Salvar al soldado Siemens
Las crisis suelen desatar respuestas de los Gobiernos destinadas a rescatar empresas en apuros. Y surge siempre un dilema moral sobre justicia y equidad
En los últimos tiempos, cuando viajamos por la geografía española, observamos un paisaje que va cambiando progresivamente. Muestra un espectáculo de ballet moderno con bailarines de acero gigantes que emergen de nuestros campos y mesetas, formado por unas majestuosas estructuras de dimensiones gigantescas cuyos brazos cortan el aire y giran en armonía, como si de una sesión de zumba se tratase, rompiendo la monotonía del viaje. Además de energía, estos emplazamientos generan un impacto estético en el paisaje que rompe la armonía tradicional de la naturaleza. Si Don Quijote viviese, tendría por delante una larga batalla, desde su noble corcel, lanza en mano, contra los nuevos molinos de viento del siglo XXI.
La Unión Europea tiene como objetivo para el año 2050 alcanzar la neutralidad climática y para ello, los países están adoptando una serie de compromisos e iniciativas políticas, en la senda de la transición ecológica, mediante el Pacto Verde Europeo, para lo que se está dotando de miles de millones de euros para que las empresas puedan participar en la transformación europea. Se trata, sin lugar a dudas, de un negocio muy lucrativo, en el que participan numerosas empresas de todo el planeta y que se encuentra liderado por las principales compañías de fabricación de aerogeneradores, como son las chinas Goldwind y Envision, así como Vestas, GE Renewable, o las alemanas Siemens Gamesa y Nordex.
Si hacemos un poco de historia, corría el año 2017 cuando Siemens anunció la compra de la española Gamesa, desembarcando en la compañía con una participación del 59% y creando uno de los mayores fabricantes de turbinas eólicas a nivel mundial, además de consolidarse en el creciente sector de las energías renovables. Eran días de vino y rosas, en los que Gamesa era un caramelito para Siemens, pues sus resultados financieros mostraban buenos ratios, con un ROE del 17,6% y un margen operativo del 10,35%. Sin embargo, el nuevo propietario no supo hacer bien la digestión de esta compañía, pues los resultados dieron un giro hasta alcanzar pérdidas, tres años más tarde, con un -18,6% y -10,1% respectivamente en los anteriores indicadores.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el último ejercicio de Siemens Energy, que ha arrojado un resultado negativo de casi 4.600 millones de euros, aparentemente por el pésimo comportamiento de su filial Gamesa, debido a los problemas técnicos de funcionamiento de las turbinas y aerogeneradores que están ocasionando sobrecostes asociados a las reparaciones, así como compensaciones a clientes por la demora en los pedidos o la caída en los mismos, lo que impacta a corto y medio plazo en la rentabilidad de todo el grupo. Un problema de excesiva externalización y de falta de control de los miles de proveedores de los que se suministra, aunque desde la matriz se justifican por problemas de integración de Gamesa, una especie de eufemismo para no reconocer la pésima gestión por parte de la alemana.
Así pues, se aproximan vientos de cambio para Siemens Energy por la necesidad de modificar el rumbo de Gamesa y tomar las decisiones estratégicas necesarias para regresar al camino de la rentabilidad. La amenaza que suponen los ajustes previstos para ello, así como los posibles despidos y cierres, ha forzado a Alemania a salir a su rescate con avales por 7.500 millones de euros, arrastrando a España con otros tantos para evitar la pérdida de 5.000 empleos, lo que supone 1,5 millones de euros por puesto de trabajo. Quizás sea más caro el collar que el perro.
Al igual que en las novelas de caballería, donde el caballero blanco, a lomos de su corcel, viene a salvar a la princesa en situaciones de desdicha, en los turbulentos mares de la economía, las situaciones de crisis suelen desatar algunas respuestas de los Gobiernos destinadas a salvar a empresas en apuros. Y en esta situación, surge una cuestión para el debate, un dilema moral al que se enfrentan los Gobiernos, en términos de justicia y equidad en el mundo empresarial, cuando tienen que decidir si apoyar o no, con dinero público, al sector privado, salvándolo de sus propios errores, lo que no deja de ser un intervencionismo justificado con supuestas razones estratégicas o de destrucción de empleo. La otra cuestión que se debe dirimir es si se debe hacer con determinadas empresas o con todas, aunque parece evidente que no se puede hacer con todas.
La historia muestra que, en situaciones de crisis empresariales, no son pocos los programas de rescate financiero público que se ponen en marcha para evitar la quiebra de una gran compañía, justificados por su posible impacto en la estabilidad económica, preservando el empleo, evitando las posibles consecuencias negativas a nivel sistémico por el efecto dominó sobre otros agentes del mercado o bien para asegurar la supervivencia de sectores críticos cuya protección garantiza el acceso a bienes o servicios esenciales o estratégicos.
La salvación selectiva de grandes empresas que reciben un salvavidas financiero, mientras que otras, más pequeñas o con menos influencia, se hunden en la bancarrota, hace que muchos se pregunten si el Estado debe ser juez o parte en su papel de guardián y árbitro de la economía. Más aún cuando son las pequeñas empresas y los autónomos, los que representan la esencia de la economía del país y los que más contribuyen al tejido social y económico de la sociedad, mientras tienen escasas o nulas ayudas, lo que origina una desigualdad económica que les obliga a cerrar o endeudarse gravemente mientras que las grandes compañías siguen consolidando su poder en detrimento de la diversidad empresarial y la competencia.
El problema de fondo se conoce como riesgo moral, una situación en la que los directivos de las compañías toman decisiones arriesgadas sabiendo que, si tienen un gran problema, serán rescatados por los Gobiernos. Es como jugar al poker, sabiendo las cartas que nos van a salir y que, si perdemos la partida, paga la casa, lo que genera la controversia de si se perciben estas ayudas como favorecimiento de intereses corporativos o de futuras puertas giratorias en detrimento de los contribuyentes o de otros competidores.
Juan Carlos Higueras es doctor en Economía y profesor de EAE Business School
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