendo malabares en su dieta, apartando de ella aceite, carne, huevos y pescado. Estos productos, antes esenciales para una dieta equilibrada, ahora parecen más un lujo. La disminución de las donaciones y la compleja coyuntura económica, se convierte en un efecto dominó que afecta especialmente a los colectivos más vulnerables.
A ese escenario hay que sumar el desperdicio de alimentos, que provoca la paradoja de que mientras más de seis millones de personas en España no tienen acceso a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades, hay toneladas de alimentos, más los recursos que se consumen durante su producción, que acaban en la basura. Según el Informe del desperdicio alimentario del Ministerio de Agricultura, los españoles lanzaron a la basura 1.201 millones de kilos de comida en 2022, un 6,2% menos que el año anterior. Cada ciudadano contribuyó con más de 28 kilos de comida tirada, una cifra que plantea la pregunta de si las salsas, carnes congeladas y legumbres tienen algún valor.
Por suerte, estamos empezando a cambiar esta dinámica y recuperando ese respeto por la alimentación que en ciertos momentos parece haberse desdibujado. España ha despertado a la conciencia del desperdicio alimentario y, además de una mayor sensibilización en los hogares, la cadena alimentaria de la mano de la tecnología está conectando los excedentes con las entidades solidarias. La tecnología blockchain despliega su potencial al rastrear y reportar el trayecto de los alimentos, lo que evita que se pierda el rastro a los alimentos. Esta digitalización del proceso no solo es eficiente, sino que aumenta y ramifica la capacidad de ayuda de las entidades sociales, fundaciones y bancos de alimentos. Una nueva oportunidad para el sector de ayuda social, para las familias y para demostrar que el desperdicio alimentario tiene fecha de caducidad.
Todo este proceso de cambio solo tomará forma si cada ciudadano se compromete de manera consciente y activa en este proceso. En esta misma línea, el Gobierno ha decidido retomar la aprobación de la ley contra el desperdicio alimentario, lo que convierte a España en el tercer país de la Unión Europea en regular este problema, tras Francia e Italia. Con la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, muchas empresas de la cadena alimentaria estarán obligadas a tener un plan para prevenir el desperdicio. Además, el texto exige a los actores firmar convenios con el sector social para dar salida a los excedentes, y a dar la máxima prioridad al consumo humano. El incumplimiento de la norma será sancionado con multas de entre 2.000 y 60.000 euros, y hasta 500.000 euros para los reincidentes. Adicionalmente, la ley también prevé que bares y restaurantes ofrezcan a sus clientes lo que no hayan consumido.
La imposición de multas comunica de manera inequívoca que la responsabilidad individual contribuye al bienestar común, y que se aplicarán sanciones contundentes contra aquellos que no prioricen la reducción del desperdicio alimentario en sus estrategias corporativas y en sus acciones cotidianas. La aplicación rigurosa de estas medidas no solo pretende garantizar la conformidad con la ley, sino también construir una cultura que valore la sostenibilidad y la gestión responsable de recursos. En última instancia, estas acciones buscan, de un modo categórico, impulsar un cambio de paradigma hacia prácticas más responsables, y generar beneficios, primero para la sociedad y, como no puede ser de otra manera, también para la economía en el largo plazo.
Estamos presenciando una revolución en el tercer sector en España, donde la tecnología y las leyes se entrelazan para construir puentes entre la industria alimentaria y los colectivos en riesgo de exclusión social. El objetivo es crear un mundo donde las políticas giren en torno a cuidados, personas y entorno, en un intento de enfrentar el hambre y aprovechar todas las herramientas que la tecnología nos ofrece para facilitar el camino. Ha llegado el momento de cerrar el telón del derroche, dar el justo valor a la alimentación y aliviar la carga que acarrea generar alimentos sin destino.
Kilian Zaragozá es CEO y cofundador de Naria
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