La guerra europea de Meta
La compañía acumula 2.545 millones de euros en multas en la UE
La decisión de las autoridades de protección de datos irlandesas de multar a Meta con 1.500 millones de dólares puede tener muchas lecturas, excepto la de ser una sorpresa. La multa, la más elevada que se ha impuesto en Europa por este motivo, dispara hasta un total de 2.545 millones de euros el montante de sanciones aplicadas por los países de la UE a la compañía. Solo Amazon, castigada en 2021 en Luxemburgo con 746 millones de euros por una violación similar, se acerca a la dureza de la sanción impuesta ahora por Irlanda.
El hecho de que la multa no constituya una sorpresa tiene que ver con dos motivos. El primero de ellos es el conflictivo historial de la compañía en Irlanda, su sede europea. El pasado enero, la Comisión de Protección de Datos (DPC) del país multó con 390 millones a Meta por obligar a los usuarios de Facebook e Instagram a aceptar sus términos de servicio para usar sus redes. Con la actual sanción, el grupo acumula en el país 2.485 millones de euros en multas.
A lo anterior hay que sumar el discurso de la compañía respecto a un tema candente y fuertemente conflictivo entre EEUU y la UE: la regulación sobre la transferencia trasatlántica de datos personales entre ambas jurisdicciones, que es precisamente la cuestión que ha dado lugar a la multa impuesta ahora en Irlanda. En febrero de 2022, en pleno desplome del valor en Bolsa, Meta advertía a la SEC que no podría seguir ofreciendo los productos y servicios de Instagram y Facebook en Europa si no se adoptaba “un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos” entre ambas jurisdicciones.
La necesidad de resolver las diferencias regulatorias entre Europa y EEUU respecto a la transferencia de datos constituye una cuestión pendiente importante, más aún en el marco de una economía digitalizada en la que no existen fronteras. Pero, de momento, la UE no solo cuenta con una normativa que impide ese flujo de información y protege la privacidad de los ciudadanos comunitarios, sino también con el severo respaldo de una jurisprudencia europea que en 2016 falló en contra de un acuerdo en este ámbito negociado por la propia Bruselas con Washington. Una normativa que los jueces comunitarios consideraron insuficiente a la hora de proteger la información personal de los europeos.
El marco legal comunitario es, a día de hoy, sumamente restrictivo respecto al flujo de datos hacia EEUU y Meta lo sabe. Cuestión aparte es que sea necesario repensar esas reglas de juego o incluso reformarlas, algo que está ya sobre la mesa de Bruselas y de Washington, sin que ello deba significar nunca dejar desprotegida la intimidad de los ciudadanos europeos.
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