El intervencionismo público impulsará el próximo ciclo del mercado
Las empresas industriales, las de defensa, las de energía y las beneficiarias de ayudas apuntan a buenas inversiones
El Gobierno no es la solución a nuestro problema; el Gobierno es el problema”. La declaración de Ronald Reagan al asumir la presidencia de EE UU en 1981 marcó el inicio de una nueva era económica dirigida por los mercados y las empresas en lugar del Estado. La crisis de 2008 marcó un retorno temporal a las intervenciones públicas, pero la pandemia, seguida de la invasión de Ucrania, puede representar un punto de inflexión más duradero. A medida que los cargos electos ejercen una mayor influencia en la suerte financiera de sus países, los inversores deben elegir activos que puedan prosperar en las nuevas condiciones del mercado.
La adhesión de Reagan a los principios del libre mercado promovidos por figuras como Milton Friedman –y seguidos por otros líderes como Margaret Thatcher– supuso un profundo cambio para la economía mundial. Tras el proteccionismo, el estancamiento del crecimiento y la inflación galopante de los setenta, la doctrina conocida como Reaganomía promovió el libre comercio, la desregulación, la austeridad fiscal y un Estado del bienestar más pequeño. Estas ideas coincidieron con una expansión del comercio internacional: pasó de representar un cuarto de la economía global en 1970 a más de la mitad el año pasado, según el Banco Mundial. El crecimiento repuntó y la inflación se mantuvo estable, lo que permitió bajar los tipos.
La crisis de 2008 invirtió parcialmente estas tendencias. Los Gobiernos de los países desarrollados lanzaron importantes intervenciones, como el Programa de Alivio de Activos en Problemas de 426.000 millones de dólares para bancos y fabricantes de automóviles de EE UU. Sin embargo, ese estallido de activismo público fue seguido de austeridad fiscal y un crecimiento mediocre. Desprovistos de apoyo gubernamental, los bancos centrales intentaron estimular sus economías llevando los tipos a nuevos mínimos.
El periodo en el que las autoridades monetarias eran la única opción llegó a un abrupto final con la llegada del Covid en 2020. Esta conmoción llevó a los Gobiernos de todo el mundo a intervenir para proteger a consumidores y empresas.
Desde ayudas al empleo en toda Europa hasta el envío de cheques por correo a todos los estadounidenses, el Estado hizo valer su influencia. Justo cuando la emergencia sanitaria estaba remitiendo, la invasión de Ucrania en febrero de 2022 causó nuevas turbulencias en los mercados mundiales de la energía y el comercio internacional. Ello requirió una mayor intervención gubernamental.
La pandemia y la guerra, combinadas con la profundización de las fisuras geopolíticas entre este y oeste, hicieron retroceder la globalización. Los Gobiernos se centraron en asegurar las fuentes de energía y los componentes vitales. Las empresas priorizaron la seguridad sobre el precio a la hora de localizar suministros de materias primas y productos manufacturados.
No es de extrañar, por tanto, el auge de políticas industriales nacionales como la Ley de Reducción de la Inflación de EE UU y los esfuerzos de China por apoyar a los fabricantes de vehículos eléctricos. Según un estudio de los economistas Réka Juhász, Nathan J. Lane y Dani Rodrik, el número de intervenciones de política industrial en todo el mundo ha crecido rápidamente en la última década.
Un Gobierno más intervencionista no sale barato. El reciente gasto público, combinado con el coste de cuidar a unos ciudadanos que envejecen y la lucha constante contra los desastres climáticos, está inflando la carga de la deuda. El FMI predice que el déficit presupuestario ajustado cíclicamente del gobierno de EE UU –excluyendo los efectos de las oscilaciones económicas en los gastos e ingresos– se mantendrá por encima del 7% del PIB hasta 2028. En 2014 era del 2,7%. De media, el gasto en las economías avanzadas superará a los ingresos en más del 4% del PIB durante los próximos cinco años, el doble que hace una década.
Es probable que estos gastos, combinados con los esfuerzos de los trabajadores por hacer subir los salarios en consonancia con los precios al consumo, mantengan la inflación por encima del objetivo del 2% de los principales bancos centrales. Eso significa que a los tipos les costará volver a los niveles ultrabajos observados después de 2008.
Los inversores deben adaptarse a este nuevo régimen y tener en cuenta la actuación de los Gobiernos a la hora de elegir activos.
La primera conclusión es que el aumento de los niveles de deuda, la inflación y los tipos de interés debería ser negativo para los bonos. Pero gran parte del pesimismo parece estar ya descontado. Según un estudio reciente de Capital Economics, el retornos de los bonos del Tesoro de EE UU a 10 años se situará en torno al 4,5% en 2030. Esta cifra está en torno a los niveles actuales, tras un repunte de los retornos provocado por la inquietud de los inversores ante la persistente inflación y el endeudamiento de Washington. El panorama es similar en Reino Unido, Alemania y Japón.
La intervención gubernamental podría tener un impacto mucho más poderoso en las acciones. En general, el aumento del retorno de los bonos tiende a deprimir las valoraciones porque los inversores exigen una mayor compensación para mantener acciones de mayor riesgo. Capital Economics estima que un aumento de esta prima de riesgo desde el nivel actual del 1% hasta su media a largo plazo del 4% reduciría la relación precio/beneficios del S&P 500 a unas 16 veces en 2030, desde las cerca de 30 actuales.
Pero esta destrucción de valor no afectará a todos los valores por igual. Vincent Deluard, de StoneX, ha propuesto una división entre empresas intangibles y tangibles. Las primeras obtienen su valor de la propiedad intelectual, las redes de distribución y las marcas. Las segundas producen bienes tangibles.
Las firmas intangibles, incluidas las tecnológicas como Meta, han dominado la Bolsa en los últimos años. Pero una mano estatal más visible puede levantar a sus homólogas tangibles. Entre ellas figuran empresas industriales y de defensa, como General Electric o Lockheed Martin, que se benefician del gasto público.
Las beneficiarias de subvenciones también pueden salir ganando. Las acciones del grupo de chips Micron Technology, que anunció una inversión de 40.000 millones de dólares en la fabricación de chips de memoria después de que el Congreso de EE UU aprobara el año pasado la Ley de Chips y Ciencia por valor de 53.000 millones, han subido más de un 30% en el último año, superando al Nasdaq Composite.
Grandes energéticas como Exxon o Shell pueden beneficiarse de la escasez de energía provocada por conflagraciones geopolíticas al tiempo que aceptan las subvenciones gubernamentales destinadas a acelerar la transición a formas de energía más verdes. Constructores de viviendas británicos como Barratt Developments o Persimmon podrían beneficiarse de una reforma de la legislación urbanística propuesta por un Gobierno laborista entrante. Mientras, las materias primas podrían encarecerse debido a nuevos conflictos geopolíticos, así como a la demanda de materiales específicos necesarios para la descarbonización.
Traducir temas amplios en inversiones de éxito sigue siendo una tarea difícil: Meta es uno de los valores más rentables del S&P 500 este año. Pero tras varias décadas en las que los Gobiernos trataron en gran medida de mantenerse al margen de los mercados, ahora se están involucrando. Los inversores no pueden ignorarlos.
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