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A Fondo
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La importancia de la reforma del mercado eléctrico de la UE

Permitirá aumentar la protección del consumidor, mejorar la competitividad industrial y promover la inversión en renovables

La comisaria de energía de la UE, Kadri Simson (izquierda); la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Energía de Eslovenia, Bojan Kumer (derecha), durante la tercera jornada de la reunión informal de ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE, el 12 de julio en Valladolid.
La comisaria de energía de la UE, Kadri Simson (izquierda); la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Energía de Eslovenia, Bojan Kumer (derecha), durante la tercera jornada de la reunión informal de ministros de Medio Ambiente y Energía de la UE, el 12 de julio en Valladolid.Photogenic/Claudia Alba (Europa Press)

El pasado día 14 se aprobaba en trílogos la reforma del mercado eléctrico de la UE propuesta por la Comisión Europea el pasado mes de marzo. Este acuerdo puede considerarse como uno de los grandes hitos de la presidencia española de la UE, ya que ha sido una negociación muy compleja, en la que había varios temas de difícil consenso.

Esta reforma persigue principalmente tres objetivos: aumentar la protección de los consumidores europeos, mejorar la competitividad del tejido industrial y promover las ingentes inversiones en renovables y transición energética necesarias en la UE en los próximos años.

Resumidamente, entre los principales acuerdos adoptados, destacaría, en primer lugar, el mantenimiento del actual diseño marginalista del mercado eléctrico que, además de ofrecer el despacho de generación más eficiente, permitió generar, según ACER (Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía), más de 34.000 millones de euros de beneficios en el año 2021 gracias a la integración de los mercados europeos.

En segundo lugar, el fomento de la contratación a plazo, y, en particular, los PPA (Power Purchase Agreements) o contratos de compraventa de energía a plazo privados, y los contratos bidireccionales por diferencias (CFD) o instrumentos equivalentes.

En estos contratos bidireccionales, voluntarios y organizados a través de subastas, los participantes se comprometen a entregar un volumen concreto de energía a los sistemas eléctricos a un precio estipulado de antemano (precio strike), asegurando así un precio sin riesgo de contraparte. Se favorece así la libertad de elección de los agentes entre acuerdos privados o públicos. Con respecto a los PPA, se recomienda a los Estados miembros a que establezcan medidas de cobertura pública de los riesgos de contraparte (en el caso de España, Cesce ya lo hace para los consumidores electrointensivos, siempre que se cumplan ciertos requisitos).

En tercer lugar, se promueven la flexibilidad de la demanda y el almacenamiento y se elimina el carácter de último recurso de los mecanismos de capacidad para que estos se configuren como un elemento estructural del diseño del mercado eléctrico. Asimismo, se incluye el mandato a la Comisión europea de presentar un informe que valore las posibilidades de simplificar y facilitar su proceso de aplicación, asegurando que los problemas de adecuación puedan ser abordados de manera apropiada por los Estados miembros. Este es un elemento esencial para asegurar la firmeza de los sistemas eléctricos, en un entorno de cada vez mayor integración de renovables intermitentes

En cuarto lugar, el fortalecimiento del mercado único de la energía mediante el diseño de mecanismos uniformes para toda la Unión Europea. En particular, tras la heterogeneidad en las medidas aplicadas por los diferentes Estados miembros durante la crisis energética, se estipula que, en situaciones declaradas conjuntamente como de emergencia, puedan aplicarse acciones coordinadas de protección de los consumidores, con límites temporales ciertos y que no supongan una desventaja competitiva para los mercados vecinos. En este sentido, también se acuerda no prolongar para 2024 las medidas excepcionales de intervención de los precios eléctricos (como es el caso de la minoración de ingresos o revenue cap).

En quinto lugar, se establece una mayor protección a los clientes vulnerables o en riesgo de pobreza energética, compensando a los comercializadores, en su caso, por las pérdidas asociadas.

Por último, se consolida la importancia de las redes de transporte y distribución para hacer frente a los importantes retos a los que se enfrentan los sistemas eléctricos: mayor descentralización y democratización, mayor descarbonización y mayor digitalización.

De este modo, la planificación de las redes deberá anticipar las necesidades de los sistemas energéticos para no obstaculizar los procesos de electrificación y descarbonización industrial y, además, la metodología de retribución deberá ser lo suficientemente clara y concisa para que los gestores de redes puedan conocer de antemano las inversiones que serán retribuidas por el sistema.

En definitiva, el año 2023 será recordado como el año en el que se discutió y acordó la reforma del mercado eléctrico europeo, bajo presidencia española, algo que no ha sido nada fácil, y que permitirá seguir dando pasos encaminados a construir un verdadero mercado único de la energía, dotando de mayor competitividad a las empresas y mayor protección a los consumidores.

Antonio Hernández es socio responsable de sectores regulados, análisis económico y sostenibilidad en EY Consulting

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