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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El coche eléctrico necesita más que ayudas para despegar

Prorrogar el plan Moves III y optimizar los incentivos fiscales es clave, pero la competitividad en los costes y la gestión de los márgenes deben jugar mayor papel

CINCO DÍAS
Movilidad sostenible

Las cifras sobre las matriculaciones de coches eléctricos en Europa, hechas públicas esta semana por la patronal europea de fabricantes, arroja una discreta tasa de ventas en el continente–una media del 20%– y una cifra desastrosa en España, que con algo más del 6% está casi a la cola de la UE, solo por delante de Italia. El dato no resultaría tan llamativo si no fuera porque en el ranking de países donde los vehículos eléctricos van ganando terreno destaca Portugal, con una cuota del 24%, que no se explica por la renta per cápita del país, sino por una solvente red de puntos de carga y por un paquete de incentivos fiscales bien diseñado.

La ristra de males que justifican la pobreza de las ventas en España incluyen, en contraste, un cuello de botella administrativo para activar los puntos de recarga, con un papeleo que involucra tres niveles administrativos, y un diseño mejorable de las ayudas a la compra del Plan Moves, cuya tramitación puede alargarse fácilmente casi un año. Pese a ello, a día de hoy, el Plan Moves III, que en principio termina el 31 de diciembre, es el instrumento estrella con el que cuenta la industria española para animar a los ciudadanos a comprar un coche eléctrico. La conjunción de esas ayudas con una desgravación fiscal en el IRPF de 3.000 euros permite al futuro comprador obtener una subvención de 10.000 euros para comprar un coche que roza los 55.000. Tanto los fabricantes como los distribuidores reconocen los defectos del plan Moves, pero consideran fundamental que el Gobierno en funciones lo prorrogue más allá de final de año como condición clave para el despegue de la movilidad eléctrica en España.

El ejemplo de Portugal constituye un espejo privilegiado tanto para corregir errores –la reforma del procedimiento de activación de los puntos de recarga parece una tarea inaplazable– como para optimizar el diseño de los incentivos fiscales y de las ayudas directas a la compra. Pero incluso con esas mejoras, que sin duda rebajarán la factura final, el grueso de los ciudadanos españoles seguirá sin estar en condiciones de apostar por un vehículo que, a día de hoy, sigue siendo bastante más caro que su homólogo de combustión.

Desde la industria se reclama también la rehabilitación del antiguo Plan PIVE para la compra de coches de combustión nuevos, bajo el argumento de que la movilidad sostenible debe ser para todos, “no solo para quienes puedan adquirir un vehículo eléctrico”. Todo parece apuntar a que la competitividad en los costes y la gestión de los márgenes tiene mucho que decir para el éxito del coche eléctrico en España.

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