El coste de una licitación pública verde
La reforma de los contratos para reducir el impacto contaminante de la conservación de carreteras es útil, pero encarecerá el coste de las obras y su supervisión
Avanzar en la hoja de ruta hacia una economía limpia en Europa no solo es un reto complejo, sino también multisectorial, e implica tanto al sector público como al privado. Junto a la promulgación de nuevas leyes y reglamentos dirigidos a reducir la huella de carbono en las distintas actividades económicas, los Gobiernos comienzan a incluir criterios medioambientales en la contratación con las empresas y en las licitaciones de obra pública. En ese escenario hay que encuadrar la decisión del Ministerio de Transportes de reformar los contratos para la conservación y explotación de las carreteras, una actividad que moviliza un músculo inversor de unos 1.500 millones de euros anuales, genera una tarta de negocio repartida entre grandes compañías y grupos regionales, y cuya huella de carbono se calcula en 71.650 toneladas de CO2 cada año.
La propuesta de Transportes pasa por obligar a las empresas a incluir en sus propuestas objetivos de neutralización y reducción de la huella de carbono en cada tramo de obra, y a explicar las medidas con las que pretenden alcanzarlos. La idea es que esa exigencia no sea un mero añadido formal en la licitación, sino que se utilice a la hora de valorar las ofertas, obligue a las compañías a elaborar un plan de medidas durante los primeros seis meses del contrato y sirva para fiscalizar la ejecución.
La decisión adoptada por el ministerio de Raquel Sánchez constituye la consecuencia lógica del compromiso de España con los objetivos marcados por Bruselas para avanzar en la descarbonización de la economía europea. Gobiernos e instituciones han fijado un meta final, el año 2050, y unos objetivos intermedios de descarbonización, cuyos principales destinatarios son las empresas y la industria, que deben avanzar hacia unos estándares de saneamiento medioambiental. Pero, si los objetivos no están en cuestión, no ocurre lo mismo con las políticas adoptadas para alcanzarlos, que deben ser útiles, eficaces y proporcionadas en cuanto a la relación entre el coste y el resultado.
Todo apunta a que la reforma de los contratos para reducir el impacto contaminante de la conservación de carreteras, un objetivo impecable desde el punto de vista de la política medioambiental, encarecerá el coste de las obras y su supervisión. Ello abre el interrogante de cuál será el peso de esos criterios limpios en relación, por ejemplo, con el precio de las ofertas. La respuesta a esa pregunta determinará si estamos ante una medida puramente formal o una política efectiva, y en este último caso habrá que valorar cual será la factura para las arcas públicas y para el contribuyente.
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