El ritmo de la digitalización no puede frenarse por el 23J
Las empresas aspiran a trabajar por un pacto de Estado en la próxima legislatura que ayude a impulsar el crecimiento del sector
El adelanto de la convocatoria de elecciones generales al próximo 23 de julio coincide con otro importante hito en la agenda política internacional, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea del segundo semestre del año. El calendario electoral no debe impedir que España lidere los debates políticos, sociales y económicos relacionados con la digitalización a nivel comunitario. Y que lo haga, además, con una visión multilateral, que potencie la inversi...
ón e intercambios tecnológicos sólidos con actores globales.
No puede obviarse que España se ha configurado como un importante hub digital, siendo el séptimo país de la UE en el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI), por delante de las grandes economías europeas, como Alemania, Francia o Italia. Además, somos el tercer país de la UE en conectividad y banda ancha. Nuestro ecosistema emprendedor se ha multiplicado por cinco desde 2015: actualmente, España cuenta con más de 450 scaleups y 15 unicornios. Todo ello sumado a que el español es el tercer idioma más usado en internet, y que el valor generado por la economía digital supone un 22,6% del PIB español.
Pero no se trata solo de la relevancia que lo digital ha adquirido en España, sino que nuestro país también ha tenido durante estos años un papel activo en materia de gobernanza, promoviendo iniciativas regulatorias pioneras y conocimiento innovador en las instituciones. Un buen ejemplo es el sandbox regulatorio de la IA o la Ley de Startups.
El vacío de dirección política que abre la convocatoria electoral puede paliarse si se conforma gobierno rápidamente y éste asume la Presidencia del Consejo de la UE con una visión avanzada y directrices claras sobre la digitalización. El propio compromiso de España ante las instituciones europeas debería convertirse en un elemento central a la hora de acelerar la configuración del nuevo gobierno.
Con independencia del signo político del gobierno resultante de estas elecciones, el compromiso con la digitalización y la innovación de nuestro modelo productivo debería de ser inequívoco y abrirse a la búsqueda de acuerdos políticos amplios que permitieran consolidar los avances que, en esta materia, han situado a España en una posición de liderazgo.
Es preciso que lo digital sea concebido como un proyecto país transversal, por encima de intereses partidistas. Lo que está en juego en este proceso de transformación y la posición aventajada de España en algunos de sus ámbitos debería evitar miradas cortoplacistas e intereses particulares. Esto requiere una comprensión de lo digital que desborde su consideración como sector económico y lo conciba como un vector transversal de transformación productiva e institucional que requiere, a su vez, de la preservación del ecosistema que lo favorece.
Todo ello debe ir de la mano de la otra gran línea de transformación colectiva contemporánea: la sostenibilidad. Ambos ejes centran las agendas públicas de la mayor parte de gobiernos europeos y nacionales. La celeridad de los cambios que es preciso promover para consolidar sociedades más digitales y sostenibles es un factor que, sin duda, determinará la posición competitiva de los países en un futuro cercano. También entender cómo hacer que ambos elementos de transformación interactúen y se ayuden.
Es necesaria una regulación pública inteligente donde, inexcusablemente, la ética debe de constituir uno de sus fundamentos regulatorios básicos. Las nuevas tecnologías requieren nuevos paradigmas de ordenación, como la autorregulación y corregulación y aplicar los principios de better regulation. Se trata de la base apropiada para acelerar la innovación en las políticas públicas, incorporando los instrumentos digitales y el tratamiento de datos en su diseño y evaluación. Proponemos también la creación de una oficina de innovación pública y enforcement digital liderada por organismos públicos y entidades privadas.
Esto requiere, a su vez, de una apuesta decidida por la formación y atracción de talento, pero, también, por la mejora de la empleabilidad de aquellas personas trabajadoras que pudieran verse afectadas por la transformación digital. Reforzar los procesos de transición hacia los trabajos del futuro es ya una tarea del presente. España ya cuenta con las fortalezas y características para el desarrollo y atracción de talento, y el talento es un elemento fundamental para que esas fortalezas sigan aumentando.
Además, es preciso consolidar el ecosistema emprendedor digital desarrollando la reciente Ley de Startups situando la escalabilidad de estas y su internacionalización como líneas de acción prioritaria. A ello se suma la necesidad de impulsar nuevos instrumentos de inversión públicos y privados y de crear un ambiente propicio que posibilite el desarrollo de alianzas estratégicas entre empresas y el Gobierno.
Finalmente, aunque la economía digital y del dato es una realidad consolidada en continua expansión, su medición desde las instancias públicas se encuentra muy rezagada. Queda mucho camino para disponer de unas cuentas nacionales que recojan adecuadamente el valor de las múltiples dimensiones de lo digital en nuestra economía, y esperamos que el próximo gobierno lo comience a recorrer. Una correcta medición de la economía digital nos permitirá tener una mejor fotografía de la realidad y permitirá impulsar políticas públicas acordes a la realidad para generar marcos adecuados para favorecer la digitalización.
El gobierno que resulte de estas elecciones tiene ante sí todas estas oportunidades, y desde el ecosistema digital se aspira a trabajar desde un Pacto de Estado para promover la digitalización y el emprendimiento, generando, competitividad empresarial y oportunidades para todas las personas. Para ello, siempre encontrará a todo el ecosistema digital a su disposición.
César Tello es director General de Adigital
