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Editorial
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Mirar con lupa el asalto saudí a Telefónica

Es imperativo que España, más allá de las diferencias partidistas, alcance un consenso para no poner en riesgo sus empresas de referencia

CINCO DÍAS
STC
YAZEED ALDHAWAIHI (EFE)

La irrupción de Saudi Telecom (STC) en el capital de Telefónica ha puesto en guardia a los reguladores y a los propios gestores de la compañía, a la espera de determinar los intereses que se esconden detrás de una operación no explícitamente hostil, pero desde luego no comunicada. De hecho, hay razones más que de sobra para mirarla con lupa. Las formas, que el conglomerado saudí llevara a cabo la operación con sigilo, durante medio año de compras en el parqué a través de Morgan Stanley, invitan a un análisis profundo del movimiento. El fondo, la consideración de Telefónica no solo como una compañía emblemática en el entramado empresarial español, sino estratégica en tanto gestiona infraestructuras básicas y datos sensibles de los ciudadanos, obliga a redoblar la cautela.

El grupo árabe, controlado por el fondo soberano saudí, se cuidó muy mucho de llegar al 10% del capital de la española, un porcentaje que habría accionado de forma automática el blindaje antiopas. No obstante, no evitará que el Gobierno se pronuncie sobre la operación, al tratarse de una inversión que afecta a una compañía con implicaciones en ámbitos críticos de defensa y seguridad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intento tranquilizar ayer a los empresarios al asegurar, durante un foro de la patronal CEOE, que “el límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales”. El plan estratégico de los saudíes recoge una vocación de controlar los activos que adquiere, y con el porcentaje al que aspira en Telefónica y la presencia en el consejo de administración que le corresponde, es difícil imaginar que no busque intervenir en la gestión.

Es imperativo que España, más allá de las diferencias partidistas, alcance un consenso para no poner en riesgo sus empresas de referencia. Aún supura la herida de Endesa, entregada tras una batalla política estéril a la pública italiana Enel. Más de una década después, los transalpinos no solo se han hecho de oro con la eléctrica vía repatriación de dividendos, sino que han privado a España de una interlocución privilegiada con la empresa en casos de crisis como la provocada recientemente por la invasión rusa de Ucrania. El riesgo se multiplica exponencialmente cuando quien entra en tu casa sin llamar a la puerta acumula un peligroso historial de violaciones de derechos humanos, nada extraño en una dictadura señalada también por el trato a las mujeres. Por mucha que sea la necesidad a corto plazo, elegir un buen socio es un arte a medio y largo.

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