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Analisis
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Nico Williams, Lamine Yamal y el fin del independentismo

España necesita cinco millones de cotizantes, 1,2 millones en Cataluña y País Vasco, y solo es posible con fuerte crecimiento e inmigración, que diluye la pulsión identitaria

jubilados
ÓSCAR CORRAL

Los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes generan mucho ruido reclamando competencias. Este es el caso de la transferencia de la Seguridad Social, cuya gestión atribuye el Estatuto de Guernica al Gobierno vasco, por eso la solicita con insistencia el PNV, pero no encuentra encaje en la Constitución, que expresamente consagra el principio de solidaridad y unidad de caja. Lo llamativo es que la Seguridad Social tiene un agujero enorme, producto de la desproporción entre lo que recauda en cotizaciones sociales y las prestaciones que tiene asumidas. Este desfase es especialmente alto en las regiones del norte de España, donde la media de la población es más envejecida.

Según un informe reciente de Fedea, Baleares es la única comunidad autónoma que en 2021 tuvo superávit (más recaudación que prestaciones), si bien otros informes preliminares de 2022 incluyen también a Madrid. Sin embargo, Cataluña y País Vasco tienen déficits muy abultados, con lo que quizás haya más ruido que nueces en tan enfáticas reclamaciones. ¿Para qué quieren una competencia ruinosa? ¿Tienen la fórmula secreta para solucionarlo?

Los datos son elocuentes, en 2021, España tenía 9,9 millones de pensionistas, que generaban un coste anual de 165.914 millones de euros. Este coste se financiaba con las cotizaciones sociales de 20,18 millones de trabajadores y sus empresas, que aportaban un total de 132.504 millones a las arcas de la Seguridad Social. Por tanto, en ese año, el déficit fue de 33.410 millones de euros, de los que 4.904 millones corresponden a Cataluña y 4.088 millones al País Vasco. Estos datos no han cambiado sustancialmente, porque aunque en 2022 y 2023 ha aumentado el número de cotizantes en algo más de un millón, también ha subido el número de pensionistas (+185.000) y el coste medio de la pensión (+15%).

La solución a ese déficit pasa porque haya muchos más cotizantes, para lo que es necesario que la economía crezca de manera sostenible en el tiempo y cree mucho empleo. Los datos de Fedea de 2021 reflejan que cada trabajador generaba un ingreso medio por cotizaciones sociales de 6.564 euros, lo que implica que para neutralizar el déficit de 33.410 millones de euros harían falta algo más de cinco millones de empleos adicionales; 679.000 en Cataluña y 496.000 en el País Vasco.

Este salto en el empleo suena a ciencia ficción. Primero, porque España no cuenta con esas personas y, segundo, porque es dudoso que la actividad vaya a crecer tanto como para crear ese número de empleos. En 2021, España tenía 3,1 millones de parados, de manera que ni siquiera poniendo a trabajar a todos los desempleados se conseguiría equilibrar las cuentas. En Cataluña y País Vasco, las diferencias son aún mayores, ya que están entre las comunidades con menos paro. Euskadi tiene tan solo 88.000 desempleados y Cataluña tiene 395.000.

Además, la pirámide de población indica que en los próximos años va a haber muchas más jubilaciones, puesto que llega a esa edad la generación del baby boom, los nacidos en los años 60 del siglo pasado, y se incorporan al mercado laboral cohortes con prácticamente la mitad de personas. De 1963 a 1977, nacieron entre 650.000 y 690.000 niños al año, mientras que en los últimos 40 años, solo en 2008 nacieron más de medio millón y en otros diecisiete años ni siquiera se llegó a 400.000.

Por tanto, ¿dónde está la solución al déficit estructural de las pensiones? En la actividad y en una inmigración casi masiva. En el último padrón, el de 2022, España contaba con 47,7 millones de habitantes, de los que 5,5 millones, el 11,6%, son extranjeros. Baleares es la comunidad autónoma con más población foránea, un 18,8%. No es casualidad que Baleares sea la región con más extranjeros, con la menor tasa de paro (5,72%) y la única con superávit en la Seguridad Social. Eso sí, el PIB per cápita está ligeramente por debajo de la media nacional (25.498 euros), lo que tiene que ver con el peso del turismo y el empleo de menor calidad. Este ranking de actividad, lo lidera Madrid (34.821) seguida por las regiones con presión independentista: País Vasco (32.925), Navarra (31.024) y Cataluña (29.942). Lo que reafirma la idea de que son los más ricos los que quieren abandonar el grupo.

La población extranjera alcanza el 16,2% de los habitantes de Cataluña y el 8,3% de la del País Vasco. Estas dos regiones, que están entre las que más inmigración interior (Andalucía, Castilla y León, Galicia o Aragón) recibieron durante el desarrollismo de la dictadura (1960-1975), vuelven a necesitar mano de obra, ahora extranjera. Las élites nacionalistas vascas y catalanas han considerado con frecuencia que aquella inmigración del interior de España desdibujó su identidad nacional, por eso se les pretendía ridiculizar con adjetivos despectivos como maqueto (País Vasco) y charnego (Cataluña).

Nico Williams (Bilbao, 2002) y Lamine Yamal (Esplugas de Llobregat, 2007), jugadores del Atheletic Club y del Barcelona y de la selección española, son solo un ejemplo (espero perdonen su uso) de la transformación de España y especialmente de las regiones más prósperas; en Extremadura, Asturias o Galicia la inmigración no llega al 5%. Los padres de Nico vinieron de Ghana, los de Yamal, de Marruecos y Guinea Ecuatorial, solo pueden votar en las elecciones generales si ya tienen la nacionalidad española, algo que no hay duda con sus hijos, puesto que ya han nacido aquí.

La ironía del destino está en que la continuidad del vigor económico de Cataluña y País Vasco, y de otras regiones, dependerá de su capacidad de atraer mano de obra inmigrante que haga las tareas que los españoles desdeñan, que van desde la construcción, la hostelería, o la agricultura, hasta lo más preciado, como la salud, o el cuidado de mayores y niños. Su éxito en la captación de inmigrantes volverá, como en el siglo pasado, a implicar pérdida de identidad nacional y, quién sabe, si a la desaparición definitiva de la pulsión independentista. Seguramente, el inevitable crecimiento de la población extranjera sea una de las razones por las que cunde la prisa en convocar referendos de independencia. Saben que cuanto más tiempo pase, más minoría son.

Aurelio Medel es periodista y doctor en Ciencias de la Información

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