Un nuevo RETA todavía a medio gas
El número de autónomos que se ha adscrito hasta ahora al sistema es muy bajo, probablemente por el exceso de burocracia y la falta de información
El 1 de enero entró en vigor el Real Decreto-ley 13/2022, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia, que se implantará de manera gradual en los próximos nueve años y que se basa en la cotización por los rendimientos netos reales obtenidos por los autónomos, al objeto de avanzar hacia la convergencia de regímenes, algo a lo que el Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas y con una enorme trascendencia al afectar de forma directa a una parte importante de los ingresos de nuestro sistema de pensiones.
Han pasado por tanto ya seis meses desde que se dio inicio a este cambio de paradigma en el modelo de cotización de este importante colectivo, por lo que sería conveniente hacer balance sobre su implantación, máxime si tenemos en cuenta que, a día de hoy, parece que aún son muchos los contribuyentes que tienen dudas sobre su funcionamiento, sobre la cuota a pagar y si esta acabará siendo más baja o más alta que la que abonaban hasta ahora.
Con respecto a la forma de llevar a cabo el cálculo de las nuevas cotizaciones, recordemos la fórmula por la que se optó: en función de su previsión de rendimientos, el trabajador autónomo seleccionará, de entre 15 tramos, la base de cotización provisional sobre la que se calcularán las cuotas a ingresar mes a mes (pudiendo cambiarla hasta seis veces en el año), aunque podrá mantener las bases de 2022 en este ejercicio en el caso de que sean iguales o superiores a las que le correspondería con la nueva norma. A posteriori, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) regularizará anualmente la cotización, previa información por parte de la Administración Tributaria de los rendimientos netos computables. No obstante, se ha establecido un régimen transitorio para el que se han determinado unas tablas de cotización en función de los rendimientos que se obtengan durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025, y, a partir del 1 de enero de 2026 y hasta 2031, se impone la obligación de cotizar por los ingresos reales a través de los diferentes tramos. Pues bien, entre 1 de septiembre y el 31 de octubre 2023 se podrá solicitar el último cambio para reajustar la base del año en curso y, como consecuencia, también la cuota a abonar en este ejercicio.
Sorprende, por tanto, que, a poco más de tres meses del vencimiento de este plazo, el número de trabajadores autónomos que ya han comunicado su previsión de ingresos –y adecuado sus bases– sea tan bajo (según las diferentes fuentes, entre un 15% y un 30% de los 3.300.000 autónomos que aproximadamente hay en España), aunque, curiosamente, muchos de ellos las hayan actualizado al alza.
Bien es cierto que la base de cotización comunicada por los autónomos que lo hayan hecho no deja de ser provisional, al estar realizada en base a sus estimaciones de los rendimientos económicos que prevean tener en el año. La base definitiva se obtendrá tras un proceso de regularización –en función de los rendimientos anuales realmente obtenidos en 2023– que llevará a cabo al año siguiente la Seguridad Social, una vez que la Agencia Tributaria le haya facilitado los rendimientos definitivos que el contribuyente indicó en su declaración de la renta. Entonces, ¿por qué no esperarse a esta regularización si, al fin al cabo, todos habrán de someterse a ella? Pues para evitar sorpresas de última hora, ya que quienes hayan hecho una estimación previa estarán prevenidos para cuando les llegue la liquidación definitiva, al igual que preferimos las retenciones del IRPF ajustadas para no tener que ingresar en la declaración final.
¿Por qué, entonces, se resisten los autónomos a adaptar sus cuotas? Todo apunta al exceso de burocracia, como ponen de manifiesto las quejas que se están produciendo ante el requerimiento de datos que, en algunos casos, ya obran en los registros de la Administración. Para solventar esta cuestión, la Agencia Tributaria informó en el mes de marzo a nuestro Consejo de que estaba negociando un nuevo convenio con la Tesorería “en virtud del cual la AEAT suministraría la información para que sea la TGSS la que calcule la base de cotización definitiva del contribuyente”; pero han pasado ya casi cuatro meses y el convenio parece no estar aún cerrado.
Además, surgen algunas dudas. Hace poco más de un mes, advertimos en estas mismas páginas sobre las dificultades que, por la creciente demanda de servicios, estaban teniendo profesionales y particulares para solicitar atención presencial. En este contexto ¿van a ser capaces la Tesorería y la Agencia Tributaria de regularizar en plazo a más de tres millones de autónomos?, ¿y qué respuesta social va a haber por parte de aquellos autónomos que no se hayan adaptado al nuevo sistema cuando reciban la regularización y, en su caso, tengan que pagar más de lo que lo hacían hasta ahora?
Nos consta el esfuerzo que está realizando la Tesorería General para informar a los afectados de este cambio de modelo, pero, a la vista de los datos, parece no estar dando los frutos esperados, posiblemente porque, con la sucesiva celebración de elecciones, las campañas divulgativas sobre esta cuestión han perdido algo del buen ritmo que tuvieron en sus inicios.
Confiamos en que tras el 23J se incrementen las acciones informativas para intentar que el mayor número posible de autónomos haga sus adaptaciones antes del 31 de octubre y no esperen a ser regularizados. Así se podrá conseguir que este cambio de paradigma, que todavía se halla a medio gas, tome velocidad de crucero, algo muy necesario ya que hablamos de un colectivo al que, por su número y diversidad, conviene prestar una especial atención.
Valentín Pich es presidente del Consejo General de Economistas de España
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