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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El talón de Aquiles de los fondos de recuperación

La agilización de la gestión de las ayudas debe ocupar un lugar destacado en la agenda del nuevo Gobierno

cERDITO HUCHA AHORRO
Agencia Getty (Getty Images)

El deslucido ritmo de ejecución de las ayudas europeas ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia amenaza con convertirse en el talón de Aquiles de unos fondos de magnitudes históricas y potencial suficiente para transformar la economía española. Las quejas sobre la lentitud en la gestión de las ayudas no son nuevas y ya dieron lugar, a finales de 2022, a un informe de CEOE, basado en un seguimiento propio de las convocatorias y resoluciones adoptadas, que cifró el montante ejecutado ese año en 8.000 millones de euros, un 11,5% del total. Los últimos datos al respecto, correspondientes a los meses de enero a agosto de 2023, provienen de una fuente oficial –la Intervención General de la Administración del Estado– y evidencian de nuevo la existencia de cuellos de botella. El organismo sitúa el volumen de pagos efectivamente realizado en un 16%, por debajo del 20% logrado en el mismo periodo del año anterior, y el de las obligaciones de pago reconocidas en un 28%, lejos del 41% de 2022.

Más allá del debate sobre cuál de los dos criterios monitoriza mejor el avance del proceso, que el Gobierno atribuye a las obligaciones de pago reconocidas y la oposición a los pagos realizados, la ralentización de la ejecución de los fondos se explica en buena parte por el efecto acumulativo de las ayudas pendientes del año anterior, agravado por una coyuntura económica compleja y por el efecto paralizante de un Gobierno en funciones.

Aunque España se distinguió en su momento por la celeridad con la que presentó ante Bruselas el plan de reformas económicas exigido por la CE y con la que solicitó los distintos tramos de ayudas, las dificultades han ensombrecido el proceso de distribución de los fondos, cuyo volumen llegó a desbordar la capacidad de gestión de los organismos que debían canalizarlos, como la SEPI, e hizo necesario reforzar la labor mediante la contratación de asesores externos. A ese desbordamiento inicial, hay que sumar también las dificultades derivadas de la falta de experiencia con el modelo de ayudas, así como las tensiones suscitadas entre los distintos niveles de Gobierno, que en el caso de los Ejecutivos regionales se centraron en la falta de información sobre los plazos y los criterios necesarios para llevar a cabo el proceso. Todo lo anterior explica, pero en ningún caso justifica, un retraso que preocupa con razón a las empresas españolas. Precisamente por ello, la agilización de la gestión de los fondos, con las correcciones o refuerzos que ese objetivo conlleve, debería ocupar un lugar destacado e inaplazable en la agenda del nuevo Gobierno.

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