El fraude eléctrico de la marihuana
El cannabis cultivado en España consume el equivalente a la factura eléctrica de Sevilla. La levedad de las penas incentivan el delito
La red de distribución eléctrica se encuentra sometida en ciertos puntos de España a una sobrecarga excesiva de potencia derivada del fraude masivo, normalmente debido al cultivo de marihuana. Ello ocasiona interrupciones de suministro y además supone un alto coste para las empresas del sector, que estiman en 2.000 millones de euros al tener que sobredimensionar las infraestructuras y los recursos, tanto materiales como humanos, para poder neutralizar los efectos de esta actividad. Pero este fraude crea también un grave perjuicio al resto de usuarios, que cumplen con la ley y cuentan con un contrato en regla.
En los tres últimos años se han descubierto en España cerca de 190.000 casos de fraude eléctrico; 150 al día solo en 2022, según datos de Endesa. El cultivo de esta droga demanda luz las 24 horas del día y los 365 días del año, lo que supone un enorme riesgo de sobrecarga de la red, y por tanto de incendio. Aunque las infraestructuras eléctricas disponen de protecciones, como los fusibles, que absorben la sobretensión y evitan males mayores, en algunas de estas zonas donde más se está realizando esta actividad se han llegado a registrar picos de hasta 15 fusibles fundidos diarios en un solo centro de transformación. Si tenemos en cuenta que para cambiar un fusible es necesario esperar a que el centro baje su temperatura para poder manipular, estamos hablando de dos horas de media de trabajo cada vez. Echen ustedes la cuenta.
A la hora de dotar de suministro eléctrico a una determinada zona, la compañía calcula la potencia necesaria para poder garantizar el correcto suministro. Sin embargo, en aquellos lugares donde se están realizando estas actividades ilegales es imposible preverlo y los vecinos deben soportar cortes de luz y además el aumento de sus facturas de electricidad. Solo el año pasado, el incremento anual de la factura eléctrica por este motivo fue de 150 millones de euros.
El fraude eléctrico asociado al cultivo de marihuana es desde 2018 un problema creciente en España, primer productor de Europa, y cada vez resulta más difícil detectar las instalaciones manipuladas. Y la pasividad de la Administración ha propiciado la profesionalización de esta actividad que, más allá del perjuicio social que provoca, está generando una forma de economía sumergida que Hacienda debería perseguir; de hecho, ella debería ser la más interesada en erradicarla. Pero tenemos una legislación muy laxa: el artículo 255 del Código Penal impone una pena de multa de entre tres a doce meses si la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros. Y en caso de que no sea posible conocer la cifra defraudada, la ley establece que la cantidad a facturar corresponderá al 100% de la potencia eléctrica contratada durante seis horas al día en el último año. Con promulgación de la Ley Orgánica 10/1995 se eliminó la pena de prisión, que sí contemplaba la normativa anterior, de 1944. Y a partir de 2015, con el cambio al nuevo Código Penal, el fraude eléctrico se vio afectado por la supresión de las antiguas faltas y la creación de los delitos leves, con lo que el delito de defraudación de suministro eléctrico previsto en el artículo 255 del Código Penal, con independencia del importe de lo defraudado, es considerado siempre como delito leve. Ello implica, entre otras cosas, la implantación de un procedimiento especial y sumario que elimina la fase de instrucción (es decir, no hay investigación), se reduce el periodo de prescripción y además no computa en caso de reincidencia.
En Europa las penas son muy superiores y tienen un carácter disuasorio. Por ejemplo, el Código Penal alemán establece una pena de cárcel de hasta cinco años. En Italia, el fraude eléctrico está equiparado con el delito de hurto, y conlleva una pena de cárcel de seis meses a tres años. En Francia se asimila el fraude en la energía eléctrica al robo, con una pena privativa de libertad de tres años y una multa de 45.000 euros. No es difícil entender que, a día de hoy, las mafias internacionales vean en nuestro país un paraíso para realizar sus actividades clandestinas. La Guardia Civil sabe que a estas redes “les sale a cuenta venir a España a cultivar marihuana porque se ha convertido en una droga muy rentable”.
Los precios de la energía se fijan en los mercados de forma transparente y en libre competencia entre empresas, pero el fraude que se comete con la electricidad a causa del cultivo de marihuana altera el mercado. Así que, mientras no se acometa una reforma legal para endurecer las penas y evitar las reincidencias, se está incentivando esta actividad tan lucrativa. No es de extrañar que en 2021 se incautasen 3,3 millones de plantas frente a los 1,7 millones del año anterior. Para entender mejor la dimensión del problema sólo hay que observar que las plantaciones descubiertas en España consumían 2.200 GWh al año, el equivalente a la electricidad de una ciudad como Sevilla. Y esto lo estamos pagando entre todos.
Cabe preguntarse ¿qué tiene previsto hacer Hacienda al respecto?
Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofín
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