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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

La portabilidad bancaria estimulará la competencia

Aunque más concurrencia quizá no mejore los ratios del sector, puesto que las comisiones son parte importante de los márgenes, la culpa no es del cliente

CINCO DÍAS
Oficinas bancarias

Desde hace casi un cuarto de siglo, pues han pasado 23 primaveras ya desde el año 2000, los usuarios de telefonía móvil no están atados al operador con el que contrataron. Fue en aquel año cuando la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, siguiendo las directivas acordadas en la UE, reguló que los cambios de operador de telefonía deberían ejecutarse sin rapidez y sin que el usuario perdiera su número de teléfono. Dos barreras que impedían el ejercicio de las competencias en el sector, pues nadie quería verse en el brete de estar varios días (o semanas) en un limbo tecnológico y, por añadidura, perder el número de teléfono por el que familiares, amigos o compañeros de trabajo le tienen localizado. Esta medida (junto a otras como la obligación de compartir espectro) abrió la puerta a una durísima competencia en el sector, sufrida por parte de las empresas, pero bienvenida desde el punto de vista de los clientes.

En el sector bancario, la directiva europea (cuya trasposición estaba prevista para 2016, pero no se adaptó a la norma española hasta 2019) obliga a que las entidades facilitaran la portabilidad. Esto es, que si un cliente quiere cambiarse del banco A al banco B, la entidad de origen facilite a la entidad de destino no solamente el traspaso de los fondos que estén en la cuenta corriente, sino también todas las domiciliaciones y servicios asociados (tarjetas, hipotecas, valores...) en 13 días como máximo. En resumen, facilitar el cambio de modo que las trabas administrativas o el simple desconocimiento no disuadan al cliente de elegir la entidad que mejores servicios, o menores comisiones, ofrece.

Estas medidas, sobra decirlo, no suelen ser recibidas con algarabía entre la industria dominante. Es por ello que la banca no ha terminado de aplicar la normativa, que debería haber arrancado ya en 2019. El Banco de España, a causa de este retraso, inició una actividad de supervisión el año pasado, que acaba de cerrar, lo que implica que las medidas exigidas ya se estarían aplicando.

La banca argumenta de forma recurrente la baja rentabilidad del negocio; en este sentido, la introducción de mayor competencia probablemente no mejore los ratios del sector, puesto que las comisiones son una parte importante de los márgenes. Pero la culpa no es del cliente: permitir que las entidades operen bajo un régimen de competencia más oficial que real tampoco parece la solución a los supuestos problemas del sector.

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