Inversión de impacto: una oportunidad para el desarrollo sostenible
La cooperación española está desplegando una gran actividad, con casos de éxito reconocidos por la OCDE como buenas prácticas
La brecha financiera anual para la financiación del desarrollo sostenible ha pasado de 2,5 a 4 billones de dólares tras la crisis del Covid. Ya no cabe duda de que el nivel de inversión necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 claramente supera los presupuestos públicos, los ingresos fiscales y la ayuda oficial al desarrollo (AOD), estancada en torno a los 200.000 millones de dólares, a pesar de esfuerzos como el de España, que en los últimos cuatro años ha casi duplicado su AOD y fijado por ley el objetivo de alcanzar el 0,7 % de su renta nacional bruta en 2030. Por ello, el sector privado está llamado a ser un elemento clave del desarrollo, como socio de los donantes y de los actores tradicionales. Puede convertirse en fuente de inversión sostenible, de conocimiento y de innovación, tan necesarias para promover sociedades y economías más justas, sostenibles e incluyentes.
La nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, aprobada este año con un amplio consenso político y social, reconoce la importancia del sector privado como socio para el desarrollo y sienta las bases para que la cooperación española, en general, y la cooperación financiera, en particular, contribuyan a la potenciación de la inversión de impacto para el desarrollo, siguiendo la estela de nuestros socios europeos.
La cooperación española ha integrado plenamente la inversión de impacto entre sus herramientas para lograr el cumplimiento de los ODS, entendida como aquella que se realiza para generar un impacto social y medioambiental positivo y medible junto con un rendimiento financiero. En alianza con el sector privado, se está desplegando una gran actividad para identificar oportunidades de inversión, con casos de éxito que han sido reconocidos por la OCDE entre sus manuales de buenas prácticas.
Es el caso del Fondo Huruma, creado por GAWA Capital en 2018, con el apoyo de Cofides, la Unión Europea (UE) e inversores privados. Este fondo busca apoyar a los actores de la cadena de valor agrario en América Latina, África Subsahariana y Asia. La productividad agrícola y la seguridad alimentaria tienen un efecto claro en la reducción de la pobreza, pero los modelos tradicionales de selección bancaria suelen dejar fuera del sistema a los pequeños agricultores, por considerarlos de alto riesgo crediticio. Con una aportación de 20 millones de euros de la Cooperación Española, un millón de Cofides y 10 millones de cooperación europea, en primera pérdida, se han movilizado 90 millones de euros de inversores privados en tan solo 10 meses. Unos 80.000 pequeños productores agropecuarios se han beneficiado de esta inversión mediante el uso de mejores insumos y herramientas, la generación de mayores ingresos y la protección adicional a través de productos de ahorro y micro seguros. Y todo ello, contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valor agrícola.
A través de los fondos de inversión de impacto, inversores públicos y privados aúnan esfuerzos aportando su respectivo valor añadido. El inversor público desempeña un papel catalizador mediante la provisión del llamado capital paciente, que permite a los inversores privados actuar más allá de la responsabilidad social de la empresa en países y sectores donde existe un claro déficit de recursos financieros. Por su parte, el sector privado aporta su conocimiento y experiencia, mejorando las capacidades gerenciales, operativas y comerciales de las entidades financiadas y generando un trasvase de conocimiento y formación para hacerlas más eficientes y competitivas. Con ello, recursos públicos y privados consiguen crear un efecto demostrativo de la rentabilidad de este tipo de inversiones, favoreciendo el apalancamiento de recursos adicionales procedentes del sector privado que persiguen combinar retornos financieros con impacto positivo en el desarrollo.
Conscientes del papel clave de la inversión de impacto, a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), hemos comprometido hasta la fecha recursos por valor de más de 260 millones de euros a nivel global, en iniciativas destinadas a generar oportunidades para agricultores, jóvenes emprendedores, microempresas y organizaciones lideradas en su mayoría por mujeres y a promover modelos productivos más sostenibles social y medioambientalmente.
Por su lado, la UE está impulsando las inversiones sostenibles en todo el mundo a través de la iniciativa Global Gateway, centrada en los sectores digital, energético y del transporte, así como para los sistemas de salud, educación e investigación. Entre 2021 y 2027, el llamado Equipo Europa (instituciones y Estados miembros), tenemos el objetivo de movilizar hasta 300.000 millones de euros de inversiones, en el que es fundamental la canalización de financiación privada para apoyar la triple transición social, verde y digital en nuestros países socios.
La inversión de impacto es una gran oportunidad para que Europa pueda hacer realidad su compromiso con el desarrollo sostenible. La cooperación española está plenamente implicada en ese empeño. Necesitamos desarrollar estrategias efectivas para atraer y apalancar capital privado, tejer alianzas con inversores y empresas españolas y de nuestros países socios, apoyar la creación de un ecosistema sólido de actores y apostar por la medición y evaluación para lograr el máximo impacto en el desarrollo. Tenemos mucho trabajo y muchos retos por delante, pero también enormes oportunidades para promover un mundo más justo, sostenible y próspero mediante la inversión de impacto. Este es el momento.
Antón Leis es director de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
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