La disyuntiva económica del Gobierno
La composición del nuevo Ejecutivo parece que disocia la acción económica en una doble vertiente: productiva, en manos del PSOE, y social, en manos de Sumar
En la composición del Gobierno de coalición PSOE/Sumar estamos observando como la acción económica parece que se disocia en una doble vertiente: la responsabilidad de la economía productiva en manos del PSOE, con el sobrenombre de ministerios de Estado, y la de la economía social, en manos de Sumar. Me preocupa que exista una doble vertiente para analizar los temas en términos de política económica; por un lado, el crecimiento productivo y, por otro, trabajar para que se mantengan los estándares de calidad de vida y de mejora laboral y de derechos para todas las personas. Nunca he considerado que la economía debería tener estas dos vertientes, sobre todo porque a los que tenemos ya una cierta edad nos hace pensar que no hemos avanzado lo suficiente.
Me gusta y reconozco el acierto de que las personas que van a desarrollar este cometido estén en Sumar, así como que Rosa Martínez sea la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y Amparo Merino la Secretaria de Estado de Economía Social, ya que sus posicionamientos, trayectorias y experiencia nos indican que estamos en buenas manos. Pero, me preocupa que el alcance esté desligado de la economía, en mayúsculas, que obedece más al criterio de preservar el progreso, basándose en el crecimiento y al mantenimiento de una determinada posición marcadamente neoliberal y a que lo que no genera rendimiento financiero o no mantiene contentos a los cabezas de cartel de las grandes corporaciones no vale. Recientemente, hemos visto como, con gran profusión en los medios, los ejecutivos de las grandes compañías marcan el territorio, amenazando con que van a abandonarnos e invertir fuera lo que estaba previsto llevar a cabo en nuestro país, cuando si hicieran un análisis temporal de su progreso personal y empresarial verían que el papel del Estado, es decir, de todos nosotros, ha sido el elemento fundamental para que hayan alcanzado el éxito empresarial que los mantiene en el cargo. No obstante, rara vez, y siempre separados de su core business, han demostrado preocupación sobre su compromiso ético o, como gusta más decir actualmente, sobre que su responsabilidad social corporativa esté dentro de los rangos de la política de comunicación prevista.
En mis anteriores artículos en este medio mostraba mi preocupación por la dicotomía en la que Europa se está moviendo y la tendencia que se está produciendo con la pérdida de peso de la Europa de los derechos sociales frente a la Europa de los lobbies. Me alarma que, ya de partida, esta diferencia se vea también reflejada en la composición del Gobierno actual. Por un lado, por la señal que se está enviando de que la economía de todos no es economía del Estado y, por otro, que el socio minoritario de gobierno tenga que remar siempre a contracorriente. De hecho, nada más tomar posesión, hemos visto cómo se ha producido el primer enfrentamiento con motivo de los criterios de fijación del subsidio de desempleo y que esperemos no tenga continuidad con la subida del salario mínimo interprofesional.
Soy consciente de que esta duda, con el escaso tiempo que lleva trabajando el nuevo Gobierno, puede indicar que estoy poniéndome la venda antes de que exista una herida, pero, por formación, me resisto a separar la economía productiva de la economía de los trabajadores y de la ciudadanía, aunque mantenga la esperanza de que lo que tenemos es lo mejor que podíamos tener, si nos atenemos al histórico de la política social y laboral que se ha llevado a cabo en la anterior legislatura, y que espero que pueda seguir desarrollándose en esta.
En el programa electoral de Sumar, la base de la interrelación entre la creación del valor y su distribución, la necesidad de repotenciar el Estado y de crear instrumentos públicos para un desarrollo económico más social, me parecieron ideas no solo ambiciosas, sino también necesarias. No nos olvidemos que la economía productiva se basa, en gran medida, en la aportación de fondos públicos, de forma directa o indirecta, cuando su origen está en la regulación de las condiciones del mercado.
Me gustaría que cuando hablamos de economía no separemos la economía productiva de la redistribución de la riqueza generada. Hay suficientes referentes en las propuestas de economistas actuales para que no nos olvidemos de que ambas deberían tener el mismo objetivo: el de que la economía sirve no solo para rentar al capital y mantener viva la estructura productiva, sino también para que todas las personas tengan acceso a los bienes esenciales y puedan desarrollarse verdaderamente en libertad, con todos sus derechos y disfrutar de vivir en una sociedad que presenta igualdad de oportunidades independientemente de sexo, raza, edad, lugar de residencia, de origen...
Separar ambas líneas de acción, sin menoscabar que exista una unidad política de actuación, introduce un sesgo difícil de asumir, porque volvemos a lo que ya vivimos en la crisis del 2008, es decir, a la jerarquización de la distribución del valor generado no basada en las necesidades de desarrollo y de justicia, sino en la rentabilidad financiera de las inversiones realizadas.
El Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz manifestaba que el sistema económico se inclina siempre a favor de las grandes empresas y que los acuerdos con los gobiernos no solo no benefician los intereses de la ciudadanía, sino que se olvidan de los desafíos que tenemos a nuestro alcance con el cambio tecnológico producido: “el progreso en el conocimiento es también un bien público” que abre infinitas posibilidades para cambiar el modelo productivo y que este sea más distribuido y menos concentrado.
Mantengo mi esperanza en que las actuaciones políticas del actual Gobierno se van a dirigir hacia el bien común, pero me hubiera gustado que la dicotomía sobre la economía de unos pocos y la economía de todos no hubiera sido tan explícita.
Fernando Ferrando es presidente de Fundación Renovables
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