Una opción polémica que debe ser bien explicada
El posible retorno del capital público al accionariado de Telefónica es una respuesta objetivamente discutible, aunque legítima, a la ofensiva de STC
La decisión del Gobierno de estudiar la entrada de capital público en el accionariado de Telefónica, comunicada ayer a la CNMV por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), supone poner sobre la mesa una solución drástica, que debería ser explicada con detalle y transparencia. En el hecho relevante enviado al supervisor de los mercados, la SEPI confirma que está “monitorizando la situación de Telefónica” y “llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía”, aunque ello “no presupone la adopción de una decisión que suponga dicha adquisición”. De confirmarse finalmente esa operación, el Estado volvería al capital de la compañía tras su total privatización en 1997, en lo que supone un movimiento fuertemente defensivo frente a STC, la teleco controlada por el fondo soberano de Arabia Saudí, que el pasado septiembre adquirió el 9,9% de Telefónica de forma no explícitamente hostil, pero sí sigilosa y no comunicada.
El hecho relevante de la SEPI no es exactamente una sorpresa después de las manifestaciones realizadas en los últimos días por parte de miembros del Ejecutivo en funciones sobre la intención del Gobierno de utilizar todos los mecanismos necesarios “para garantizar la protección de los intereses estratégicos de España”, pero supone optar por una solución extraordinaria y discutible, aunque sea legítima.
El anuncio irrumpe en el contexto de rumores y presiones que han rodeado la decisión del Ejecutivo sobre la operación del fondo saudí, a la que todavía no ha dado el visto bueno, como tampoco ha aclarado de momento si STC ha presentado la solicitud de autorización, obligatoria en virtud del decreto antiopas, por tratarse de una participación superior al 5% en un sector estratégico y en una empresa con participación en actividades de defensa.
La necesidad de proteger los intereses estratégicos de España y el modo de llevar a cabo esa defensa son cuestiones distintas y sus justificaciones también deben serlo. Existen razones objetivas para reaccionar frente a la entrada de STC en Telefónica. Eso sí, plantear como respuesta el regreso del capital público al accionariado de la gran compañía de telecomunicaciones española apunta a la inexistencia de interés por parte de otras grandes empresas españolas. La medida, de llevarse adelante, supondría volver atrás en la historia de la teleco, lo que requiere una justificación razonable del porqué, del cómo y del hasta cuándo.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
