Un gendarme riguroso para controlar los cárteles de precios
Acuerdos como el desactivado por Bruselas en el sector farmacéutico demuestran la necesidad de una política fuerte de competencia
La decisión de la Comisión Europea de imponer una multa millonaria a cinco farmacéuticas por pactar los precios mínimos de venta del principio activo de la Buscapina y sus genéricos, así como por repartirse cuotas de mercado, constituye la primera sanción de esta naturaleza contra la industria farmacéutica en Europa. Bruselas ha impuesto en total una multa de 13,4 millones a Alkaloids Australia, Alkaloids Corporation, Boehringer, Linnea y Transo-Pharm. Una sexta implicada, C2 Pharma, ha sido exonerada por colaborar en la investigación y revelar los detalles del acuerdo ilegal en el marco del denominado Programa Clemencia que aplican las autoridades europeas de competencia. También Linnea y Transo-Pharm aportaron información voluntariamente, aunque en su caso la exoneración ha sido parcial y se ha traducido en una reducción de la multa. La cuantía de la sanción ha sido también rebajada en un 10% como beneficio por el reconocimiento de los hechos por parte de las compañías.
El procedimiento impulsado por la Comisión tiene la particularidad de afectar a una industria en la que hasta ahora no se habían detectado cárteles de precios y repartos anticompetitivos del mercado. Unas prácticas contra la libre concurrencia que han dado lugar a lo largo de los años a sonados procedimientos y multas millonarias por parte de Bruselas en muy distintos sectores económicos. Entre los ejemplos más famosos figura el cartel de los camiones, por el que la Comisión Europea impuso en 2016 una multa récord de casi 3.000 millones a cinco compañías: Iveco, DAF, Volvo-Renault, Daimler y MAN. Del acuerdo ilegal, operativo durante más de una década, formaba parte también Scania, que fue sancionada un año después.
La OCDE estima que el incremento medio de precios que los acuerdos ilegales de este tipo producen en el mercado oscilan entre un 15 % y un 20 %, aunque existen casos en que esa distorsión llega al 50%. Los perjudicados por los cárteles no son solo las otras empresas del sector, especialmente las que tienen menos fortaleza para sobrevivir, sino también los consumidores y el conjunto de la economía.
La actividad supervisora y reguladora de Bruselas sobre la libre competencia, cuya rigidez es cuestionada a menudo en el ámbito de las fusiones y adquisiciones –y con argumentos no siempre exentos de cierta razón– tiene una importancia capital en la detección de prácticas ilegales sobre el reparto del mercado y los precios. Lamentablemente, la realidad demuestra de forma periódica la necesidad de un gendarme riguroso.
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