El lastre de la vivienda en España
La proporción de los ingresos que las familias trabajadoras necesitan destinar al pago de sus casas tiene efectos perversos
El problema del acceso a la vivienda envenena la economía española y explica buena parte de las disfunciones sociales y productivas del país. La absurda proporción de los ingresos que las familias trabajadoras necesitan destinar al pago de sus casas (hasta el 40% de la renta, según el Banco de España, en el caso de 1,5 millones de hogares) tiene efectos perversos: merma su capacidad de ahorro para el retiro (el piso es el plan de pensiones de los españoles, suele decirse); retrasa la emancipación de los jóvenes y hurta recursos para otros fines como, por ejemplo, la educación de los hijos y la propia.
Ni que decir tiene que también influye en la baja movilidad geográfica que caracteriza a los trabajadores españoles –otro lastre- y ayuda a entender, entre otros factores, por qué tantas parejas se quedan con el hijo único y crece el problema de la baja natalidad.
A esta dificultad endémica de la vivienda se le suma ahora el efecto de la agresiva subida de los tipos de interés y el coste de los créditos, lo que ya eleva aún más la barrera de entrada al olimpo de la propiedad inmobiliaria. El número de hipotecas constituidas se están desplomando: un 18,3% el abril, un 24% en mayo, según los últimos datos disponibles del INE.
Y, mientras tanto, como si de un universo paralelo se tratase, la inversión extranjera eleva el precio de la vivienda turística a cotas estratosféricas y la compra de viviendas al contado se dispara en las capitales, también por obra y gracia, en buena medida, del dinero foráneo.
El último informe trimestral de vivienda de Caixabank Research señala que una propiedad en la costa es hoy por hoy un 75% más cara en el interior, la brecha de precio más elevada en 10 años. Y en 2024 se alcanzará el máximo de precio desde la crisis financiera, con 3.000 euros por metro cuadrado. La cifra sorprenderá poco a cualquiera que haya oteado el panorama en lugares como Madrid o Barcelona.
Las elecciones del 23 de julio y sus complejos resultados han hecho brotar los llamamientos a pactos de Estado y a políticas de Estado. La vivienda debe ser una de ellos. Hacen falta medidas, entre ellas, hacen falta más viviendas asequibles de promoción pública.
También es necesaria la revisión del sistema de visados de oro para los extranjeros que compran una propiedad, un incentivo creado en los coletazos de la crisis financiera y que hoy no tiene sentido. La vivienda puede ser un negocio, pero también es un derecho básico y, sobre todo, no puede convertirse en un granero de pobreza.
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