¿Un alto en el camino hacia las elecciones?
Urge dar un nuevo impulso consensuado a los fondos europeos, pese al clima electoral
La convocatoria de elecciones generales en España para el próximo mes de julio conlleva una serie de implicaciones que, sobre una base jurídica, pueden tener consecuencias para nuestro país en el ámbito económico, donde es particularmente relevante la agenda de inversiones y reformas comprometida con la UE a través del programa Next Generation EU.
Desde una perspectiva jurídica, es importante diferenciar entre el periodo electoral y el periodo en que el Ejecutivo se encuentra en funciones. El periodo electoral es el comprendido entre la fecha de publicación de la convocatoria de las elecciones en el BOE y el día de la votación. Durante este periodo, el Gobierno mantiene la plenitud de sus facultades con algunas salvedades. A consecuencia de la disolución de las Cortes Generales, sus funciones son asumidas por las Diputaciones Permanentes hasta la constitución de las nuevas Cámaras, tras la celebración de las elecciones generales. Estas asumen las funciones de convalidación de los reales decretos leyes, entre otros poderes de las Cámaras, pero no el de control al Gobierno ni tampoco el de tramitación de proyectos de ley.
Tras la celebración de elecciones, el Gobierno cesante entra en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo. De acuerdo con la Ley del Gobierno, este se compone solo del presidente, de los vicepresidentes y de los ministros. Estos son los que continúan en funciones tras su cese.
Durante este periodo en funciones, el Gobierno limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cualesquiera otras medidas.
Concluimos en esta perspectiva jurídica que, si bien la convocatoria de elecciones generales para el próximo mes de julio en España no tendría por qué alterar significativamente hitos relevantes para nuestro país, como la presidencia española del Consejo de la UE prevista para el próximo semestre, sí tendrá efectos sobre la tramitación de leyes en curso, pues estas decaen con la disolución de las Cortes.
Especial trascendencia tiene la paralización de tramitación legislativa en los casos de aquellas normas comprometidas con Bruselas en despliegue de Next Generation EU, como por ejemplo el caso de la Ley de Función Pública, la de movilidad sostenible o la de procedimientos judiciales. La falta de aprobación podría implicar o bien una renuncia del Gobierno a solicitar todos los fondos correspondientes al próximo tramo (el 4º), o bien obligar a la Comisión a retener fondos a causa de dichos incumplimientos. El instrumento del real decreto ley, del que tanto se ha abusado, podría servir para garantizar la vigencia de las normas comprometidas si se alcanzan los consensos necesarios, especialmente oportunos en momentos como el actual, en que están disueltas las Cortes. Ello evitaría el bloqueo de fondos correspondientes al cuarto y quinto pago derivados del decaimiento de las normas en tramitación.
Otra situación anómala derivada de esta convocatoria abrupta de elecciones en el ámbito de Next Generation EU se refiere a la capacidad del Gobierno de remitir a Bruselas la adenda y modificación prevista al plan de recuperación. A falta de datos oficiales nacionales de ejecución finalista de estos fondos, y tras la reciente publicación por la Comisión Europea de datos oficiales que estiman en algo más de 7.000 millones de euros los recursos que tras dos años desde la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia han llegado al tejido productivo, no hay tiempo que perder para darle un nuevo impulso. De acuerdo con esos datos, España habría ejecutado un 10% de los fondos preasignados y menos de un 20% de los 37.000 millones de euros que ya ha transferido la Comisión Europea. Urge por ello un nuevo impulso, revisando los programas de inversión que menos impacto han tenido, incorporando modificaciones en su gestión administrativa para hacerlos más ágiles, nuevas líneas de inversión con mayor impacto y capacidad de absorción y traslación de recursos, e incorporando nuevas reformas con mayor ambición y alineamiento con las recomendaciones específicas para España del semestre europeo. Todo ello nuevamente sobre la base de amplios consensos, bien en el proyecto de adenda o bien en el proceso de evaluación posterior por las instituciones comunitarias.
En definitiva, lejos de un alto en el camino en el despliegue de Next Generation EU, es preciso un nuevo impulso consensuado, pese al contexto electoral en el que nos encontramos. Si bien es cierto, desde una perspectiva jurídica, que el Ejecutivo mantiene plenas sus funciones, desde la perspectiva de economía política supone una anomalía que a las puertas de unas elecciones un Gobierno en minoría comprometa en solitario reformas e inversiones a ejecutar al menos hasta 2026, y cuya financiación será en su mayoría vía deuda a devolver más allá de 2050.
En números redondos, nos jugamos como país 84.000 millones de euros correspondientes a la solicitud de préstamos y casi 10.000 millones de euros adicionales en subvenciones. Nos jugamos mucho en las elecciones. Pero en el ámbito de los fondos europeos, también nos la jugamos en el tránsito desde que se convocan hasta que surten efectos sus resultados. Es momento de altura de miras y priorizar a las próximas generaciones frente a las próximas elecciones.
Juan Pablo Riesgo / Andrés Pereda son profesor de la Universidad Francisco de Vitoria / profesor de la Universidad Nebrija
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