Transportes puntuará los planes de reducción de emisiones en los concursos de conservación vial
La Dirección General de Carreteras variará los pliegos y las ofertas incluirán el cálculo de la huella de carbono y un objetivo de reducción
El desafío de la descarbonización de la economía va a llevar al Ministerio de Transportes a introducir novedades en los pliegos con los que contrata la conservación y explotación de carreteras.
La actividad mueve unos 1.500 millones al año en inversión, solamente de la Administración Central, y genera actividad entre grandes grupos de infraestructuras y otros de carácter regional. Su huella de carbono se ha estimado en 71.650 toneladas de CO2 al año (una tonelada equivale al volumen de una piscina de 10 metros de ancho, 25 de largo y 2 metros de profundidad).
La intención del Ministerio que lidera Raquel Sánchez es incluir objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono en los pliegos y que las empresas de conservación expresen en sus ofertas cómo alcanzarlos. Es decir, las aspirantes a un contrato deberán incluir el cálculo de la huella de carbono de su actividad en cada tramo de la carretera y las medidas para reducirla.
La Dirección General de Carreteras utilizará esa estimación de los potenciales adjudicatarios entre los criterios de valoración y exigirá a la empresa ganadora que presente un plan en los seis primeros meses de ejecución del contrato, con las medidas que vayan a emprenderse para bajar emisiones o compensarlas. El objetivo final es conseguir la neutralidad en carbono, salvaguardando otras prioridades como son el correcto mantenimiento o la seguridad. Con el contrato ya en marcha, el propio plan será incluido en los criterios de valoración de la actuación de la operadora, como ya sucede con los planes de aseguramiento de la calidad o el plan de gestión medioambiental.
Registro
La citada DGC va a inscribir estas labores de mantenimiento y explotación de la red en el registro habilitado por el Ministerio de Transición Ecológica para recoger los esfuerzos de las organizaciones españolas en calcular y mitigar emisiones de gases de efecto invernadero generadas por su actividad. Se ofrecerá, de este modo, la posibilidad de compensar toda o parte de la huella de carbono a través de la participación en proyectos forestales.
Una actividad de conservación y explotación de carreteras más respetuosa con el medioambiente está relacionada con múltiples factores: el ahorro energético en la iluminación; la reducción de la carga de los vehículos que prestan los distintos servicios; electrificación de flotas; el consumo energético en la extracción de fundentes y producción de la salmuera, o la optimización de rutas en las labores de mantenimiento, entre otros.
Además, el Ministerio incide, a través de sus contratos, en el ajuste de los fundentes en función de las exigencias climáticas e importancia del vial; la adopción de medidas de protección ambiental; el uso de combustibles sostenibles, o una gestión eficiente de los tratamientos preventivos, con el fin de hacer más sostenibles estas actuaciones.
Transportes ya enmendó los pliegos de los contratos de servicio de conservación y explotación de carreteras el pasado verano, cuando ordenó la incorporación de medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio, que iban desde el autoconsumo hasta los sistemas renovables de calefacción y el uso de vehículos ECO o cero emisiones.
Esfuerzo extra frente un déficit de 10.000 millones
Los Presupuestos Generales del Estado para este 2023 incluyeron la cifra histórica de 1.548 millones para la conservación de la red de carreteras del Estado. Se superaban ampliamente los 1.330 millones de 2009, en pleno boom aún de la inversión pública. Con todo, la partida actual está en el 50% de la que destinan países del entorno.
Pese al alza en los presupuestos de inversión, el sector de la carretera habla de un déficit en conservación valorado en cerca de 10.000 millones de euros. La cifra se disparó durante la anterior crisis financiera. Desde la asociación de empresas de conservación ACEX se ha reclamado que la inversión en el conjunto de las comunidades autónomas debería alcanzar los 1.500 millones y los 600 millones en diputaciones provinciales, con el objetivo de asegurar una conservación y mantenimiento adecuado.
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