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Para pensar
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¡Innovad, innovad, malditos!

Impulsar la I+D+i en España exige voluntad política para perseguir el objetivo y priorizarlo desde los Gobiernos central y atonómicos

laboratorio
Uno de los laboratorios del Parque Científico de Barcelona (PCB), a 9 de marzo de 2023.David Zorraquino (Europa Press)

El país más rico del mundo necesita duplicar su esfuerzo inversor en I+D+i si queremos que se extienda el equivalente a las estrellas michelín por todo el tejido productivo, reduciendo la elevada cantidad de negocios que se parecen más a pesadilla en la cocina. Al menos, esa es la exigencia que le hace al nuevo Gobierno un elenco destacado de empresas e instituciones reunidas por el catalán FI Group en la reciente presentación del estudio Propuestas para convertir a España en un país referente en innovación.

En mi obsesión por encontrar asuntos que nos unan a los españoles, metas sobre las que estemos todos de acuerdo y, a partir de ahí, podamos forzar a los partidos a llegar a pactos y acuerdos para conseguirlas en defensa del interés general, me parece de especial relevancia que desde el mundo empresarial se propongan propuestas imprescindibles, urgentes y posibles como la que comento: comprometernos en una hoja de ruta que conduzca a pasar del actual 1,4% de inversión en innovación al 3%, antes de terminar la década.

En España, apenas el 32% de las empresas desarrollan actividades de innovación, muy por debajo de la media europea. Además, tanto desde el sector público, como desde el privado, se dedica menos recursos que nuestros socios. Y, además, tenemos un sistema institucional y de incentivos a la innovación manifiestamente mejorable. Por ello, estamos perdiendo puestos en los rankings europeos y, por ello, nuestra productividad sigue sin converger con la eurozona.

Tenemos magníficos ejemplos internacionales de empresas e iniciativas innovadoras, pero son islas que no terminan de configurar un archipiélago. Con alguna excepción, tal vez, en agroalimentario y en automoción. Pero España, como país, no destaca por su intensidad innovadora, está calificada entre los países “innovadores moderados”, a pesar de que un 75% de españoles considera, de forma acertada, que la innovación es positiva para el país en su conjunto (encuesta Cotec 2022).

Durante esta legislatura se han dado importantes pasos adelante en forma de cosas aprobadas y publicadas en el BOE: desde la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, hasta la Estrategia España Nación Emprendedora o la Agenda España Digital 2025. Podemos decir que se ha hecho casi todo lo necesario. Ahora falta lo fundamental: llevarlo a la práctica. Y para ello, en línea con la propuesta empresarial citada, hay que actuar en tres vectores: financiero, institucional y regulatorio. Señalaremos las grandes líneas que, coinciden con lo apuntado por todos los organismos que han analizado nuestro sistema de innovación.

La financiación de un activo como la innovación, con importantes efectos beneficiosos para el colectivo, más allá del impacto sobre la cuenta de resultados privada utiliza dos instrumentos fundamentales: financiación pública directa y bonificaciones fiscales. En ambas, estamos muy por debajo de la media. Pero no bastaría con poner más dinero si, luego, como ocurre ahora, hay una importante infrautilización de esos recursos que no se absorben por problemas administrativos y, sobre todo, porque la decisión sobre que es innovación y que no, a efectos de deducción fiscal, está en manos de los inspectores de hacienda cuyo criterio restrictivo conduce a que más del 60% de los gastos fiscales presupuestados a tal fin, se queden sin ejecutar. Es imprescindible desarrollar un sello de empresa innovadora, otorgado por un organismo experto en analizar innovaciones y con validez fiscal directa.

Para ello, desde el ámbito institucional, parece aconsejable crear una agencia estatal de innovación que, además de otorgar ese sello, tenga como prioridad establecer procedimientos administrativos comunes y compatibles entre estado central y comunidades autónomas (que deben participar en la dirección de la agencia), debidamente simplificados y centralizados en una ventanilla electrónica única.

Igualmente sería necesario concentra esfuerzos diferenciales en sectores de especialización de la innovación en los que España pueda ser líder; impulsar clusters innovadores mediante una especialización inteligente del territorio, así como elaborar una estrategia consistente para estimular la transferencia de conocimiento entre universidades y empresas privadas.

En el ámbito regulatorio, es imprescindible cambiar la ley de contratos para, entre otras cosas, promover, de verdad, la llamada compra pública innovadora; regular las agrupaciones empresariales innovadoras para facilitar la cooperación entre empresas, de forma destacada, entre grandes y pequeñas; hacer posible que los Perte sean canal efectivo para constituir alianzas innovadoras público-privadas.

Nada de esto es desconocido, ni está fuera de nuestras posibilidades y capacidades como país. Nada. ¿Qué falta, pues? Voluntad política para tomárselo en serio y priorizarlo desde la acción de Gobierno: central y autonómicos. O, mejor dicho: exige dejar de entender la política como una pelea permanente entre identidades cada vez más significantes vacíos y volver a pensarla como construcción del interés común y gestión eficaz del mismo, en beneficios de todos.

Tenemos ahora una buena oportunidad: aprovechando lo avanzado en esta legislatura, con el acicate de los fondos europeos Next Generation y con el estímulo y compromiso de las empresas líderes en innovación que están detrás de la iniciativa que he tomado como excusa para este artículo. Tenemos la posibilidad de mostrarnos ambiciosos como país: no conformarnos con ser mediocres en un aspecto esencial de esta sociedad del conocimiento como la innovación y decidirnos a estar entre los líderes en 2030, mediante una estrategia consistente y pactada entre partidos y entre instituciones, con la sociedad civil como garante exigente de su cumplimiento.

Si, además, necesitamos incorporar al mundo laboral a dos millones de parados y queremos mejorar nuestra productividad y renta per cápita, solo podremos hacerlo con un salto en I+D+i como el propuesto. ¿Hay alguien en contra? Entonces, ¿qué lo impide? Manos a la obra…


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